Caso Wallace: ¿qué pasó con las condenas y los presuntos implicados?

El 11 de julio de 2005, Hugo Alberto Wallace fue secuestrado en la Ciudad de México. Según la versión presentada por Isabel Miranda de Wallace, su hijo fue plagiado, asesinado y descuartizado en un departamento. Desde entonces, la también empresaria se convirtió en una figura pública y activista tras realizar investigaciones propias y emprender una campaña mediática en contra de los presuntos autores del crimen. 

Tras una de sus investigaciones propias, la empresaria acusó a Juana Hilda González Lomelí, Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales y los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz por ser los presuntos responsables del secuestro de su hijo, incluso publicando sus rostros y datos personales en decenas de espectaculares que fueron colocados en toda la Ciudad de México.

De acuerdo con la versión de la fallecida fundadora de la asociación civil Alto al Secuestro, los presuntos responsables asesinaron a su hijo en un departamento de la capital, lugar donde metieron el cuerpo sin vida al baño, lo desnudaron, le tomaron diversas fotografías, lo cortaron con una sierra eléctrica para meterlo en bolsas de plástico y maletas, y lo llevaron a “las aguas negras”. Los restos nunca fueron encontrados.

Por esta denuncia de Isabel Miranda de Wallace, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación que finalmente derivó en el arresto de  seis presuntos implicados, acusándolos de los delitos de secuestro y delincuencia organizada. 

Lee: Cae red de fraude financiero en CDMX y Edomex; habría robado 40 mdp

Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que llevó los casos, las pruebas clave carecen de “validez jurídica”, pues se basan en una confesión obtenida bajo tortura psicológica, pruebas obtenidas en cateos sin haber preservado el lugar ni la cadena de custodia y una fotografía obtenida sin resguardo adecuado.

Los presuntos implicados en el caso Wallace

En total fueron seis personas señaladas, detenidas y procesadas directamente por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como integrantes del grupo acusado del secuestro y presunto homicidio de Hugo Alberto Wallace:

• Juana Hilda González Lomelí (detenida en 2006, liberada en 2025 tras un amparo de la Suprema Corte).
• César Freyre Morales (detenido en 2006).
• Alberto Castillo Cruz (detenido en 2006).
• Tony Castillo Cruz (detenido en 2006).
• Brenda Quevedo Cruz (detenida en EU en 2007, extraditada a México en 2009 y liberada de prisión en 2026).
• Jacob Tagle Dobín (detenido en 2010).

Sigue leyendo: Juez ordena resguardo domiciliario y retiro de brazalete a Brenda Quevedo, acusada por caso Wallace

El colapso de las sentencias y la intervención de la Corte

A partir de la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), las condenas y medidas cautelares en contra de algunos de los implicados comenzaron a caer tras comprobarse violaciones sistemáticas al debido proceso y tortura.

Las defensas de los acusados, apoyadas por organismos de derechos humanos y el IFDP, han seguido promoviendo recursos de amparo y apelaciones ante la Suprema Corte para impugnar las sentencias y solicitar la reposición del procedimiento o liberación inmediata basándose en las pruebas de tortura comprobadas.

Brenda Quevedo seguirá su proceso en libertad

Este 8 de agosto, un juez determinó que Brenda Quevedo, una de las personas acusadas por Isabel Miranda de Wallace por el supuesto secuestro y asesinato de su hijo y quien enfrentó un proceso penal de 19 años, continuara su proceso en libertad, tras el cambio de las medidas cautelares. 

En julio pasado, el Tribunal de Disciplina Judicial ordenó la suspensión temporal del juez Carlos Alberto Rico Mondragón tras acreditar irregularidades en el manejo del caso de Quevedo Cruz, quien enfrentó un proceso penal en medio de denuncias documentadas de tortura y fabricación de culpabilidad.

No te pierdas: Caso Wallace: a 10 meses de la libertad de Juana Hilda González, “no quieren aceptar que la FGR se equivocó”

“Yo me acordaba de todos los años, ¿no? Que siempre me decía: ‘Vas a ver que sí’. Yo llegué a perder un poco la fe después de muchos años; decía: ‘Me enfrento a un monstruo de un sistema, gente con dinero, gente con influencias’. Y no sé, ahora es como, o sea, ver esa reivindicación, ¿no? De la vida, o sea, siempre veía la contraparte con sus ruedas de prensa, con todo su equipo de defensa de abogados y eso. Y yo, pues, siempre me decía: ‘¿Cuándo, no?’, recordó Quevedo.

Corte ordena liberar a Juana Hilda González

En ese mismo sentido, en junio de 2025, la entonces Primera Sala de la Suprema Corte ordenó la “inmediata y absoluta libertad” de Juana Hilda González Lomelí, otra de las personas acusadas por el llamado caso Wallace, al concluir que no existían pruebas suficientes para acreditar que participó en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto.

Juana Hilda fue detenida en 2006 luego de que la entonces Procuraduría General de la República la señaló como presunta responsable de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, cometidos en perjuicio de Hugo Alberto Wallace.

Años más tarde, fue sentenciada a 78 años y nueve meses de prisión por el secuestro de Hugo Alberto, una resolución que se basó en la supuesta confesión que hizo del crimen, la misma que fue obtenida bajo tortura, sin acceso a una defensa adecuada y sin contar con una resolución con perspectiva de género.

Lee más: Caso Ayotzinapa: Ángel Aguirre supo en tiempo real de los ataques en Iguala

El caso de Juana Hilda llegó a la Suprema Corte en 2022, cuando el máximo tribunal del país decidió asumir la resolución del amparo indirecto 26/2022, en el que el Instituto Federal de Defensoría Pública argumentaba que deben ser excluidas diversas pruebas ilícitas, entre ellas la declaración obtenida bajo tortura psicológica. 

César Freyre y otros supuestos implicados

Mediante un juicio de amparo dictaminado en 2020, la condena de César Freyre fue revisada, por lo que se determinó la invalidez de la acusación en su contra por el delito de extorsión, lo que derivó en una reducción de 12 años en su condena total. 

Su madre, María Rosa Morales, y su hermana, Julieta Freyre, quienes denunciaron la supuesta detención arbitraria de César Freyre, también fueron detenidas bajo acusaciones de presunta extorsión vinculada a las investigaciones sobre el caso. Tras las revisiones judiciales, se dictó su absolución e inmediata libertad al comprobarse que no existían elementos de responsabilidad en los hechos imputados.  

Los casos de otros procesados, como Jacobo Tagle Dobín, Alberto Castillo Cruz y Tony Castillo Cruz, continúan en revisión en tribunales de amparo. La resolución emitida por la Corte en el asunto de Juana Hilda fijó un criterio obligatorio sobre la invalidez de pruebas obtenidas bajo tortura o en periodos de arraigo ilegal.