Organizaciones piden prohibición constitucional del fracking tras informe de Comité Científico

A casi cuatro meses de la instalación del Comité Técnico Científico encargado de evaluar la fractura hidráulica, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum recibió las primeras conclusiones de este grupo de especialistas. El informe recomienda explorar el desarrollo de pozos piloto en yacimientos no convencionales dentro de las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos (Coahuila y Nuevo León) y de Burgos (Tamaulipas).

Asimismo, el documento aconseja prohibir esta técnica en la cuenca de Tampico-Misantla (Veracruz y Puebla) debido a la alta densidad demográfica, la biodiversidad de la zona y las necesidades de protección ambiental y social, región donde ya existen antecedentes de explotación mediante este método.

Ante este panorama, la Alianza Mexicana Contra el Fracking, que agrupa a más de 30 organizaciones sociales y ambientales, celebró el reconocimiento de los riesgos en Tampico-Misantla, pero advirtió que la medida es insuficiente. Por ello, exigieron al gobierno federal que esta recomendación se amplíe para decretar una prohibición constitucional y total del fracking en todo el territorio nacional.

Cuestionan enfoque técnico y omisión de la salud pública

En conferencia de prensa, representantes de la sociedad civil criticaron que el análisis del comité se haya limitado a una perspectiva de ingeniería, marginando las dimensiones de salud pública, derechos humanos y economía.

 

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Beatriz Olivera, directora de Energía, Género y Ambiente A. C., señaló que el informe omite por completo los costos económicos y el impacto en la salud de las poblaciones locales. Asimismo, alertó sobre el financiamiento de estos proyectos.

“Lo que no se está diciendo es que, si estos proyectos en el norte del país se realizan, se hagan con capital privado a través de contratos mixtos con empresas estadounidenses, que son las que tienen la mayor experiencia. Esto contradice el discurso de soberanía energética”, destacó Olivera.

Las organizaciones también recriminaron que en la conformación del comité no se incluyó a habitantes de las comunidades potencialmente afectadas ni a especialistas en epidemiología y derechos indígenas.

“Tratar el fracking solo como un asunto técnico es ya una forma de manipular el debate”, señalaron en un comunicado conjunto.

Advertencias sobre la continuidad de los combustibles fósiles

Por su parte, Pablo Montaño, coordinador de Conexiones Climáticas, recordó el compromiso de campaña número 87 asumido por la actual mandataria, en el que prometió no permitir la explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, una postura que —a juicio de los activistas— se contradice con el aval a los pozos piloto en el norte del país.

“La apuesta sigue estando en los combustibles fósiles y en una política de consumo. El fracking va a seguir siendo un negocio extranjero porque quienes tienen esta tecnología son empresas de fuera”, apuntó Montaño.

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Frente a los argumentos del comité sobre el uso de supuestas tecnologías mitigadoras —como agua salobre, reciclaje, espuma de dióxido de carbono y sustancias biodegradables—, la Alianza recordó que diversos sectores científicos advierten sobre riesgos persistentes, como la contaminación de acuíferos, fugas de metano y sismicidad inducida.

Al respecto, la investigación Fracking sin coordenadas públicas, elaborada por la organización CartoCrítica, señala que una implementación a gran escala requeriría más de 25,000 pozos y 1,923 millones de metros cúbicos de agua tan solo para recuperar el 10% de los recursos prospectivos en el país.

Demandas principales de la Alianza Mexicana Contra el Fracking

Ante las conclusiones presentadas por el Comité Científico, la coalición de organizaciones formuló las siguientes exigencias al gobierno federal:

• Prohibición constitucional del fracking en todo el territorio nacional como única garantía para proteger el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.
• Inclusión efectiva e inmediata de las comunidades potencialmente afectadas en cualquier debate sobre el uso de esta técnica.
• Cumplimiento irrestricto de las obligaciones constitucionales del Estado para prevenir, investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos.
• Respeto a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades en su decisión de rechazar el fracking en sus territorios.
• Transparencia y rendición de cuentas sobre las deliberaciones y acciones de este comité ante las instancias correspondientes.