Juicio de amparo, la tabla de salvación de migrantes para acceder al asilo en México
Eréndira Aquino e Israel Fuguemann · 28 de octubre de 2026
La legislación mexicana establece un plazo de mes y medio para resolver las solicitudes de asilo, pero en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) el tiempo se congela por años. Atrapadas en un colapso institucional que ahoga sus derechos y proyectos de vida, las personas solicitantes encuentran en el litigio su única tabla de salvación; recurrir masivamente a los juicios de amparo se ha convertido en la vía para obligar al Estado mexicano a mover los expedientes que la burocracia mantiene sepultados.
Desde la Ciudad de México, la abogada Ela Janeth Valentín Jackson lidia todos los días con esta parálisis. Como encargada de la clínica legal de la organización Al Otro Lado, ha impulsado un centenar de juicios de amparo contra la Comar en tan solo un año; una estrategia jurídica reactiva que se volvió urgente tras el cierre de fronteras en Estados Unidos y el fin del programa CBP One impulsado tras el retorno de Donald Trump a la presidencia.
Si bien el flujo migratorio hacia México ha descendido en comparación con 2023 —año récord en el que se registraron 141 mil 806 solicitudes—, Jackson enfatiza que “la situación sigue siendo muy complicada”. Pese a ello, la vía judicial ha rendido frutos: de las más de 540 personas acompañadas por Al Otro Lado en la Ciudad de México, la mayoría ya obtuvo la condición de refugiado. Quienes aún aguardan la resolución definitiva, lograron al menos una suspensión definitiva que les otorga documentos temporales para blindarse contra detenciones migratorias y acceder a servicios básicos como salud y educación.
El cuello de botella de la institución se revela al revisar las cifras: entre enero de 2019 y agosto de 2026, la Comar recibió 690 mil 542 solicitudes de refugio, pero sólo emitió 113 mil 550 resoluciones. Es decir, apenas el 16.44 % de los casos obtuvo una respuesta formal, según datos vertidos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Cuestionada sobre este rezago masivo, la Secretaría de Gobernación —dependencia de la que depende directamente la Comar— no ofreció ninguna respuesta formal hasta el momento de la publicación de este reportaje.
Desinformación y barreras lingüísticas: el reto de atender decenas de nacionalidades
La crisis operativa repercute directamente en las organizaciones civiles. Actualmente, la demanda de servicios en la clínica legal de Al Otro Lado en la Ciudad de México ha rebasado su capacidad de atención. Sin embargo, la organización sostiene que “el juicio de amparo continúa siendo el mecanismo de defensa legal que protege a las personas que buscan la protección federal para el derecho de acceso al asilo, que se estipula en el artículo 11 constitucional”.
A la saturación legal se suma un obstáculo crítico: la vulnerabilidad de las propias personas solicitantes. La abogada Ela Janeth Valentín Jackson lamenta que la mayoría desconoce tanto sus derechos fundamentales, como la existencia de redes de apoyo humanitario o vive con el temor constante de caer en manos de estafadores que se ostentan como abogados, les cobran tarifas exorbitantes y luego desaparecen.
“No hay información, lo que dificulta que las personas obtengan ayuda, y muchas veces sufren algún tipo de extorsión o simplemente pagan por un servicio del que no vuelven a saber, como ocurrió con una persona de Libia que no habla español, y con un inglés muy escueto me dijo que pagó a un abogado por tres años y no hizo nada. A ese tipo de situaciones nos enfrentamos día a día y tratamos de buscar medios para que las personas puedan obtener información clara y oportuna”, detalla.
El escenario se vuelve aún más complejo cuando entran en juego las barreras del idioma, pues la gestión requiere intérpretes especializados para múltiples dialectos y lenguas. Tan solo en Al Otro Lado, 1,675 personas atendidas por la clínica legal en la Ciudad de México —el 70 % del total— no hablan español.
De acuerdo con los registros de la Comar, entre 2019 y agosto de 2026, la mayor parte de los solicitantes proviene de diez países principales: Honduras (192 mil 209), Haití (154 mil 723), Cuba (123 mil 846), Venezuela (63 mil 427), El Salvador (40 mil 744), Guatemala (28 mil 88), Nicaragua (17 mil 998), Chile (13 mil 891), Colombia (13 mil 038) y Brasil (11 mil 849).
A este bloque le siguen las peticiones tramitadas por migrantes de Ecuador (5 mil 463), Angola (3 mil 33), Afganistán (2 mil 554), República Dominicana (2 mil 554), Senegal (1,579), Perú (1,531), República Democrática del Congo (1,479), Camerún (1,127), Ghana (1,103) y Argentina (871).
