El ministro presidente Hugo Aguilar defiende autonomía e independencia del Poder Judicial

Este lunes el Poder Judicial de la Federación (PJF) presentó el balance de su primer año bajo la reforma judicial. El discurso oficial destacó el “fin de los privilegios” y la resolución de 88 % de los asuntos, en una jornada marcada por la defensa de la autonomía y la independencia judicial.

Durante el informe realizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el mensaje del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz contrastó con la escena frente a él: en las primeras filas se concentraron figuras vinculadas con el gobierno de Morena y distintos actores de su entorno político.

En primer lugar, acompañando a Aguilar Ortiz —quien en el pasado coordinó consultas para los megaproyectos de López Obrador—, asistió la presidenta Claudia Sheinbaum junto a excolaboradores de Morena que hoy encabezan órganos clave en el PJF.

Entre ellos destacaron Néstor Vargas Solano, exconsejero jurídico de Sheinbaum y actual titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), así como Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y figura cercana al expresidente López Obrador.

División de poderes y la mimetización de la Suprema Corte con el Ejecutivo

El evento comenzó con la llegada a pie de Claudia Sheinbaum, quien caminó desde Palacio Nacional y fue recibida en la escalinata de la SCJN por una comitiva de autoridades judiciales vinculadas a Morena. El protocolo tradicional cedió ante consignas a favor de la mandataria, como gritos de “¡Presidenta!” y “Es un honor estar con Claudia hoy”, recreando un ambiente propio de los informes del Ejecutivo.

Dentro del recinto fueron recibidos de pie y entre aplausos por líderes oficialistas, como el senador Higinio Martínez, recientemente elegido por Morena para presidir la Mesa Directiva del Senado; el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; y la fiscal Ernestina Godoy, excolaboradora cercana de Sheinbaum.

Esta estrecha cercanía entre la cúpula judicial y el partido oficialista tiene un antecedente. Un año atrás, el 1 de septiembre de 2025, antes de rendir protesta ante el Senado, las y los nuevos ministros electos participaron en una “Ceremonia Tradicional de Purificación” y entrega de bastones de mando en el Zócalo de la Ciudad de México, acompañados por gobernadores de Morena y legisladores federales del partido.

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En ese primer acto político-ritual, el ministro Hugo Aguilar Ortiz hizo explícita su adhesión al movimiento gubernamental al señalar: “esta reforma se logró gracias a los aires de cambio, gracias a los esfuerzos de transformación que corren por nuestra patria. De 2001 recordaremos que llegamos a la Constitución después de un levantamiento armado. La reforma de 2024 se logró sin tomar una calle, sin tomar una oficina. Es producto de la transformación profunda que se vive en nuestro país”.

No obstante, a pesar de que los ministros asumieron sus cargos con el respaldo de Morena, la legitimidad de su origen fue duramente cuestionada por partidos de oposición (PAN, PRI y MC) que denunciaron un proceso empañado por comités de evaluación sesgados, una selección de candidatos mediante tómbola y señalamientos sobre el uso de “acordeones”.

El nuevo Poder Judicial frente a la estructura militar y política

El ministro Hugo Aguilar inició su discurso en lengua mixteca para enfatizar una identidad popular e indígena, afirmando que el PJF ahora pertenece al pueblo.

“Kutahavi-ò ndíì ñani, kuaha. Naka vahà ja kakenda-ní vitná navahà konini-ní táká ma tnuhù ndaknani-sá siki tniñú kasahá-sa yahá”. Con esta introducción, cuya traducción es: “Buenos días, hermanas y hermanos. Qué bueno que hoy nos acompañan para escuchar las palabras que compartiré sobre los asuntos que aquí atendemos“, el presidente de la SCJN buscó marcar distancia de la imagen que tenía de la antigua Corte para dar paso a una de origen popular. 

“Hoy, el pueblo también manda en el Poder Judicial, hoy desde el pueblo llegamos al Poder Judicial, hoy el Poder Judicial le pertenece a todos y todas”, afirmó.

Como parte de las evidencias de este “nuevo rostro” pluricultural y de puertas abiertas, Aguilar Ortiz destacó avances institucionales significativos, como la creación de la Defensoría Pública Intercultural con 12 nuevas casas de asesoría jurídica, y las transmisiones de Plural Televisión que ahora incluyen un noticiero conducido íntegramente en lengua zoque, además de contenidos elaborados en chinanteco, o’dam, tseltal, purépecha, totonakú y náhuatl.

