Manuel Díaz, el abogado que defiende en Texas a personas migrantes frente al poder de ICE

El reciente fallecimiento de un migrante más en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) vuelve a poner en la mira la creciente letalidad de las detenciones administrativas en Estados Unidos. 

Lejos de ser un hecho aislado, el deceso se suma a un repunte en las tasas de mortalidad bajo custodia federal en la actual administración del presidente Donald Trump, con un registro de al menos 60 decesos, de los cuales 18 corresponden a personas de origen mexicano.

La víctima mortal más reciente se llamaba Emiliano Andrade-Covarrubias, un contratista de 56 años hallado sin vida en su celda el pasado 17 de octubre, en un centro de detención en Laredo, Texas, donde se encontraba desde junio.

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Previo a su muerte, la familia de Emiliano denunció públicamente que le negaron el acceso a medicamentos críticos para la diabetes e hipertensión que padecía. Con él, suman dos fallecimientos de personas mexicanas en el Centro de Procesamiento Río Grande, operado por la empresa privada Geo Group.

Casos como el de Emiliano Andrade-Covarrubias representan la cara más dramática de un sistema que opera con opacidad y se ensaña con los más vulnerables, y son el motor de la práctica legal cotidiana que llevan a cabo juristas como Manuel Díaz. 

Especializado en la defensa de personas migrantes frente al rigor de ICE, Díaz ha convertido su despacho en una trinchera jurídica desde la cual desafía la discrecionalidad con la que se gestionan los centros de detención. Para el litigante, la pérdida de vidas bajo tutela estatal no es un hecho fortuito, sino la consecuencia directa de una maquinaria judicial y carcelaria que restringe garantías básicas.

Respetar los derechos de migrantes en Estados Unidos, sin importar su nacionalidad

El despacho de Díaz se ubica en Texas, un estado que organizaciones como Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) señalan como un punto crítico de violencia contra personas migrantes, que además alberga algunos de los megacentros de detención más cuestionados del país, como el Centro de Procesamiento Río Grande, el Camp East Montana/Fort Bliss o el Karnes Processing Center.

Originario de la Ciudad de México, Manuel Díaz y su familia se mudaron al Bronx en 1985, luego del terremoto que azotó la capital mexicana. Él tenía entonces cinco años, por lo que desde niño conoció de cerca la dinámica de la frontera. Eso lo llevó a convertirse en un abogado dedicado a la defensa de la comunidad latinoamericana, ahora con un espacio enfocado en asuntos de lesiones, migración, derecho penal y familiar.

De acuerdo con el abogado, muchas personas migrantes desconocen que sus derechos prevalecen aun con la postura actual de las fuerzas de seguridad y jueces en Estados Unidos. “Se mantienen sus derechos constitucionales por el hecho de ser individuos bajo la jurisdicción estadounidense, no necesitas ser ciudadano americano”, subraya Díaz.

“En administraciones previas, incluso en la primera administración de Trump, teníamos retos, pero estábamos acostumbrados a ejercer de tal forma que podíamos contar con que el gobierno respetara sus leyes. Ahora, la diferencia que estamos viendo es que muchas veces desconocen o no les importa apegarse a las reglas; peleamos con un adversario que tiene mucho poder y eso lo hace más difícil, pero de cierta forma nos da un alivio el tener resultados positivos auún en este ambiente”, detalla el defensor.

La esperanza de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos

Este 3 de noviembre son las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en las cuales se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado, además de algunas gubernaturas y legislaturas estatales. El resultado electoral tendrá implicaciones en la supervisión y contrapeso legislativo respecto a las operaciones de control migratorio, los alcances de las deportaciones masivas y el uso de recursos federales.

“Por eso estas elecciones son tan importantes, porque para la comunidad migrante e hispana sería muy favorable que a nivel federal haya un balance de fuerzas entre los demócratas y los republicanos, lo que ayudaría para poner un freno sobre las medidas [migratorias] que se están tomando”, remarca Díaz.

El reto principal, sostiene, “es que todo está muy polarizado y no hay un consenso para tratar de resolver el tema migratorio pasando leyes para legalizar a la gente que ya tiene una vida aquí”, lo cual tendría la oportunidad de avanzar en un escenario político distinto.

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Atención médica, violencia y abuso sexual, principales causas que demandan migrantes

Human Rights Watch y ACLU publicaron un reporte en julio pasado en el que constataron que personas detenidas en Texas “sufrían condiciones de reclusión que en algunos casos equivalían a la desaparición forzada, el trato cruel, degradante e inhumano, al uso excesivo de la fuerza, incluida una ejecución extrajudicial, negligencia que ponía en peligro la vida, obstáculos para obtener representación legal y deportaciones forzadas a terceros países”.

Hasta ahora, el despacho Manuel Díaz Law Firm no ha llevado asuntos relacionados con personas fallecidas bajo custodia federal, pero sí quejas por omisiones en atención médica, falta de administración de fármacos requeridos , reclamos por abuso sexual, acoso y ataques físicos. 

Asimismo, acompañan a personas a las que, para evitar que defiendan su derecho a permanecer en Estados Unidos, les ofrecen una cantidad de dinero más un vuelo para volver a sus países de origen. “Ante lo cual hacemos énfasis con nuestros clientes de que están en todo su derecho de pelear su estancia aquí”, afirma Manuel.

Otros asuntos que llevan son de índole laboral. “Sabemos que ocurren accidentes graves y hay situaciones específicas en las que los dueños de la compañía o los gerentes meten miedo al lesionado para que no se meta en problemas migratorios, lo que es completamente incorrecto; no hemos visto que haya detenidos por un reclamo de este tipo”, explica.

“Tratamos de alentar a la comunidad para que cuando se sientan rechazados, desprotegidos o en desventaja sepan que hay mucho que podemos hacer por ellos ante las medidas que han tomado y que están generando complicaciones para la comunidad hispana que se encuentra frente a un sistema legal desconocido”.

Después de la muerte de Emiliano Andrade-Covarrubias, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum expresó su indignación y anunció que su gobierno interpondría una denuncia penal más en Estados Unidos para exigir que se investigue a fondo este fallecimiento, con el cual suman 58 desde enero de 2025, 18 de personas de origen mexicano. 

“Nosotros estamos en contra de cualquier forma de racismo y más si se trata de nuestros compatriotas en Estados Unidos; en el gobierno de México, en la presidenta, siempre van a tener una aliada, nosotros cuidamos a los mexicanos en el exterior”, reafirmó Sheinbaum el pasado 19 de octubre. 

Las otras denuncias se presentaron en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas, y la mayoría continúa en evaluación.