Dentro de este universo de vulnerabilidad, 6 mil 308 solicitudes corresponden a niños, niñas y adolescentes no acompañados, procedentes en su mayoría de Honduras, Haití, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Ghana. De todos estos expedientes infantiles tramitados entre 2019 y 2026, solo el 56 % logró obtener una resolución.
Amparo contra “preregistro” de la COMAR llegó a la Corte, pero fue rechazado
El laberinto burocrático no solo abarca los tiempos de espera, sino los mecanismos de acceso. En septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la atracción del amparo colectivo 890/2026, promovido por la organización Sin Fronteras. La demanda buscaba invalidar el “prerregistro” implementado por la Comar, al considerar que actúa como un filtro arbitrario que “limita el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de personas refugiadas” y quebranta abiertamente el plazo legal de 45 días.
José Antonio Dionisio Arellano, subcoordinador del área legal de Sin Fronteras, explica que estos amparos colectivos atacan la raíz del prerregistro porque, si bien se otorga un folio inicial, “no es una garantía de que las personas puedan continuar con el procedimiento o que obtengan la condición de refugio”, sumado a que es una figura inexistente en la legislación marco. En el caso particular desechado por la SCJN, el recurso amparaba directamente a 14 personas.
El trasfondo judicial derivó de un amparo previo en el que se concedió una suspensión que obligaba a la Comar a abrir trámite a estos 14 solicitantes. No obstante, el defensor recrimina que aunque las autoridades atendieron la orden, “nunca hubo una manifestación expresa sobre el prerregistro, porque las violaciones constitucionales no se agotan con que la persona esté en el trámite, pues hubo una violación por meses a su solicitud”.
Ante esta omisión, Sin Fronteras promovió un recurso de revisión que llegó a un tribunal colegiado. Al ser turnado a un magistrado ponente, la organización solicitó formalmente a la SCJN hacer uso de su facultad de atracción. Aunque dentro del Máximo Tribunal el ministro Irving Espinosa Betanzos asumió el proyecto y lo sometió a votación del pleno, la mayoría votó en contra de atraerlo; una decisión que Arellano considera “un retroceso y un afianzamiento de una política de carácter migratorio lesivo para la población en contexto de movilidad y para la seguridad jurídica de aquellas personas en una situación delicada por su condición migratoria”.
A pesar del desdén mostrado por la SCJN, la organización no da por perdida la batalla y confía en que se estudie el fondo del asunto, ahora que el expediente regresó al tribunal colegiado de origen para determinar si existieron violaciones sustanciales.
Mientras tanto, los defensores advierten que la inacción de la SCJN sienta un peligroso precedente: “da pie para establecer cualquier regla de carácter arbitrario para hacer una solicitud de refugio”, convirtiendo en regla que “la ruta para acceder a derechos dentro del sistema mexicano en temas de carácter migratorio sea mediante litigio, ya no con un procedimiento administrativo liso y llano”.
Tapachula, la sala de espera indefinida aún con amparos
La efectividad del litigio varía según la geografía. Aunque los defensores confirman que el retraso de 45 días se replica en todo el país, Ela Janeth Valentín Jackson puntualiza que la crisis en la Ciudad de México no alcanza la gravedad del extremo sur del territorio nacional, donde incluso los mandatos de los jueces resultan insuficientes para destrabar las agendas oficiales.
Desde Tapachula, la frontera crítica del rezago, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denuncia que ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni el Poder Judicial han logrado frenar el colapso. La organización atiende semanalmente a unas 200 personas desesperadas por la falta de respuesta institucional.
Incluso cuando se ganan litigios ante tribunales, la respuesta de la autoridad roza el absurdo: “en su mayoría nos han contestado que la Comar tiene que brindar la cita para la entrevista, pero se las están dando a los solicitantes hasta marzo o mayo del 2027, aunque son personas que ya tienen meses o años esperando”.
Además del colapso burocrático, la organización advierte sobre un entramado institucional diseñado para desgastar física, económica y emocionalmente a quienes buscan refugio. El sistema de control obliga a los solicitantes a firmar periódicamente, bajo la amenaza constante de perder definitivamente su trámite por una falla en el sistema informático o incluso por una falta justificada, después de meses o años de espera.
En un contexto de extorsiones, explotación, precariedad laboral e insuficiencia de traductores para atender decenas de nacionalidades, el desgaste es tan severo que la salud mental de la población en movilidad se deteriora gravemente, provocando crisis de disociación y un estado de zozobra permanente. Para los defensores del Fray Matías, este escenario deja en evidencia un desmantelamiento progresivo del sistema de protección en México, donde el derecho al asilo ha sido desplazado por un enfoque de contención y seguridad nacional que margina e invisibiliza a la población en movilidad.