Pero esta narrativa de inclusión comunitaria y de “justicia de a pie” contrastó con la imponente presencia militar, encabezada por los secretarios de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como por la élite del poder civil que ocupaba los asientos del recinto.

Mientras el ministro presidente celebraba que la justicia ya no era un reducto de las clases acomodadas, los generales del Ejército, los almirantes de la Marina y los líderes de las bancadas legislativas del oficialismo asentían desde sus lugares preferentes, personificando el peso del aparato estatal sobre la estructura judicial.

Independencia del Poder Judicial: el discurso frente a la realidad

En el bloque central de su discurso, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz abordó de forma directa la cuestión más álgida de la jornada: la independencia del nuevo Poder Judicial frente a las sospechas de cooptación política. Aguilar Ortiz insistió firmemente en que la cercanía política con el Poder Ejecutivo no compromete la soberanía técnica del tribunal.

“Hoy podemos afirmar que el Poder Judicial es independiente de los otros poderes sin que esto implique ser distante, que sigue siendo una instancia técnica y además ha recuperado su sensibilidad y visión humanista; que es autónomo y firme en la defensa de la Constitución, sin dejar de tender puentes de diálogo y entendimiento con todos los sectores del país”, señaló. 

Además, a pesar de que las sesiones colegiadas se siguen realizando de forma privada pese a la reforma judicial, el ministro presidente aseguró que “se acabaron las sesiones privadas en las que se decidían asuntos en la oscuridad. La independencia del Poder Judicial no está en entredicho, se ejerce con firmeza y de cara al pueblo de México”.

Y remató la defensa con un mensaje dirigido a los actores políticos y económicos del país. “Insistimos, el Poder Judicial no atiende encargos, no sigue el pulso de las coyunturas. Ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida en el Poder Judicial. Debemos obediencia a la Constitución y nuestro compromiso es con el Pueblo de México”. 

Crisis por la presidencia y el choque de Lenia Batres

A pesar de los esfuerzos de difusión, la realidad del primer año de la nueva Corte revela una profunda división. A diferencia del frente unificado que se intentó proyectar durante el informe de labores, la Suprema Corte atraviesa por una crisis institucional derivada de contradicciones constitucionales en la reforma de 2024. 

El conflicto central radica en la duración de la presidencia de la SCJN, debido a una contradicción entre el artículo 97 constitucional —que estipula periodos de cuatro años para el presidente electo por el Pleno, lo que extendería el mandato de Hugo Aguilar Ortiz hasta 2029— y el reformado artículo 94 que señala que la presidencia de la Corte debe renovarse cada dos años de forma rotatoria, dando prioridad a la cantidad de votos obtenidos en la elección, lo que pondría fin al cargo de Aguilar en 2027 para dar paso a la ministra Lenia Batres por ser la segunda persona más votada.

Esta incertidumbre jurídica mantiene a la Suprema Corte en una constante lucha interna de poder a la que se suman tensiones, como los señalamientos de la ministra Lenia Batres sobre supuestas animadversiones en su contra por la disputa de la presidencia.

Las contradicciones de la austeridad de la nueva Corte

A pesar de las declaraciones del ministro presidente respecto de la desaparición de los “privilegios históricos”, el anteproyecto de presupuesto aprobado por la Suprema Corte para el ejercicio fiscal de 2027 ha reavivado la controversia sobre la aplicación de la austeridad republicana. 

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La ministra Lenia Batres criticó duramente que el anteproyecto aprobado contemple solicitar un incremento presupuestal del 17.2 % para el año 2027, calificándolo como una opulencia.

El punto más controvertido es la propuesta de restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 servidores públicos de mandos medios y superiores, prestación que Lenia Batres consideró un privilegio prohibido por el Artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. 

Ante los cuestionamientos de la ministra, la Suprema Corte emitió un comunicado defendiendo que el anteproyecto de presupuesto responde a criterios de administración responsable y busca “garantizar que la institución cuente con las condiciones necesarias para operar con eficiencia y cumplir con su mandato constitucional”. El informe del Poder Judicial de la Federación concluyó en medio de porras para la presidenta en las afueras de la Suprema Corte, himnos nacionales y la despedida de Claudia Sheinbaum de los titulares del PJF. 

Así cerró el primer capítulo público de este reformado Poder Judicial de la Federación: un año marcado por la modernización administrativa y el discurso de cara al pueblo, pero que sigue operando bajo la constante sombra de sus vínculos políticos de origen y la inestabilidad de sus disputas de poder internas.