Israel Fuguemann · 11 de noviembre de 2026
Bajo la sombra de un árbol, frente a los accesos de la Cámara de Diputados, Roberto Guevara Maldonado sostiene su sombrero mientras espera noticias. A unos metros, los alrededores de San Lázaro se han transformado en una comida comunitaria de la sierra: grandes ollas traídas desde Guerrero humean al centro mientras unas decenas de personas descansan sentadas sobre cubetas, bancos o directamente en el suelo.
En medio del ruido, de vendedores ambulantes que siempre saben lo que necesitan los manifestantes, las conversaciones fluyen en Tu’un Savi, la lengua mixteca que comparten estas comunidades. Los pobladores deliberan en pequeños grupos, reproduciendo a cientos de kilómetros de casa la asamblea comunitaria con la que toman sus decisiones colectivas.
Para llegar hasta aquí, cerca de 500 habitantes de Metlatónoc y Cochoapa el Grande —dos de los municipios más pobres del país, ubicados en Guerrero—, abordaron 15 autobuses la noche del domingo 8 de noviembre. Fueron 12 horas de trayecto: ocho de carretera desde la capital hasta Tlapa de Comonfort y otras cuatro internándose por los caminos destrozados de la Montaña de Guerrero.

La exigencia que los trajo a la capital es la reconstrucción integral del corredor carretero Tlapa-Metlatónoc-Tlacoachistlahuaca, una vía de 173 kilómetros (de los cuales 83 conectan directamente a Tlapa con Metlatónoc) que enlaza a siete municipios de la Montaña y la Costa Chica.
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Roberto Guevara, presidente del comité gestor elegido por el pueblo el pasado 19 de julio, explica que la ruta se construyó hace más de dos décadas y jamás recibió mantenimiento formal. Durante las lluvias, los deslaves y lodazales vuelven intransitables varios tramos. “Esta carretera no es un lujo para la montaña, es una necesidad”, resume Celso Guevara, también integrante del comité.
El deterioro del camino tiene costos humanos directos. Al carecer de hospitales equipados y medicinas en sus localidades, los enfermos deben ser trasladados de urgencia hasta Tlapa en un viaje que supera las tres horas. Según relata Roberto, hay niños con padecimientos agudos que no alcanzan a llegar con vida al hospital y mujeres embarazadas que terminan dando a luz en plena terracería. A esto se suma el encarecimiento de la canasta básica y del transporte público para los comerciantes y estudiantes que intentan salir de la sierra.
Esta precariedad vial golpea a la región más marginada del país. De acuerdo con las últimas mediciones municipales disponibles del extinto Coneval (2020), 97.7 % de la población de Metlatónoc vivía en situación de pobreza y 67.8 %, en pobreza extrema. En el vecino Cochoapa el Grande, la pobreza alcanzaba al 99.4 % de sus habitantes, con 84.2 % en pobreza extrema.
“Muchas veces, por el simple hecho de ser indígenas, las autoridades no nos ponen atención. Ahora se está haciendo notar que la fuerza del pueblo se está levantando”, afirma Celso, quien detalla que las 170 comunidades de Metlatónoc se organizan bajo sistemas normativos de usos y costumbres a través de sus comisarios y delegados.

Antes de viajar a la Ciudad de México, el comité acudió en repetidas ocasiones a Chilpancingo para buscar soluciones con funcionarios del gobierno estatal que encabeza Evelyn Salgado y con la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG). “No hubo avance en nuestro estado”, sentencia Roberto.
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Ante el silencio en su estado, decidieron hacer llegar más lejos su protesta. El pasado lunes 9 de noviembre se plantaron frente a Palacio Nacional y, al día siguiente, trasladaron la movilización a San Lázaro, justo cuando el pleno discutía las reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027. La noche previa, los diputados habían aprobado en lo general un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos (un aumento real de 1.3 % respecto a 2026), y los pobladores buscaban asegurar una cantidad de ese dinero para su carretera.
Sin embargo, en las mesas de diálogo con el gobierno federal encontraron cifras dispares y muy lejanas a lo que requiere la obra. Ingenieros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ya recorrieron la vía y calcularon que la reconstrucción total cuesta 700 millones de pesos.
A pesar de ese diagnóstico técnico, los representantes recibieron montos distintos según la ventanilla. Roberto relató que en una mesa tensa con funcionarios de la CICAEG y la SICT federal apenas se pusieron sobre la mesa aportaciones de 10 y 20 millones de pesos. “Hay una minuta, pero no satisface la necesidad”, dijo. Por su parte, Celso explicó que en otra reunión con la Secretaría de Gobernación les plantearon una bolsa preliminar cercana a los 190 millones de pesos, un monto sin aprobación definitiva que, según sus cálculos, apenas alcanzaría para rehabilitar unos dos kilómetros en 2026 y entre seis y ocho kilómetros en 2027.
En la Cámara de Diputados fueron atendidos por el legislador federal de su distrito, Gerardo Olivares Mejía, quien prometió interceder en la discusión presupuestal para intentar ampliar los recursos. “No es lo mismo que hablen por nosotros a que el mismo pueblo hable”, defendió Celso sobre la presencia masiva en San Lázaro.

Tras escuchar el reporte de sus representantes en la asamblea improvisada afuera del recinto legislativo, los habitantes acordaron emprender el regreso a Guerrero sin aceptar las cifras preliminares ofrecidas por las dependencias federales.
Mientras recogían las ollas y comenzaban a abordar nuevamente los 15 autobuses rumbo a la sierra guerrerense, el comité dejó fijado un ultimátum con fecha exacta: regresarán a la Cámara de Diputados el próximo 19 de noviembre.
Celso Guevara advirtió que el tamaño de esa próxima movilización dependerá exclusivamente de la respuesta presupuestal que obtengan en los próximos días. Si los diputados cumplen y etiquetan los recursos necesarios, volverá únicamente una comisión de representantes para dar seguimiento; de lo contrario, advirtió, bajarán nuevamente de la Montaña entre 2 mil y 5 mil habitantes para instalarse en la capital.
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