Uso de uniformes y gafetes: Metro endurece reglas para comerciantes y aplica multas de 23 mil pesos
Dalila Sarabia · 28 de agosto de 2026
Antes de que concluya el 2026, las personas que venden dentro de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México deberán ajustarse a las nuevas disposiciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC); de lo contrario podrían perder sus permisos de trabajo.
De acuerdo con las reglas recién dadas a conocer, deberán portar uniforme; usar gafete de identificación; abstenerse de utilizar tanques de gas u hornos para preparar alimentos; llevar una bitácora de la limpieza de sus espacios al menos dos veces al día; fumigar sus locales, y comprometerse a entregar recibo, comprobante o factura por cada venta que realicen.
El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones generará multas para los comerciantes que irán entre las 50 y mil 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 5 mil 865 y 23 mil 462 pesos.
“Al convivir la actividad comercial que genera beneficios económicos tanto para el organismo como para las personas, resulta indispensable establecer y mantener reglas mínimas de orden y protección civil que aseguren la vida y la integridad de los usuarios (…) dichas disposiciones permiten armonizar el aprovechamiento de los espacios garantizando que la actividad comercial se desarrolle en un marco de responsabilidad y respeto”, señaló el STC en el Reglamento para la Instalación, Operación, Verificación y Seguridad de locales y/o espacios comerciales asignados y/o propiedad del STC, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
La actualización de este reglamento se oficializó luego de que el director del Metro, Adrián Rubalcava, declarara que “el Metro se construyó para ser un sistema de movilidad, no un tianguis”; aseveración que fue criticada por la Colectiva Leonas en Manada, un grupo de 30 mujeres vagoneras que acusaron al funcionario público de “criminalizar la vulnerabilidad económica.”
El Metro no pagará adecuaciones comerciales
Las disposiciones particulares que deberán atender se darán a conocer en breve a través de un manual que publicará la Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables, mismas que deberán ser costeadas en su totalidad por los mismos comerciantes, de acuerdo con lo que detalla el reglamento.
Lee: “Criminalizan la vulnerabilidad económica”: vagoneras rechazan irse del Metro
Es decir, las adecuaciones a los locales, las modificaciones de estructura, la compra de aditamentos e incluso, los uniformes deberán ser pagados por las personas que venden.
“Atender de manera inmediata cualquier cambio de homologación de imagen requerida por el Sistema, obligándose a cubrir los gastos que se generen por la instalación de materiales al interior y exterior del local y/o espacio comercial, de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el presente Reglamento”, se aclara en el artículo 31 del reglamento.
Durante una reunión con medios de comunicación en julio pasado, en la que el director del Metro ofreció un balance de su gestión al frente del STC, Adrián Rubalcava reconoció que el organismo no cuenta con un censo ni con datos fiables sobre cuántos permisos se han otorgado para vender dentro de las instalaciones del Metro ni quiénes son sus titulares.
Además, denunció que algunas de las personas que tienen permisos hacen negocios con ellos: pagan 3 mil pesos al STC, pero los rentan hasta en 30 mil y 50 mil pesos mensuales a personas con necesidad de trabajar.
En el reglamento actualizado se contempla hacer un censo de todos los locales y comerciantes que laboran dentro de las instalaciones del Metro.
Además, el pago de la contraprestación y servicios se deberá realizar durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, y será validado y cotejado por la Subgerencia de Ingresos del organismo.
Entérate: El Metro “no es tianguis”, afirma su director; buscan retirar permisos y demoler locales comerciales
En el reglamento se detalla que en todos los locales y/o espacios comerciales deberá estar pegada —en lugar visible— una copia certificada del permiso de operación, sin tachaduras ni enmendaduras, incluyendo el croquis de ubicación, así como con las cédulas de identificación QR emitidas.
“(Deberán) atender, en el término que no exceda de 3 días hábiles contados a partir de la notificación del requerimiento por parte del Sistema, las indicaciones que éste le realice sobre anomalías observadas que pongan en riesgo, causen molestia al usuario, o dañen las instalaciones del Organismo, cuando se trate de situaciones de protección civil que pongan en riesgo los bienes, la vida o la integridad de las personas, la atención deberá ser inmediata”, se agrega en la publicación.
Respecto de las mercancías se pide a los comerciantes que entreguen “al consumidor factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u operación realizada”.
En caso de que esto no se cumpla se contemplan sanciones que van de las 5 a las 100 UMAs, es decir, entre 586 y 11 mil 731 pesos. La misma sanción se aplicará si los vendedores no portan su uniforme y credencial de identificación.
Si los comerciantes, por ejemplo, hacen uso de tanques de gas o instalan hornos para preparar alimentos dentro de las instalaciones del Metro, las multas alcanzarán los 23 mil 423 pesos.
En caso de que los permisionarios cedan, hipotequen o enajenen la concesión otorgada por el Metro sus permisos serán revocados; la misma medida se contempla si dejan de pagar la contraprestación por más de tres meses.
“Una vez firme la resolución de revocación, la Subgerencia procederá al retiro inmediato de mobiliario, equipamiento o estructuras instaladas o la recuperación del espacio y resguardo con apoyo de las áreas operativas correspondientes”, se detalla en el reglamento.
“En ningún caso la revocación dará lugar al pago de indemnización o compensación alguna al titular del PATR, sin perjuicio de las responsabilidades que le correspondan por daños ocasionados”, se agrega.
Las personas físicas y morales que sean titulares de todos aquellos locales y/o espacios comerciales que actualmente se encuentran funcionando, deberán regularizar su situación —atendiendo las disposiciones del reglamento— a más tardar en 60 días naturales. El incumplimiento traerá como consecuencia la revocación del permiso.