Caso Wallace: Brenda Quevedo dará un mensaje a medios, sin resguardo ni brazalete
Animal Político · 8 de agosto de 2026
Brenda Quevedo, una de las acusadas por Isabel Miranda de Wallace en el caso del supuesto secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace en julio de 2005, continuará su proceso penal en libertad y este lunes ofrecerá una conferencia de prensa, ya sin arraigo domiciliario ni el brazalete electrónico que usaba desde hace más de un año.
“Continuará su proceso penal en libertad tras 18 años de juicio sin sentencia”, escribió la Red de Apoyo por Brenda Quevedo en redes sociales, luego de que el primer juzgado de distrito en materia penal en la Ciudad de México —tras una audiencia de 12 horas—, ordenara cambios en las medidas cautelares.
De acuerdo a la convocatoria, la conferencia de prensa en la que Quevedo compartirá su testimonio, tiene el objetivo de “explicar los detalles y razonamientos” de las modificaciones ordenadas por el juez.
“Entre las cosas importantes que hay que leer está el tema de cuidados. Mucha de la estrategia que utilizamos y que, particularmente, la abogada Karla Micheel Salas diseñó, se enfocó en la necesidad de cuidados que hay en el entorno familiar y comunitario de Brenda para entender que una medida así de restrictiva impacta, después de 20 años”, explicó CEA Justicia Social a Animal Político.
CEA Justicia Social es una de las organizaciones que desde junio de 2026 conforma la representación jurídica de Quevedo junto a la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla, la Clínica de Litigio Penal en Contra de Violaciones Graves a Derechos Humanos del ITAM, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Perteneces y la Red de Abogadas Digna Ochoa.
“Una madre de más de 72 y un padre en una situación médica muy seria, implican responsabilidades de cuidados para Brenda que no podía cubrir con estas medidas, la idea era mostrar el impacto y eso afortunadamente fue tomado en cuenta por el juez”, detalló la organización de la Red de Solidaridad y Acompañamiento para Brenda Quevedo.
Como parte de la estrategia legal, se presentaron “44 medios de prueba y fue muy importante que el juez decidirá quitar las medidas; no quitó todas: de las 5 que tenía mantuvo tres: no salir del país; que no se acerque a la víctima indirecta y el que tenga que ir a firmar cada 4 meses”.
En un video subido por la red, dijo que estaba feliz, pues después de tantos años de luchar y de que siempre sus familiares creyeron en ella.
“Yo me acordaba de todos los años, ¿no? Que siempre me decía: ‘vas a ver que sí’. Yo llegué a perder un poco la fe después de muchos años; decía: ‘me enfrento a un monstruo de un sistema gente con dinero, gente con influencias’. Y no sé, ahora es como, o sea, ver esa reivindicación, ¿no? De la vida, o sea, siempre veía la contraparte con sus ruedas de prensa, con todo su equipo de defensa de abogados y eso. Y yo pues siempre me decía: ‘¿Cuándo, no?’, recordó Quevedo.
Suspenden a juez tras irregularidades en el caso
El pasado 24 de julio, el Tribunal de Disciplina Judicial ordenó la suspensión temporal del juez Carlos Alberto Rico Mondragón, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, tras acreditar irregularidades en el manejo del caso de Brenda Quevedo Cruz, quien enfrenta un proceso penal desde hace casi 19 años en medio de denuncias documentadas de tortura y fabricación de culpabilidad por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.
La decisión se da luego de que la defensa de Quevedo —articulada por la clínica de litigio penal del ITAM, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, la red de abogadas Digno Ochoa y la clínica de la Ibero Puebla— denunciara sistemáticamente la negativa del magistrado para garantizar atención médica urgente y permisos de carácter humanitario.
Actuación omisa de juez
El abogado Alan Piñón, coordinador de la clínica de litigio penal del ITAM e integrante de la red de solidaridad que acompaña el caso, explicó que la suspensión del juez responde a la actuación omisa y contraria a la ley frente a situaciones críticas de salud y derechos humanos de Brenda.
“El juez conoce de su causa, pero no ha facilitado los permisos para la atención médica desde esa ocasión… En un evento particular no autorizó su sanidad para la atención médica urgente, remitiéndola a un hospital general del sector público donde las citas de especialidad le fueron dadas hasta marzo de 2027”, detalló Alan Piñón sobre el cuadro hemorrágico por miomas que Brenda padeció en febrero de 2024 derivado de las secuelas de tortura.
Piñón también señaló la indolencia del juzgador ante una solicitud de carácter humanitario presentada recientemente por el delicado estado de salud del padre de Brenda. Debido a la falta de celeridad del juez Rico Mondragón, el permiso no se tramitó a tiempo, lo que impidió que Brenda pudiera despedirse de su padre en estado consciente antes de ser intubado.
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En contraste, la red de solidaridad documentó un trato profundamente diferenciado en el Juzgado Primero de Distrito: mientras a Brenda Quevedo se le negaban sistemáticamente audiencias y permisos urgentes, el mismo juez concedió suspensiones de manera sumisa y exprés —el mismo día de la solicitud— en expedientes de alto perfil como el de Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados.
Defensa buscó cambio de medidas cautelares rumbo a la absolución
Para la defensa, la suspensión de Carlos Alberto Rico Mondragón —quien ya enfrenta una investigación preliminar por parte del órgano de disciplina judicial— abre una ventana indispensable para modificar las condiciones de su reclusión domiciliaria, las cuales han representado una barrera física para su atención médica.
“La ley marca que, una vez presentada la solicitud de revisión de medidas cautelares, el juzgado tiene 48 horas para convocar a audiencia. Algo que ha sucedido con este juez es que nunca convocaba… Ahora, con el nuevo titular designado conforme a la ley, volveremos a solicitarlo y la próxima semana estaremos teniendo audiencia para revisar el arraigo domiciliario, el brazalete electrónico y el convoy de la Guardia Nacional”, señaló Alan Piñón.
*Con información de Olivia Zerón Tena