Sin derecho a enfermarse: cuando la salud depende del bolsillo y el tipo de empleo
Eréndira Aquino · 10 de noviembre de 2026
Un déficit de infraestructura, condiciones laborales precarias y un gasto público insuficiente, han profundizado en los últimos 25 años la fractura del sistema de salud en México. La brecha divide a quienes tienen un trabajo formal con acceso a la seguridad social de quienes laboran en la informalidad y se ven en la necesidad de recurrir a instituciones con financiamiento limitado o a poner de su propio bolsillo para consultas, tratamientos y medicamentos.
El informe Salud quebrada: Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México, elaborado conjuntamente por El Colegio de México (Colmex), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), documenta los efectos de la pérdida de cobertura y el incremento de los gastos catastróficos o empobrecedores sobre la población.
Ni las múltiples reformas institucionales que crearon el Seguro Popular, ni su reemplazo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), ni la transición más reciente a IMSS-Bienestar lograron revertir esta tendencia. Sólo entre 2020 y 2024, el número de personas sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 a 44.5 millones, lo que dejó a más de 30 millones sin acceso total en 2024 y empujó a casi 6 millones de hogares a enfrentar gastos empobrecedores.
La investigación parte del diagnóstico estructural de que el sistema público mexicano nació fragmentado y esa fragmentación se ha profundizado a lo largo de las décadas. Actualmente, mientras la población con empleo formal cuenta con la protección de instituciones como el IMSS o el ISSSTE, el resto —más de la mitad de la fuerza laboral que se encuentra en la informalidad— depende de servicios con menor financiamiento y con una cartera de atención limitada.
Como se advierte en la investigación, la fragmentación se traduce en “la coexistencia de diversos esquemas de prestación de servicios de salud para distintos grupos poblacionales financiados por distintos fondos que tienen reglas diferentes de acceso a los recursos y los beneficios en salud”.
Las afectaciones en padecimientos crónicos, oncológicos y maternos
De acuerdo con el documento, los problemas de discontinuidad política, gobernanza errática y falta de planeación financiera que han impedido consolidar un sistema de salud funcional no son meras fallas administrativas: se traducen en afectaciones directas sobre padecimientos crónicos, oncológicos, maternos y de mortalidad general. Para dimensionar esta crisis, los autores centraron su investigación en cuatro ejes prioritarios: la diabetes, el cáncer de mama, la mortalidad materna y las muertes prevenibles (aquellas que pudieron evitarse mediante intervenciones médicas oportunas).
En el terreno de las enfermedades crónicas, la diabetes se mantiene desde el año 2000 como una de las dos principales causas de mortalidad en México. Frente a este reto, el informe expone una paradoja clínica: aunque la mayoría de los pacientes recibe algún tipo de tratamiento farmacológico, solo uno de cada tres logra mantener la enfermedad bajo control. Esta falla en el seguimiento continuo detonó un aumento del 14.8 % en las hospitalizaciones evitables, un indicador que golpea con mayor dureza a las comunidades indígenas y a los municipios con altos índices de marginación.
Por su parte, el cáncer de mama —la principal causa de muerte por tumores malignos en mexicanas desde 2006, con una curva ascendente desde los años 1980— evidencia que la diferencia entre la vida y la muerte no radica en la capacidad técnica de los médicos del sector público, cuyas tasas de supervivencia son equiparables a las de la medicina privada una vez iniciado el tratamiento. El verdadero parteaguas es la oportunidad en el diagnóstico. Mientras que el sector privado detecta la enfermedad a tiempo en el 42.9 % de los casos, en la seguridad social baja al 27.4 %, y se desploma hasta un alarmante 18.1 % entre las mujeres que carecen de toda cobertura médica.
La asimetría pone a las mujeres de menores recursos en mayor riesgo de diagnósticos tardíos en etapas avanzadas, donde los tratamientos son menos efectivos, más invasivos y de alto costo para los hogares. En el sector privado, esta enfermedad se detecta a tiempo en el 42.9 % de los casos; en el IMSS e ISSSTE, la cifra cae al 27.4 %; mientras tanto, en la población sin ningún tipo de cobertura apenas se detecta tempranamente en el 18.1 % de los casos.
