Territorium Life: la empresa con fallas en la UNAM que evaluó a jueces

Territorium Life, empresa que estuvo a cargo del examen de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que contó con irregularidades, también se encargó de la evaluación en línea del ahora extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La empresa, de acuerdo con información obtenida por el El Universal, tomó el control de las evaluaciones en línea del CJF al asegurar que el software con Inteligencia Artificial (IA) que utilizaban detenía actos deshonestos.

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Tres contratos millonarios con el Consejo de la Judicatura Federal

Durante el periodo 2024-2025, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) adjudicó a la empresa Territorium Life al menos tres convenios comerciales que sumaron 50.5 millones de pesos, destinados a auditar y monitorear evaluaciones remotas en procesos de selección de la carrera judicial.

Entre dichos acuerdos destaca el instrumento contractual CON/DGRM/DCS/020/2025, suscrito el año anterior con la Dirección General de Recursos Materiales de la institución. Mediante este pacto de 13.1 millones de pesos, la firma asumió la responsabilidad de vigilar de 28 mil a 70 mil pruebas virtuales aplicadas por la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ).

Pese a prometer un entramado tecnológico de vanguardia enfocado en garantizar la protección de datos, la confidencialidad y el correcto desarrollo de los exámenes a distancia, la compañía ha quedado bajo el escrutinio público.

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Reportes publicados por El Universal señalan que Territorium Life ha acumulado cerca de 218 millones de pesos gracias a una extensa cartera de contrataciones con dependencias del Gobierno Federal, como el Instituto Nacional Electoral (INE), instituciones de educación superior pública y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Las inconsistencias operativas de la proveedora fueron expuestas por el periodista Claudio Ochoa, quien dio a conocer que la firma gestiona además “Saberes MX”, la plataforma de la Secretaría de Educación Pública (SEP) diseñada para la impartición de cursos y expedición de certificados oficiales. En su análisis, el articulista demostró la vulnerabilidad del sistema al obtener acreditaciones institucionales sin haber completado los módulos de capacitación correspondientes.

Antecedentes de Territorium Life en Colombia

Los problemas que han ocurrido en México en relación con la empresa no son nuevos, pues en Colombia, Territorium acumula un historial de severas quejas y sanciones tras prestar servicios de plataformas educativas al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

A finales de 2019 el SENA le adjudicó un contrato de 30 mil millones de pesos colombianos –alrededor de 176 millones de pesos mexicanos– para reemplazar la plataforma Blackboard y atender a cerca de 8 millones de estudiantes. 

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La plataforma debió estar lista el 20 de enero de 2020, pero los retrasos impidieron el inicio de clases de más de 50 mil alumnos y el cumplimiento apenas llegó al 74% en abril de ese año. 

El sindicato SINDESENA denunció en 2021 que Territorium representaba “una estafa” y que el SENA había retrocedido 20 años en educación virtual, con fallas graves como el borrado de preguntas y carpetas de contenido. 

En 2023 también alertó sobre posibles irregularidades en una nueva licitación cuyos pliegos parecían hechos a la medida de la misma empresa, elevando el presupuesto de 30 mil a más de 92 mil millones de pesos colombianos. Pese a todo, Territorium siguió operando en las actividades virtuales del SENA hasta marzo de 2024.

El caso de Territorium Life en la UNAM

Una de las historias más recientes en cuanto a fallos que ha tenido la empresa fue el de la UNAM, derivado del primer examen de admisión en línea para nivel licenciatura aplicable para más de 150 mil aspirantes.

La Máxima Casa de Estudios otorgó un contrato millonario –de entre 40 y 100 millones de pesos– por adjudicación directa a esta empresa para operar la plataforma y vigilar la prueba mediante herramientas de inteligencia artificial, bloqueos informáticos y reconocimiento biométrico. 

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Sin embargo, el proceso presentó inconsistencias, ya que los promedios de aciertos requeridos para ingresar se dispararon de forma atípica respecto a años anteriores, al tiempo que se denunciaron trampas masivas, fallas en la supervisión digital y la filtración o venta de bancos de respuestas en redes sociales.

Ante el descontento de miles de aspirantes y la detección de anomalías, la UNAM inició acciones legales por presunto fraude contra Territorium Life, integró una comisión técnica de investigación y alistó sanciones millonarias contra la compañía por incumplimiento contractual. Además, la institución pausó el proceso regular y programó evaluaciones de control presenciales.