Caso Wallace: a 10 meses de la libertad de Juana Hilda, “no quieren aceptar que la FGR se equivocó”
Redacción Animal Político · 4 de mayo de 2026
A 10 meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgara la libertad inmediata a Juana Hilda González Lomelí, el caso Wallace se encuentra en lo que las personas acusadas denominan “estancamiento procesal”.
Pese a que la resolución de la SCJN determinó la nulidad de la declaración de González Lomelí —un elemento clave en el que se basaron las acusaciones contra los demás detenidos—, el proceso para el resto de las personas presuntamente implicadas y sentenciadas parece haberse detenido por trabas administrativas y falta de voluntad institucional. Obstáculos que —afirman— ya les arrebataron casi 20 años, aun cuando organismos nacionales e internacionales han concluido que se cometió tortura en su contra.
El panorama de Brenda Quevedo: entre la libertad parcial y el estancamiento jurídico
Brenda Quevedo lleva cerca de dos años en arraigo domiciliario. Antes, pasó 18 años en prisión. En todo este tiempo no ha recibido sentencia. Comenta con tristeza que pese a la resolución de la Corte “no vemos ninguna intención de que se retracten con todo lo de las torturas”.
“Ya la Suprema Corte desechó todo eso (las declaraciones obtenidas bajo tortura) y todavía dicen que somos culpables. Entonces, estamos en un estancamiento procesal y yo la verdad sigo viendo igual el panorama”, señala Quevedo en entrevista con Animal Político.
Actualmente tiene 45 años. A la edad de 27 años fue arrestada, acusada por Isabel Miranda de Wallace de organizar el supuesto secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto en 2005. El caso se volvió sumamente mediático y convirtió a la señora Wallace —quien murió en marzo de 2025 en medio de una fuerte controversia— en una de las voces más potentes contra el secuestro en México.
Por el caso de Brenda Quevedo, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió la Opinión 45/2020 en la que concluye que se cometió tortura física y sexual en su contra con el objetivo de obtener una confesión, así como la violación a la presunción de inocencia e incumplimiento al debido proceso. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 122VG/2023 que reconoce la vulneración de sus derechos por agentes estatales de la entonces Procuraduría General de la República, y en penales federales.
“Para mí, la primera reparación del daño es la libertad porque sigo en pausa para todo. Y que se nos repare el daño por la forma en que fuimos castigados por la opinión pública. Hemos perdido muchísimo (…) nos metimos en muchas deudas”, detalla sobre su situación a dos años de permanecer en arraigo domiciliario en un espacio en el que sólo convive con su madre, sin actividades ni la posibilidad de recibir atención a su salud.
“Me duele y decepciona bastante cómo es el sistema judicial en México; que una tenga que pedir ayuda internacional porque las autoridades a veces no hacen bien su chamba”, dice ante la falta de avances en su proceso legal, en el cual las dilaciones persisten aun con el cambio de jueces federales en la elección de junio de 2025.
“No quieren reconocer que la FGR se equivocó”, reclama familiar de acusados
Los hermanos Tony y Albert Castillo Cruz —de 52 y 50 años, respectivamente— fueron acusados de participar directamente en la logística y ejecución del secuestro de Hugo Alberto Wallace con base en la declaración de Juana Hilda González Lomelí, quien —de acuerdo a la cuestionada investigación oficial— los señaló como cómplices y de pertenecer a una organización delictiva dedicada a este tipo de ilícitos.
Por estos hechos, ambos fueron detenidos en marzo de 2006 y sentenciados en abril de 2011 a más de 46 años de prisión. Siguen presos —Tony en Gómez Palacio, Durango y Albert en Tapachula, Chiapas—, a pesar de que se demostró que la declaración que los inculpó se obtuvo bajo tortura.
Luis Castillo, tío de Tony y Albert, reclama que la FGR siga sosteniendo su culpabilidad y lo atribuye a que las autoridades “no quieren sentirse descubiertas y reconocer que la Fiscalía General de la República se equivocó, como ha pasado en otros asuntos”. De acuerdo con Castillo, ambos se encuentran a la espera de que la resolución de la Corte en el caso de Juana Hilda los favorezca. “Pedimos que de manera inmediata se dé vista a su caso”, dice.
“Brenda, Tony y Albert nunca confesaron su participación porque nunca sucedió nada, no hubo nada qué decir porque nunca existió ningún delito. Esto nos afectó, desde el primer momento en que fueron detenidos, tanto física, como psicológica y económicamente, porque no podíamos creer que ellos fueran acusados injustamente y, peor aún, que no ocurrió nada de lo que se sostuvo como la versión oficial”, añade Castillo.
Prisión preventiva “sale barata” a autoridades; a los acusados les afecta “de manera fundamental”
José Mario de la Garza, presidente y fundador de Perteneces A.C., señala que en México “hay mil formas procesales para que no te dicten sentencia y para que los jueces puedan alargar los casos, un reflejo de que al sistema no le cuesta nada mantenerte en prisión sin haber sido sentenciado, o sea, no hay una consecuencia jurídica para los funcionarios”.
Actualmente, José Mario acompaña jurídicamente a Brenda Quevedo en la lucha por el reconocimiento como víctima y la reparación del daño en su contra. Sin embargo, el defensor reclama que el sistema no reconoce como víctimas a quienes han visto sus vidas afectadas a causa de detenciones como las que ocurrieron en el caso Wallace.
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“El sistema de reparación que tenemos está muy enfocado en las víctimas de un delito, ese es el enfoque que se le dio en la ley, por lo que no se reconoce como tal a quien ha sido acusado injustamente y pasó 20 años en la cárcel, aunque obviamente también lo es: por más que recupere su libertad, su proyecto de vida quedó afectado de manera fundamental“, agrega.
En el caso de Brenda Quevedo, el abogado comenta que fue necesario promover un amparo para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la reconozca como tal, pues a pesar de la recomendación de la CNDH no han aceptado su inscripción al padrón de personas que reciben una reparación del daño.
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“Luego veo los comentarios que hay en redes cuando subimos algo de Brenda, que si son secuestradores, que se pudran en la cárcel, cosas así. Y digo ‘ah cabrón, está duro’, porque hubo una construcción de vender que estas personas eran delincuentes, la construyó Wallace con espectaculares… y no sabes qué daño hizo al sistema, porque mostró que tú podías hacer eso con dinero y acabar imponiendo una historia que era falsa”.
Concluye con preocupación: “el daño que Wallace hizo yo creo que no lo hemos alcanzado a medir, porque lo toleraron y aplaudieron, se les hizo fácil darle premios y reconocimientos, presentarla como si fuera una heroína, pero el golpe que le dio al sistema va a tomar mucho tiempo que lo podamos dimensionar: no son sólo Brenda, Juana y los demás. No, es el sistema”.