Diego Fernández G. / Madrid · 7 de octubre de 2026
Todo comenzó el miércoles 23 de septiembre, con el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba desde 1956 viviendo en la misma casa de Madrid. Tras la compra del inmueble por parte de la empresa Urbagestion, le subieron el alquiler hasta alcanzar un precio inasumible para ella. Después de tres intentos de desahucio fallidos, Maricarmen fue finalmente desalojada por paramédicos en camilla.
Su caso se convirtió en el símbolo de un problema mucho más amplio: en 2025 tuvieron lugar 24 mil 540 desalojos en España, casi tres de cada cuatro relacionados con el alquiler.
Meses antes del desahucio, la ONU también se había pronunciado sobre el caso. Su relator especial sobre vivienda, Koldo Casla, sostuvo que la jueza debió haber suspendido temporalmente el desalojo para evitar un “daño irreparable”.Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, afirmaba: “esto creó una conmoción en todo el país”.

Dos días después del desalojo, el sábado 26 de septiembre, miles de personas se concentraron en Madrid por la indignación tras el desahucio, pero también para reclamar soluciones a un problema que no había dejado de crecer. El precio de la vivienda, la dificultad para acceder a un alquiler y el rechazo de la compra especulativa de vivienda por parte de los conocidos como ‘fondos buitre’ estaban entre las principales reivindicaciones.
Al terminar la manifestación, cientos de personas decidieron acampar en plena Puerta del Sol. Lo que comenzó como una acampada improvisada fue creciendo durante los días siguientes hasta alcanzar unas 1700 casas de campaña y extenderse a otras ciudades españolas. Mientras tanto, el Gobierno trabajaba “contrarreloj”, según Pedro Sánchez, para llevar al Consejo de ministros un real decreto-ley sobre vivienda.
Dentro de la ciudad improvisada de Sol, comenzaron a aparecer calles, plazas y casas de campaña numeradas, turnos de comida y horarios de limpieza. Adriana lleva varios días durmiendo allí y se ha incorporado a los trabajos de la cocina. Explica que buena parte de la organización es gracias a los voluntarios: “también hay muchas personas con formación como manipuladores de alimentos que ayudan a organizar la cocina, enfermeros que cubren la enfermería y bomberos que conocen las salidas de emergencia”.
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Miguel, de 19 años, llegó a la Puerta del Sol la primera noche. Desde entonces sigue acudiendo cada día a la universidad y al trabajo: “esto nace al terminar la manifestación del sábado como un esfuerzo y un pulso al propio sistema”, explica. Con el paso de los días, dice, el campamento se convirtió en una “pequeña polis dentro de Madrid”. Para él, es también “un ejemplo de cómo una vez las reivindicaciones son las correctas el movimiento desborda al sistema”.
La acampada también abrió un pulso con las instituciones madrileñas. El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida reclamó su desalojo y habló de la presencia de armas, mientras que los organizadores aseguraron que algunos de los objetos señalados eran utensilios de cocina. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de desalojo planteada por la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, Sol sigue convirtiéndose en un punto de encuentro para decidir como seguir articulando la protesta.

El viernes 2 de octubre, un centenar de manifestantes, algunos procedentes de la acampada de Sol, se desplazaron hasta las puertas del Congreso. En el interior, los diputados debatían los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados días antes por el Gobierno. Entre las medidas se incluían protecciones frente a los desahucios, cambios en la renovación de contratos de alquiler y la limitación de operaciones a los fondos buitre.
Pero el Gobierno no tenía asegurados los votos necesarios. Junts, partido independentista de Cataluña, había anunciado su rechazo y su apoyo era clave. Poco antes de la votación, Pedro Sánchez intervino en el hemiciclo y pidió a los diputados que respaldaran las medidas, pero no fue suficiente.
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El primer decreto cayó por 172 votos frente a 178 y el segundo por 166 frente a 184. La derrota evidenció las dificultades del Gobierno para reunir apoyos parlamentarios y sacar así sus medidas adelante. Fuera, los manifestantes seguían la votación desde sus celulares. Hugo, de 39 años, lo resumía así: “Son parches mínimos y encima votan en contra, está claro que no rigen por nuestros derechos”.
A su lado, Pablo, de 27 años, resumía el sentimiento de quienes habían acudido hasta las puertas del Congreso: “estamos más cerca de ser Maricarmen que de ser un fondo buitre”. Además, explicaba: “se trata de estar aquí por el futuro del país y de dar un golpe ya en la mesa porque la vivienda es un derecho y eso tiene que quedarle claro a toda la gente que está allí dentro legislando”.
Mientras tanto, en la Puerta del Sol, los acampados también seguían la votación desde sus celulares. Paula hablaba de “desesperanza absoluta”. “Sabíamos que lo iban a tumbar”, afirmaba. Tiene 31 años y sigue viviendo con sus padres: “veo imposible independizarme de aquí a diez años. Mis hermanas igual, mucha gente que conozco de mi edad y más mayores les pasa lo mismo”.

Un día después de la votación fallida en el Congreso, el sábado 3 de octubre, las calles de Madrid y de más de 50 ciudades españolas volvieron a llenarse para reclamar soluciones al problema de la vivienda y una huelga general para paralizar el país. Javier tiene 80 años y vivió el final de la dictadura y la “ilusión de la democracia”. A pesar de que no tiene problemas con su vivienda, asegura que es: “un ciudadano que mira a su alrededor y se da cuenta de que están creando un mundo invivible y profundamente injusto”.
Natalia, de 30 años, vive con su pareja y tiene trabajo estable, pero aun así no pueden pagar el alquiler y han tenido que volver a la casa de su madre: “Vamos a lucharlo, no pedimos nada mas que cosas dignas que son derechos y que no vamos a renunciar a ellos”, afirmaba.
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Entre la multitud también apareció una pancarta en la que se podía leer: “Bomberos contra los desahucios”. Jesús, de 33 años y bombero de la Comunidad de Madrid, llevaba una camiseta con otro mensaje: “ni cómplices ni ejecutores”. Jesús explicaba que en el 70 % de los casos, los bomberos ni siquiera saben que están yendo a un desahucio, lo que supone un problema a nivel psicológico para los intervinientes y asegura que: “al ser un servicio de emergencia y salvamento en nuestras funciones no debería estar la participación en desahucios ya programados”.

El siguiente capítulo llegó el lunes 5 de octubre. Pedro Sánchez compareció desde el Palacio de la Moncloa y anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
“Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país”, afirmó el Presidente.
El anuncio llegó apenas tres días después de la derrota de los decretos de vivienda y tras meses de dificultades para reunir apoyos parlamentarios. La caída del ya conocido como “Decreto Maricarmen” había vuelto a poner sobre la mesa la dificultad de un Gobierno progresista en minoría. La legislación española permite al presidente del Gobierno proponer la disolución de las Cortes antes de que termine la legislatura, previa deliberación del Consejo de ministros.
Dos semanas después, Maricarmen volverá a su casa tras el acuerdo. La vivienda, que lleva años entre las mayores preocupaciones de los españoles, pasará a ser el eje central de la campaña electoral, y en la Puerta del Sol las casas de campaña no dejarán de crecer.