En 2025, al menos 15 mil personas abandonaron su hogar; el crimen organizado, la principal causa

El desplazamiento interno es un fenómeno que persiste en México, pese a la reducción de personas que tuvieron que abandonar su hogar entre 2024 y 2025. Hoy, los estados de Sinaloa, Chihuahua y Michoacán concentran casi 9 de cada 10 personas desplazadas internas. 

Mientras que 2024 fue un año alarmante, porque la estadística alcanzó las 28 mil 900 personas —debido a la agudización de la violencia en Sinaloa y su recrudecimiento en Chiapas—, en 2025 al menos 15 mil 795 se vieron obligadas a dejar su hogar. Este sigue siendo, además, un fenómeno invisibilizado, que aún no cuenta con estadísticas oficiales o una ley general.

Esta aproximación que hace el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en su informe Travesías proviene, sobre todo, del monitoreo y el intercambio de información con terceros. Aunque puede no ser exhaustiva, en el 83.6 % de los eventos identificados durante 2025, la violencia por crimen organizado fue la causa principal. 

El abordaje oficial no es el único obstáculo que enfrenta la documentación de estas dinámicas. Otras preocupaciones que señala el documento son el subregistro, la falta de cobertura mediática en ciertos territorios debido a los riesgos que enfrentan periodistas, la ausencia de información detallada sobre las personas afectadas y las restricciones de acceso a contextos de violencia, lo que implica que múltiples eventos y procesos de desplazamiento interno permanezcan invisibilizados. 

Además, el hecho de que el crimen organizado sea la principal causa en más del 80 % de los casos no es un tema aislado, pues la violencia criminal se exacerba en entornos con presencia institucional limitada, al igual que por desafíos persistentes en la cobertura de servicios básicos y sin mecanismos de prevención, así como de respuesta temprana. Esto afecta desproporcionadamente a zonas rurales e indígenas.

Apenas este lunes 11 de mayo, por ejemplo, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció una serie de ataques armados contra comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, atribuidos a Los Ardillos, un grupo del crimen organizado. Los hechos incluían ataques con drones en zonas donde se encuentran personas desplazadas. Hasta  ahora son más de mil 300 las personas que han tenido que abandonar sus hogares en la región de la Montaña Baja de Guerrero.

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Según documenta el informe, específicamente en Guerrero se registraron 10 eventos de desplazamiento en 2025 con 785 personas afectadas. Fueron detonados por manifestaciones de violencia, como enfrentamientos armados prolongados, ataques a infraestructura y servicios, saqueo, quema de viviendas y vehículos, y amenazas directas contra la población civil. El 67 % de los casos involucraron violencia por criminalidad organizada y el 40 % ataques o enfrentamientos.

Aunque un 18.2 % se trata de desplazamientos intramunicipales y un 9.1 % intraestatales, en el 72.7 % de los casos no se pudo identificar plenamente el destino. Los eventos de desplazamiento en Guerrero se han concentrado en la capital Chilpancingo, Petatlán, Alcozauca de Guerrero, Malinaltepec, Zapotitlán Tablas, Juan R. Escudero, Acapulco de Juárez y Coyuca de Catalán.

“La recurrencia de estos territorios —todos los estados documentados— en el monitoreo anual refleja la persistencia de condiciones estructurales de violencia y desigualdad, pero también da cuenta de la evolución y complejización de las dinámicas que detonan el desplazamiento interno, incluyendo el incremento de los niveles de violencia, la diversificación de actores armados, la sofisticación de sus tácticas y la expansión territorial del fenómeno”, apunta el documento.

Aunque con variaciones, el desplazamiento persiste en México

En entrevista, Janette Carrillo, coordinadora del informe, precisa que el PDH de la Ibero ha identificado que se trata de un fenómeno persistente, desde que se inició su monitoreo en el 2016 por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Luego, desde que la institución universitaria lo retomó en 2024, han observado variaciones en cuanto al total de personas desplazadas, pero el fenómeno persiste. 

