Daniela Martínez Martínez · 27 de julio de 2026
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, es decir, un esquema para importar combustible y evadir el pago de impuestos. La decisión la tomó un juez federal tras una audiencia que se prolongó por más de 24 horas.
Hasta el momento, que haya sido vinculado a proceso no significa que sea culpable, pero sí que el juez consideró que hay indicios suficientes para realizar una investigación formal. Como medida cautelar, Ruffo permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso.
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El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, aseguró que no hay pruebas suficientes para vincular a Ruffo con la presunta red de huachicol fiscal y que es víctima del uso político de las instituciones de justicia por parte del gobierno federal.
“Falso, absolutamente falso. Y la fiscalía pues dio muchísimas pruebas de este caso, muchísimas”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta acusación, en la conferencia mañanera del 27 de julio.
Además, la presidenta recordó que el caso no es solo contra el exgobernador, sino que hay al menos otros ocho detenidos.
Tras la detención de Ruffo Appel el pasado 16 de julio, la FGR informó que él y otras 24 personas operaron una red de contrabando de combustible que evadió miles de millones de pesos y estimó que el daño a la Hacienda Pública es de más de 4 mil millones de pesos.
El 23 de julio la FGR publicó un comunicado en el que se confirma la vinculación a proceso y la prisión preventiva de ocho personas, incluyendo a Ernesto Ruffo.
“La Fiscalía General de la República (FGR) expuso datos de prueba contundentes para obtener la vinculación a proceso en contra de Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N”, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos”, afirma el comunicado.
Explicaron que fueron detenidos por el Gabinete de Seguridad del gobierno de México como resultado de la investigación de un esquema de contrabando de hidrocarburo mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas. Es decir, que se reportaba menos de lo que realmente se transportaba o se declaraba como si fueran otros productos para evadir impuestos.
De acuerdo con el expediente judicial del caso, al que Animal Político tuvo acceso, la presunta red operaba a través de la empresa mexicana Ingemar S.A. de C.V. y se abastecía mediante una amplia cadena de suministro integrada por al menos una decena de compañías energéticas en Estados Unidos.
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La FGR atribuyó a Ruffo “funciones de dirección y administración” dentro de Ingemar S.A. de C.V., empresa de la cual fue fundador y Secretario del Consejo de Administración.
Mientras tanto, Ernesto Ruffo rechaza las acusaciones; su postura es que él solo era un accionista minoritario dedicado a realizar “el papeleo de la aduana”. Su abogado, Fernando Gómez Mont, afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que “no hay una sola prueba” en las 20 mil páginas del expediente en contra del exgobernador.

De acuerdo con El CEO, la red empresarial vinculada a Ernesto Ruffo realizó transacciones por 5 mil 432 millones de pesos a bancos nacionales e internacionales. Las mayores transacciones se dieron entre Ingemar, Crismon Hidrocarburos y Derivados y Mapror Hidrocarburos, todas acusadas por supuesto huachicol fiscal.
En la audiencia en la que el exgobernador panista fue vinculado a proceso, se ordenó su permanencia en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como “Altiplano”, para cumplir con la medida cautelar.
Debido a la gravedad de los delitos que se le imputan —delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos— Ruffo podría enfrentar una pena de entre 32 y 57 años de prisión, en caso de encontrarse culpable.
Por ahora, el proceso continúa. En los próximos meses se definirán las pruebas en juicio y se determinará si la Fiscalía logra acreditar los delitos.
Sobre los otros detenidos, José “N”, Ricardo “N”, Juan “N” y Luis “N” también permanecerán en el Cefereso 1 Altiplano. Guillermo “N” y José María “N” cumplirán la presión preventiva en su domicilio y Adriana “N” en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.