Violencia vicaria: denuncian ante la CIDH que agresores usan el sistema judicial contra las madres
Alfredo Maza · 4 de agosto de 2026
“El agresor no elude el sistema de justicia, lo emplea”. Con esta afirmación, madres y organizaciones mexicanas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la falta de protección efectiva contra la violencia vicaria en el país.
Durante su participación en la primera audiencia sobre violencia vicaria convocada por la CIDH en Washington D.C., expusieron que el aparato de justicia se ha convertido en un arma en contra de las mujeres que viven este tipo de abusos.
Nueve de cada 10 madres que integran el Frente Nacional contra la Violencia reportaron haber sido criminalizadas u hostigadas al llevar sus casos ante juzgados o tribunales para intentar recuperar a sus hijas e hijos y en busca de justicia.
La mayoría han sido denunciadas penalmente por sus propios agresores y luego revictimizadas por el sistema judicial. En este contexto, el 57 % han sido acusadas por violencia familiar con el efecto procesal de trasladar la guarda y custodia al denunciante; el 62 % identificó pruebas simuladas y el 71 % reportó violencia institucional.
Los datos reflejan puntualmente lo que engloba el concepto “violencia vicaria”, acuñado en 2012 por la psicóloga clínica y forense argentina Sonia Vaccaro, quien la define como “aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer.”
Gabriela Pablos Saucedo, una de las madres víctimas de esta violencia y que logró llevar su caso ante la CIDH, dijo que “el sistema penal no solo omite proteger a las madres víctimas, sino que opera activamente en su contra.” Durante la audiencia, las organizaciones explicaron que el hecho de que los procedimientos paralelos se multipliquen agota también económica y emocionalmente a las mujeres afectadas.
Agresores usan la ley vicaria para intentar encarcelar a las madres de sus hijos
En el encuentro de este lunes 3 de agosto, titulado “México: situación e impacto de la violencia vicaria“, se analizaron los retos legales y la situación de las víctimas en el país.
Este proceso ante el sistema interamericano, impulsado por organizaciones como la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A. C., permitió que el organismo internacional admitiera los casos de las mexicanas Gabriela Pablos, Elisa Zaldívar, Blanca Paredes y Blanca Estela Cardona.
Durante la audiencia, los colectivos cuestionaron la reforma federal de enero de 2024, pues la violencia vicaria no se tipificó como delito autónomo, sino como un agravante de la violencia familiar.
El problema, de acuerdo con las expertas, radica en que la ley no define claramente quién es el “sujeto activo”; es decir, la persona que comete el delito. Así, al no especificar su naturaleza de género, la ley resulta tan ambigua que está siendo utilizada en contra de las madres a las que debía proteger.
Como prueba de este riesgo, las activistas expusieron que en enero de 2026 una mujer fue vinculada a proceso penal en Coahuila por violencia vicaria, a pesar de que ella mantenía la guarda y custodia legal de sus hijos.
Estado presume ley vicaria; víctimas denuncian que es “letra muerta”
Durante la audiencia en Washington, la delegación del Estado mexicano, representada por Ingrid Gómez Saracibar, titular de la Subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias en la Secretaría de las Mujeres, defendió que la violencia vicaria ya está reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en 29 leyes locales.
Las autoridades también resaltaron los precedentes obligatorios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que exigen juzgar con perspectiva de género e infancias, e incluso la creación de una agencia especializada en la Fiscalía de la Ciudad de México.
No obstante, Gabriela Pablos Saucedo, quien también es vocera de la organización Madres Libertarias, señaló que en la práctica judicial los juzgados de lo familiar no siempre aplican la perspectiva de género ni priorizan el interés superior de la niñez.
“Aunque tenemos Ley Vicaria, realmente es letra muerta. La mayoría de los jueces, en los juzgados de lo familiar, no privilegian los derechos de la familia, de los niños ni de las mujeres, sino de los agresores”, dijo Pablos Saucedo.
Las víctimas también denunciaron que el fenómeno ocurre principalmente dentro del sistema de justicia, debido a la persistencia de sesgos en la resolución de casos de custodia y convivencia.
Más de 11 mil niñas, niños y adolescentes viven violencia vicaria
La posible omisión gubernamental también se refleja en la inexistencia de un registro nacional oficial y unificado que permita conocer la magnitud de la violencia vicaria en el país.
Ante este vacío, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria ha documentado por su cuenta 5 mil 86 casos de mujeres afectadas hasta marzo de 2026, lo que impacta directamente a cerca de 11 mil 100 niñas, niños y adolescentes.
Las integrantes de la organización exigieron que no se considere a las infancias como víctimas colaterales, recordando que “la violencia vicaria implica en sí misma una forma de maltrato infantil”.
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También aseguraron que los daños en los menores son autónomos y muchas veces irreversibles, presentándose cuadros de ansiedad, depresión y exposición a abuso físico y psicológico.
Por ello, solicitaron a la CIDH que recomiende al Estado mexicano la creación urgente de un registro público con metodología homologada, pues no se puede erradicar un problema que las autoridades se niegan a medir.
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Tras la celebración de esta audiencia, el Estado mexicano y los colectivos civiles deberán remitir sus exposiciones, detalladas y por escrito, para enriquecer el monitoreo de la Comisión. Esta documentación servirá como insumo para la elaboración de un reporte regional sobre las barreras en el acceso a la justicia que enfrentan las mujeres y las infancias en América Latina.
En paralelo, las organizaciones que impulsaron la denuncia aguardan que las relatorías de Mujeres y de la Niñez de la CIDH emitan un pronunciamiento conjunto que establezca estándares internacionales claros para combatir este tipo de violencia.