Cecilia Franco · 4 de septiembre de 2026
En Baja California, dos de cada 10 personas pertenecientes a una comunidad indígena carecen de traductor, lo que dificulta su comunicación al momento de realizar trámites legales e incluso en una emergencia médica.
Al presentar su postura ante los integrantes del Grupo Madrugadores de Tijuana, la diputada local Evelyn Sánchez Sánchez recalcó la necesidad de que todas las dependencias municipales y estatales cuenten con un área que atienda a los indígenas.
Lenguas como el mixteco bajo, mixteco alto, triqui y zapoteco son parte de la vida diaria de miles de familias en Baja California, agregó la diputada local.

Precisó la urgente creación de una Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas.
Además, la legisladora se pronunció por incorporar a traductores e intérpretes de lenguas originarias de Baja California en las fiscalías y tribunales regionales, así como en las distintas áreas de impartición de justicia.
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Ante los activistas, la legisladora aclaró que la ausencia de intérpretes puede tener consecuencias severas cuando se trata de procesos penales. Hay indígenas que enfrentan procedimientos judiciales sin comprender lo básico que afectaría su libertad.
La presencia de intérpretes, agregó la presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado, debe extenderse a los servicios de salud y las autoridades municipales.
Una de las principales problemáticas que presentan las personas de comunidades indígenas, añadió, es la imposibilidad de comunicarse en el sector salud por falta de traductores.

Esta situación provoca que lleguen a negarles la atención e incluso recibir malos tratos por parte de las autoridades, mencionó.
Se pronunció por una obligatoriedad para los partidos políticos de incluir indígenas en candidaturas de elección popular.
La ley general de pueblos indígenas y afromexicanos que impulsa en el Congreso local busca modificar la Constitución de Baja California para que los derechos de estás comunidades dejen de quedar en el olvido de los gobiernos.
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En el Valle de San Quintín, dijo, existen comunidades indígenas de distintas regiones del país y donde la barrera lingüística continúa generando condiciones de desigualdad, por lo cual se han realizado asambleas para que sean los ciudadanos quienes expresen sus necesidades.
“La problemática que se enfrenta (en el Valle de San Quintín) con el sector salud es que cuando nuestras paisanas se enfrentan a una situación médica, uno, los malos tratos que tienen, y otro, que no les entienden y que les dicen: ‘Bueno, pues hasta que te entendamos, te vamos a atender’. Yo creo que eso es inhumano”, señaló.

La diputada mencionó que la fecha límite nacional es el 12 de octubre de 2026 en que la presidenta de la República tiene programado presentar el proyecto constitucional de la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos ante la Cámara de Diputados federal en la Ciudad de México.