Ernesto Ruffo libra prisión preventiva y enfrentará proceso por "huachicol" en su casa

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California procesado por su presunta participación en un esquema de “huachicol fiscal”, enfrentará su proceso judicial en libertad condicional bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Tras realizarse una audiencia de revisión de medidas cautelares, Alejandra Ramírez de la Vega, jueza del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, aceptó modificar la medida cautelar de prisión preventiva que mantenía al exmandatario en un penal de máxima seguridad. 

Por esto, el exgobernador dejará el centro penitenciario para regresar a su domicilio ubicado en Ensenada, Baja California. No le colocaron brazalete electrónico y deberá realizar una videollamada diaria a la Unidad de Medidas Cautelares.

Antecedentes de la medida cautelar y salud del exgobernador

El político de 74 años de edad fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Tres días después, tras una audiencia inicial que se extendió por más de 30 horas, la misma jueza de control le dictó prisión preventiva oficiosa y ordenó su internamiento al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano”, en el Estado de México. 

Desde el momento de su captura y posterior encarcelamiento, la defensa legal y los familiares de Ruffo Appel expresaron preocupación por su estado de salud.  Su equipo legal interpuso recursos de amparo señalando que el exmandatario requiere el suministro constante de medicamentos para controlar su presión arterial, además del uso de una mascarilla de oxígeno para dormir. 

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Las acusaciones de la FGR y el origen del caso

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Ernesto Ruffo Appel de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. 

Según las investigaciones presentadas por la fiscal general Ernestina Godoy, el exgobernador es señalado por la autoridad federal como uno de los líderes de una red de 25 personas vinculada a la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la cual es socio fundador y en la que figuraba como Secretario del Consejo de Administración. 

De acuerdo con los peritajes de la FGR, la organización introducía diésel y gasolina procedentes de refinerías en Texas, Estados Unidos, declarando ante las aduanas únicamente el 10% del volumen real transportado en tanques de ferrocarril o modificando las clasificaciones del producto para no pagar impuestos. 

La FGR calcula que estas operaciones causaron un daño superior a los 4 mil millones de pesos a la hacienda pública por la omisión en el pago del IEPS y del IVA.

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Encuentran evidencias en bodegas

Paralelo al juicio, la FGR informó en agosto la incautación de evidencia relacionada al ex gobernador de Baja California y otras 24 personas más de las cuales 9 ya están detenidas. Estaban guardadas, informó la dependencia, en dos bodegas, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. La fiscal Ernestina Godoy aseguró que las evidencias podrían aportar nuevos elementos a la investigación por la red de contrabando de combustible. 

“El análisis de lo asegurado permitió identificar indicios relevantes sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada”, señaló la funcionaria.

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Apelan a su edad y enfermedad

Esta semana, el Juzgado Segundo de Distrito en Toluca concedió la suspensión dentro del amparo promovido por la defensa de Ruffo Appel contra la negativa de otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria. La defensa señaló que la suspensión fue solicitada en contra de la negativa de conceder a Ruffo Appel la prisión domiciliaria y que la medida judicial está relacionada con su derecho, como persona mayor de 70 años, a enfrentar el proceso desde su domicilio. Además, se argumentó que el político bajacaliforniano tiene enfermedades crónicas.

Tras la resolución judicial de la jueza Ramírez de la Vega, el proceso penal continuará su curso legal mientras el exgobernador permanece bajo resguardo domiciliario en Baja California.