Andro Aguilar · 7 de agosto de 2026
Tras más de un lustro de lucha, Rosalinda Ávalos logró que se sentencie a 49 años de prisión a Miguel Ángel Mar, la séptima persona implicada en el homicidio de dos de sus hijos. El juez dictó la condena por los asesinatos de Daniela Violette, de 18 años, y Carlos Osiel, de 20, así como por el homicidio en grado de tentativa en contra de Yajaira, la única de sus hijas que sobrevivió al ataque.
El pasado 22 de julio, un Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de San Luis Potosí dictó la pena de 49 años y 8 meses de prisión al determinar que el acusado fue coautor en los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños.
Fueron 20 años de cárcel por cada homicidio consumado, seis años y ocho meses por homicidio en grado de tentativa y tres años por daño a la propiedad. El sentenciado estaba detenido desde el 16 de julio de 2021, cuando ingresó en prisión preventiva, por lo que desde esa fecha comenzó a contarse su condena.

El sentenciado debe pagar también una multa económica y cubrir otra cantidad como reparación del daño a favor de las víctimas indirectas, por concepto de indemnización por fallecimiento y gastos funerarios.
Aunque la persona sentenciada era policía de investigación de San Luis Potosí, las juezas del tribunal lo absolvieron del delito de deslealtad al empleo, cargo o comisión en el servicio público, al determinar que no se acreditaron los elementos constitutivos de dicho ilícito.
Hace casi seis años Rosalinda Ávalos, policía ministerial en San Luis Potosí, descubrió una red de corrupción policiaca en la capital potosina, y en represalia su familia fue atacada.
Era septiembre de 2020 cuando detectó a sus compañeros de la Policía de Investigación a bordo de una camioneta con reporte de robo con violencia, entre quienes se encontraba Miguel Ángel Mar.

El expediente de la causa penal RI/SLP/CP-422/2021 revela una alianza entre elementos de la Policía de Investigación y el crimen organizado. Cuando Rosalinda comenzó a investigar el tráfico de drogas, la red criminal que incluía a policías organizó la agresión en su contra. La investigación mostró que los oficiales coludidos filtraron datos confidenciales, como la ubicación del domicilio y las rutinas de los hijos de Rosalinda Ávalos.
En noviembre de 2020, hombres armados atacaron a sus dos hijas y a su hijo mientras estaban en un vehículo.
Cinco años y ocho meses después, Rosalinda Ávalos relata en entrevista que está un poco cansada de la lucha continua en busca de justicia, aunque un poco más tranquila, tras la sentencia del séptimo de los responsables. “No hay fecha que no se llegue”, dice.
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Desde el inicio del proceso judicial contra las personas responsables del homicidio de sus hijos, se giraron órdenes de aprehensión para nueve personas. Ahora son siete las sentenciadas —en febrero de este año, logró que seis fueran condenadas hasta a 68 años de prisión— y dos más están detenidas. La causa sigue abierta para una decena más de presuntos involucrados.
Rosalinda Ávalos destaca que, de acuerdo con el testimonio de uno de sus compañeros policías, la persona sentenciada redactó una amenaza en contra de ella; sin embargo, no lo puede probar por temor a represalias.
“Él, de todas sus participaciones, redactó el mensaje de amenaza. Obviamente no lo pude acreditar porque el compañero que me lo dijo se negó a declarar, por miedo. Me dijo: ‘pues, mira lo que te hicieron a ti, yo tengo familia. Si lo declaro, ve las consecuencias que puedo tener’”, relata Rosalinda Ávalos.

Durante el juicio, relata, la persona sentenciada confirmó su presencia tanto en el lugar donde fueron asesinados los hijos de Rosalinda, como en otros sitios donde se desarrollaron los eventos señalados.
La lucha de Rosalinda en busca de justicia había pasado casi desapercibida durante cuatro años hasta que en 2025, durante el proceso de la elección judicial denunció en el Congreso de San Luis Potosí que uno de los presuntos implicados en los homicidios buscaba ser elegido para convertirse en juez. A partir de ese día el caso se conoció a nivel nacional.
Ahora, sin embargo, Rosalinda Ávalos enfrenta una demanda por daño moral en su contra, interpuesta por Sabas Santiago Ipiña Ramírez, quien participaba como candidato a juez en la elección judicial.
Como parte de su defensa, Rosalinda Ávalos acreditó haber enviado escritos al Congreso de San Luis Potosí para solicitar al Comité de Evaluación la revisión del perfil del aspirante a juez. También ha integrado al expediente judicial registros de diversas denuncias y procedimientos legales en los que se investigan hechos atribuidos al excandidato.
“Ya contesté a la demanda de daño moral que me presentó el excandidato a juez, incluso, en este juicio, se presentó a declarar a favor de este imputado”, relata.

—¿Qué significa esta séptima sentencia? —se le pregunta.
—Pues lamentablemente las víctimas somos las que tenemos que buscar por sí solas e impulsar el sistema para obtener justicia —responde en la entrevista con Animal Político.
Rosalinda asegura que una persona que fue su asesora le escribió para recordarle que los logros alcanzados hasta este momento son en gran medida resultado de su esfuerzo y perseverancia.
“Me retumbaron esas palabras porque dije ‘cuánta razón tiene’, a la mejor yo no lo había visto de esa manera, hasta que otra persona me lo dijo porque lo ve de fuera (…) La constancia que yo tuve de no dejarlo así. No despegarme, incluso poner en riesgo mi vida y seguir poniendo en riesgo la vida de mi hija por enfrentar a estas personas del cártel al que pertenece el excandidato”, señala la expolicía de investigación.
“Realmente sí es un poco de satisfacción, te lo puedo decir, y tranquilidad, porque valió la pena la lucha (…) No estoy frustrada totalmente, porque al final tengo ya una sentencia, están en la cárcel, están pagando los que nos hicieron daño, pero fue gracias a la constancia incesante que tuve”.