Audiencia en CIDH expone crisis y retos legales de la violencia vicaria
Alfredo Maza · 3 de agosto de 2026
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo la primera audiencia temática dedicada exclusivamente a la violencia vicaria en México. Organizaciones civiles, madres víctimas y representantes del Estado mexicano debatieron sobre el impacto, los desafíos legales y la urgente necesidad de protección para las infancias afectadas.
Durante la comparecencia, las víctimas denunciaron cómo el sistema judicial es instrumentalizado para perpetuar el abuso, mientras que las autoridades presentaron las recientes reformas para combatir esta forma de violencia de género.
Demandas de víctimas y colectivas contra la violencia vicaria
Las organizaciones peticionarias definieron la violencia vicaria como el abuso ejercido sobre hijos e hijas “con el propósito deliberado de herirla a ella y de forma indirecta a la madre”, quien es la víctima principal; sin embargo, colectivas como la Red Solidaria Década contra la Impunidad, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, Mujeres Unidas Jalisco, Madres Libertarias y Justicia para Madres e Infancias advirtieron que este fenómeno presenta una particularidad estructural en el país: el agresor no huye de la justicia, sino que la utiliza mediante denuncias falsas y juicios paralelos.
“El agresor no elude el sistema de justicia, lo emplea” mediante juicios paralelos, denuncias falsas y procesos formales que desgastan emocional y económicamente a las mujeres, señalaron.
A falta de cifras oficiales, las colectivas documentaron cinco mil 086 casos de violencia vicaria en México hasta marzo de 2026, afectando a más de 11 mil 100 menores. Además, señalaron que el 90% de las madres enfrentan procesos penales injustos iniciados por los agresores para arrebatarles la custodia.
Asimismo, evidenciaron un patrón de criminalización, señalando que más del 90% de las madres agrupadas en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria enfrenta denuncias penales impulsadas por los propios agresores, muchas de ellas para arrebatarles la guarda y custodia.
Una crítica central es que la legislación federal de 2024 no considera la violencia vicaria como un delito autónomo, limitándola a un agravante de la violencia familiar, lo que facilita que los agresores eviten penas severas.
“Estamos hablando y estamos frente a una tortura, no solamente para nosotras las mujeres, sino también para nuestros hijos”, dijo Elisa María Zaldívar Barcelata, vocera de la organización Justicia para Madres e Infancias.
Respuesta del Estado a la violencia vicaria
La delegación del Estado, que incluyó a representantes de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), inició su intervención reconociendo el problema y presentando avances institucionales.
Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del derecho a una vida libre de violencias, destacó las modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a códigos civiles y penales, las cuales ya reconocen la violencia vicaria como un tipo específico de violencia de género.
Por su parte, María Leticia Flores, representante de la SCJN, aseguró que el máximo tribunal ha emitido criterios que obligan a los juzgadores a aplicar un “régimen específico de protección para las mujeres y sus hijas e hijos”, validando la constitucionalidad de sancionar esta violencia de forma diferenciada.
También se anunció la próxima implementación de salas especializadas en infancias para evitar su revictimización en los juzgados.
A pesar de los avances, el Estado mexicano, a través de César Villanueva Esquivel, director general de Derechos Humanos y Democracia de la cancillería mexicana, admitió la necesidad de mejoras y se comprometió a “promover la armonización de los tipos penales de violencia vicaria y fortalecer efectivamente la detección, el acompañamiento, la investigación y la sanción”.
Postura de la CIDH ante la impunidad
Aunque la CIDH reconoció los avances legislativos, mostró preocupación por la impunidad. Las comisionadas cuestionaron la falta de sanciones contra jueces y fiscales que permiten la instrumentalización de la justicia.
Por ejemplo, cuestionaron directamente si existen jueces o fiscales sancionados por aplicar la ley de forma errónea o por permitir la instrumentalización de la justicia a favor de los agresores.
Además, solicitaron detalles sobre los protocolos utilizados para evaluar el riesgo de los menores y garantizar que sus testimonios sean escuchados sin prejuicios.
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“El Estado ha descrito con gran detalle la labor de la Secretaría de las Mujeres, pero la violencia vicaria no se produce por falta de servicios de atención; se produce dentro de los juzgados de lo familiar, en las carpetas de investigación”, añadió Tze Rodríguez, integrante de la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad.
La audiencia finalizó con el acuerdo de que ambas partes remitirán información detallada por escrito, lo cual permitirá a la CIDH continuar con su monitoreo y emitir futuros pronunciamientos para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres e infancias en México.