Otro aspecto que preocupa a los especialistas es el repunte histórico de la mortalidad materna a partir de 2019 —incluso antes de la crisis sanitaria por el covid-19—, pues pasó de 44.1 muertes por cada 100 mil nacidos vivos en 2018 a 76 en 2021, niveles no observados desde 1990. En este panorama, el análisis subraya que entre 2019 y 2021, durante la pandemia, “la razón de muerte materna fue más alta en población con seguridad social que en aquella sin seguridad social” al alcanzar un máximo histórico de 89.7 muertes por cada 100 mil nacidos vivos en mujeres con seguridad social en 2021. Ello evidencia, tal como se documenta en las presentaciones del informe, “graves fallas operativas, saturación severa y un deterioro de la calidad de la atención obstétrica”.
El lastre de la inequidad en la asignación presupuestal
Uno de los ejes transversales identificados en Salud quebrada es que la parálisis y el deterioro del sistema no responden únicamente a fallas de diseño administrativo, sino a una distribución profundamente inequitativa de los recursos públicos.
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Como se expuso durante la presentación del documento, México destina un gasto público en salud de apenas 2.8 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra se ubica a menos de la mitad del 6 % del PIB recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y posiciona al país muy por debajo de otros pares latinoamericanos como Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Costa Rica. Aunque la propuesta para el presupuesto proyectado hacia 2027 contempla un ligero incremento para alcanzar el 2.9 % del PIB, los autores advierten que mantendrá al país en un déficit financiero estructural incapaz de absorber la demanda real de atención.
La investigación demuestra que este escaso margen presupuestal no solo comprimió las capacidades generales del sistema, sino que se repartió de forma asimétrica, lo que profundizó la brecha entre subsistemas: en el caso del IMSS e ISSSTE, a lo largo del último cuarto de siglo, el gasto público por persona afiliada se ha mantenido de manera consistente por encima del gasto destinado a la población informal.
No obstante, aun con esa mayor asignación, la falta de inversión en infraestructura física y equipamiento terminó por saturar sus capacidades operativas. El resultado nacional es un déficit crítico: México cuenta con tan solo 1.1 camas de hospital por cada mil habitantes, frente al promedio de 2.4 en la región de las Américas y 4.3 en los países de la OCDE.
Al mantener presupuestos tan castigados, las consecuencias inmediatas fueron el desabasto masivo de insumos y medicamentos (en 2023 dejaron de surtirse 7.5 millones de recetas) y la precarización laboral del personal sanitario: el 75.5 % del personal médico y el 67.3 % del personal de enfermería laboran bajo condiciones precarias (contratos temporales, sueldos bajos y falta de prestaciones).
¿Cómo reparar un “sistema quebrado” de salud?
Los datos presentados confirman que la garantía del derecho constitucional a la salud requiere trascender los ciclos políticos y las soluciones meramente administrativas o de credencialización sin sustento presupuestal.
Para reparar las fracturas del sistema y transitar hacia una cobertura universal efectiva y justa, los autores del informe proponen una hoja de ruta con cinco recomendaciones y líneas de acción prioritarias:
Consolidar el IMSS-Bienestar, permitiendo que la institución crezca, se establezca y madure operativamente en las entidades federativas, evitando improvisaciones o nuevos desmantelamientos institucionales, pues ven la consolidación de este modelo como clave no sólo para ampliar la cobertura efectiva y mejorar la calidad del servicio, sino para recuperar la confianza de la población en el sistema público.
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Fortalecer la capacidad preventiva y el diagnóstico temprano, ya que, en enfermedades como el cáncer de mama y la diabetes, reducir los tiempos de diagnóstico en el sector público es el factor determinante para elevar las tasas de supervivencia y prevenir complicaciones de alto costo.
Reconstruir y especializar la cadena de suministro de medicamentos para erradicar el desabasto masivo, garantizando que el acceso a los tratamientos no dependa del gasto de bolsillo ni empuje a los hogares a la pobreza.
Incrementar sustantivamente el gasto público en salud de su nivel actual (2.8 % del PIB) a por lo menos un 3.5 % del PIB para el año 2030, con la meta de alcanzar el 6 % del PIB hacia 2043, en línea con las recomendaciones internacionales.