Animal Político · 23 de julio de 2026
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), una jueza determinó además ratificarle la medida de prisión preventiva oficiosa.
La resolución contra el exmandataria estatal se dictó durante la continuación de la audiencia inicial, luego de que la defensa del imputado se acogió en días pasados a la duplicidad del término constitucional.
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Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la jueza ordenó que Ernesto Ruffo permanezca en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como “Altiplano” para cumplir con la medida cautelar.
En cuanto a otras siete personas detenidas, la FGR detalló que Ricardo “N” y José “N” fueron vinculados a proceso por los mismos ilícitos que Ruffo: delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Por su parte, Juan “N” y Luis “N” enfrentarán el proceso por su posible participación en delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” fueron vinculados por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Respecto a las medidas cautelares, la jueza ratificó la prisión preventiva oficiosa para José “N”, Ricardo “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes deberán cumplirla en el Altiplano. En tanto, la autoridad judicial determinó que Guillermo “N” y José María “N” cumplirán la medida en su domicilio, mientras que Adriana “N” fue enviada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
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El pasado 16 de julio, el exgobernador de Baja California y exsenador, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido por autoridades federales por su presunta relación con operaciones de contrabando de combustible.
Ese mismo día, la FGR informó que Ruffo Appel y otras 24 personas operaron una red de contrabando de combustible que evadió miles de millones de pesos y estimó que el daño a la Hacienda Pública es de más de 4 mil millones de pesos.
La fiscal general, Ernestina Godoy, detalló que la organización llevaba a cabo acciones de contrabando de hidrocarburo, introduciendo combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reportaba menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
Tres días después —el 19 de julio — la FGR obtuvo prisión preventiva contra ocho personas, entre ellas el exgobernador de Baja California.
En tanto, el 21 de julio, un juez federal de Baja California admitió a trámite una demanda de amparo promovida por la defensa legal del exmandatario. El recurso se interpuso tras denunciar diversas irregularidades cometidas durante y después de su detención por presunto “huachicol fiscal”.
Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó el miércoles el bloqueo de las cuentas bancarias del exfuncionario. De acuerdo con la investigación de la FGR, el exmandatario tendría dos cuentas en Intercam Grupo Financiero, un fondo de inversión y una cuenta bancaria, además de otra cuenta en BBVA.

A la par, la hija del exgobernador, Verónica Ruffo, acudió a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para solicitar protección y denunciar hostigamiento derivado de la investigación que enfrenta su padre.
El partido Somos México, del que Ruffo Appel es colaborador, publicó que en su calidad de ciudadana norteamericana, Verónica Ruffo pidió apoyo y denunció ser víctima de hostigamiento. Asimismo, consideró que el exgobernador es un preso político del gobierno encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, a quien responsabilizó por la salud e integridad de su papá.
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En medio de la investigación y la vinculación a proceso, su abogado denunció Fernando Gómez Mont, denunció que el exgobernador de Baja California permanece recluido “en condiciones inhumanas” en el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Gómez Mont, exsecretario de Gobernación durante la administración del panista Felipe Calderón, calificó como “un abuso” el nivel de restricción que enfrenta su cliente: “llevar este grado de fuerza innecesaria, de restricción innecesaria, no tiene ningún sentido”, afirmó. Además, adelantó que buscarán por vías legales modificar las condiciones de internamiento.