Noé Cruz Serrano · 26 de mayo de 2026
Unos días antes de que las firmas calificadoras Standard and Poor’s y Moody’s revisaran de estable a negativa las perspectivas de la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la calificación de la deuda soberana de México, la petrolera, todavía bajo la dirección de Víctor Rodríguez Padilla, le dio la razón a estas firmas que coincidieron en la problemática que representa que el gobierno federal siga apoyando financieramente a la paraestatal.
En el último reporte financiero correspondiente al primer trimestre de este año, Pemex detalló que el monto de su deuda, incluidos intereses devengados, asciende a 79 mil millones de dólares. Este nivel, según el documento, “podría incrementarse en el corto o mediano plazo, como resultado de nuevas actividades de financiamiento… por lo que, para cumplir con las obligaciones de pago de su deuda, tendría que recurrir y seguir recurriendo a los flujos de efectivo provenientes de sus operaciones, disposiciones de las líneas de crédito, aportaciones de capital por parte del Gobierno Federal y, en su caso, esquemas de financiamiento adicionales (incluyendo el refinanciamiento de la deuda)”.
Fue más allá cuando reconoció que los apoyos que ha recibido hasta el momento resultan insuficientes para sacar adelante a la petrolera: “ni la reducción de la carga fiscal ni los constantes apoyos financieros para fortalecer su posición financiera que el gobierno federal ordenó desde el inicio del sexenio pasado, han sido suficientes para financiar sus gastos operativos y los gastos de inversión para llevar a cabo sus proyectos”.
En la práctica, ese es el reto no solo del nuevo director de Pemex, Juan Carlos Carpio, sino de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante la presentación del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 —en agosto del año pasado— aseguró que “para el 2027 Pemex sale solito, no va a requerir del apoyo de Hacienda”.

Con trayectoria académica y profesional como licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestría en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Carpio inició su carrera en la administración pública en 2007 en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, donde ocupó cargos como subdirector de control de ingresos, director de ingresos, director de operación de fondos y valores, director de concentración y control de fondos, y director general de administración financiera.
En Pemex se desempeñó como director de Finanzas desde octubre de 2024 y, al asumir la dirección general de la petrolera estatal, comentó que estará comprometido con el fortalecimiento de la paraestatal y se enfocará en la soberanía energética de México.
Uno de los principales objetivos del nuevo director de la petrolera estatal es que la empresa regrese a los mercados internacionales de deuda para diversificar sus fuentes de financiamiento, como lo define la hoja de ruta de la estrategia financiera y productiva para la siguiente década, con visión a largo plazo.
La hoja de ruta está avalada por la presidenta Sheinbaum y el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador, quien señaló que la estrategia integral de capitalización y financiamiento de Pemex para el horizonte 2025-2035 resuelve los retos estructurales de la empresa pública: finanzas sanas, operación estable y capacidad renovada para invertir en el desarrollo productivo del país.
Subrayó que, a partir de 2027, con una estructura financiera más sólida y un balance positivo, “Pemex podrá atender sus amortizaciones con recursos propios, sin requerir apoyo adicional para este fin”.
El objetivo central es dotar a la empresa de una posición financiera sólida que le permita financiar su gasto operativo, cumplir con sus obligaciones financieras y mantener su estabilidad en el mediano y largo plazo, de acuerdo con la visión del titular de la SHCP.

No obstante, Juan Carlos Carpio asume el cargo en uno de los momentos más complejos para la empresa, señaló Gonzalo Monroy, analista del sector energético y director de la firma consultora GMEC, pues la paraestatal tiene presiones financieras por su alto endeudamiento (79 mil millones de dólares); rezago en pago a proveedores, pues adeuda otros 375.1 mil millones de pesos; así como la necesidad de estabilizar la producción de crudo en al menos 1 millón 800 mil barriles diarios y elevar la producción de gasolinas y diésel para alcanzar la soberanía energética.
“No es fácil el reto para el nuevo director de Pemex porque todo depende de tener los recursos suficientes; sin ellos no hay finanzas sanas ni un nivel operativo y productivo óptimo”, agregó el especialista.
En conferencia con inversionistas y en documentos enviados tanto a la Bolsa Mexicana de Valores como a la Security Exchange Commission (mercado de valores de Estados Unidos) el pasado 30 de abril, la petrolera estatal detalló que la deuda que tiene es considerablemente significativa y “no se puede asegurar que la empresa siga teniendo acceso a capital en condiciones favorables o en cualquier otro término… lo que podría afectar su situación financiera, los resultados de operación y la capacidad para pagar su deuda por propia cuenta”.
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El riesgo, reconoce la propia empresa, es “perder capacidad para operar como negocio en marcha”.
La pregunta es si Pemex va a cambiar con la renuncia de Rodríguez Padilla a la dirección de Pemex, agregó Monroy.
En entrevista con Animal Político, explicó que Rodríguez Padilla estaba en una posición en donde no podía hacer ningún cambio significativo, lo que representa que la empresa difícilmente podría avanzar en mejorar tanto su situación financiera como operativa.
La llegada de Juan Carlos Carpio a la dirección de Pemex “¿va a resolver algo en Pemex?, no; ¿va a ayudar a que Pemex mejore la producción petrolera?, no; ¿va a mejorar el perfil crediticio de Pemex?, tampoco”, subrayó.

Pemex reconoció ante inversionistas, apenas hace 24 días, que “en caso de que la entidad no pueda obtener financiamiento en condiciones favorables, o en cualquier condición, esto podría limitar su capacidad para inversión en proyectos productivos, así como afectar su capacidad para cumplir con las obligaciones de pagos de principal [abono a capital] e intereses a sus acreedores. Este riesgo aumentaría si se suspende o reduce el apoyo por parte del Gobierno Federal”.
En los documentos que Pemex hizo circular el 30 de abril, sostuvo que hacia adelante podría estar expuesta “a importantes restricciones de liquidez y podría no cubrir su deuda, incumplir en el pago a sus proveedores o no estar en condiciones de hacer las inversiones necesarias para mantener los niveles de producción objetivo, así como para mantener e incrementar las reservas probadas de hidrocarburos asignadas a Pemex por el Gobierno Federal, lo que podría afectar adversamente su situación financiera y sus resultados de operación”.
“Si dichas restricciones persisten, Pemex podría verse forzado a reducir los gastos de inversión planeados e implementar medidas de austeridad adicionales para proporcionar liquidez a sus operaciones. Una reducción en el programa de gastos de inversión podría afectar desfavorablemente su situación financiera y sus resultados de operación”, se lee en los textos oficiales.
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También anticipó que un probable deterioro “en las calificaciones crediticias podría afectar negativamente el acceso a los mercados financieros y el costo de financiamiento… las calificaciones crediticias son importantes para la emisora y su situación financiera, ya que influyen en el costo y los términos en los que se puede obtener financiamiento”.
Y advirtió: “cualquier degradación de este tipo podría dañar significativamente la situación financiera, los resultados de operación y la capacidad de cumplir con las obligaciones existentes de la empresa”.
De hecho, concluyó en los documentos, “no se puede garantizar que Pemex pueda mantener o mejorar sus calificaciones crediticias o perspectivas actuales”.
Trece días después del reporte, Standard and Poor’s redujo la calificación crediticia de Pemex y, cinco días más tarde, Moody’s recortó la calificación de la deuda soberana de México con implicaciones para la petrolera, lo que al final configura el escenario que Pemex advirtió.