“Ante la falta de registros y estadísticas oficiales, nosotras buscamos hacer este ejercicio de monitoreo principalmente a través de fuentes abiertas. Esto es medios periodísticos, redes sociales, pero también intercambio de información con autoridades. En este caso, las cifras de Sinaloa y Chihuahua son presentadas directamente por autoridades de esos estados”, añade la académica.

Como los dos estados principalmente afectados, Sinaloa concentró durante 2025 el 39.2 % (6 mil 195 personas) de casos y Chihuahua el 28.4 % (4 mil 492); le sigue Michoacán con 21.3 % (3 mil 363) y en cuarto lugar Guerrero con 5 % (785 personas). Se trata de una distribución territorial que se consolida y se profundiza, sostienen los académicos. En la mayoría de los casos son desplazamientos intraestatales –dentro del propio estado– e incluso intramunicipales; en caso contrario, casi siempre hacia entidades aledañas. 

En Sinaloa, documenta el informe, las principales manifestaciones de violencia detonantes de desplazamiento interno son el uso de tácticas de alto impacto, incluidos tanques con drones cargados de explosivos, amenazas directas a la población, temor infundido, saqueo, quema de viviendas y vehículos, muertes por fuego cruzado, asesinatos, desapariciones y reclutamiento forzado. Mientras 94 % involucran violencia por criminalidad organizada, el 75 % están asociados a ataques o enfrentamientos armados. 

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En tanto, los desplazamientos en Chihuahua obedecen al uso de drones con explosivos, enfrentamientos armados prolongados, ataques a viviendas y amenazas directas contra la población civil, así como violencias estructurales e históricas en la región de la sierra Tarahumara. El 100 por ciento de los casos involucraron violencia por criminalidad organizada y el 62 % ataques o enfrentamientos armados. 

Por otro lado, el desplazamiento en Michoacán está marcado por el uso de tácticas de alto impacto, incluidos ataques con drones cargados de explosivos, colocación de minas antipersona, coches bomba, bloqueos carreteros y de acceso a comunidades, quema y saqueo de viviendas, incendio de tierras productivas, derribe de árboles de frutos, ejecuciones, desaparición de personas, extorsión y amenazas, y reclutamiento y trabajo forzado.

Entre los muchos pendientes y limitaciones que aún existen, el informe reconoce que en esos cuatro territorios —Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y Guerrero— han existido esfuerzos de regulación locales, mediante leyes, reglamentos, protocolos o programas estatales. Las acciones de respuesta identificadas con más frecuencia, mediante la participación de autoridades de los tres niveles, organizaciones, colectivos y organismos, han sido la atención médica o psicológica, traslados y logística, servicios públicos, asesoría, ayuda humanitaria y seguridad. 

Pendientes en la atención y retornos

En un panorama donde faltan datos e información oficial, el informe apunta a que persisten diversos retos para transitar de la atención inmediata hacia la estabilización, restitución de derechos y soluciones duraderas. 

“El desplazamiento interno en México se ha consolidado como una crisis humanitaria de carácter estructural, sostenida y en expansión territorial. Esta idea hace referencia tanto a la intensificación del fenómeno en regiones históricamente afectadas, como también a su progresiva extensión hacia nuevas entidades federativas”, advierte el documento.

No se trata de eventos aislados, sino que el desplazamiento interno responde a dinámicas complejas y recurrentes donde convergen violencias diversas, despojo territorial y capacidades insuficientes que afectan a distintas regiones. Además, las académicas señalan que no debe entenderse únicamente como un evento puntual de movilidad, sino como un proceso forzado y prolongado que reconfigura las condiciones de vida y profundiza desigualdades preexistentes, tanto en los territorios como en las personas afectadas.

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“Reconocemos los esfuerzos institucionales, en este caso la existencia de cinco leyes locales, la reciente promulgación de la ley en materia de desplazamiento en Oaxaca, en septiembre de 2025; sin embargo, falta una ley general y un marco federal que articule y coordine a los tres niveles de gobierno, que accione un registro y las atenciones que no solo sean un registro para tener la documentación, sino acciones de todas las instancias que deben atender el tema del desplazamiento”, comenta Carrillo.

Una de las primeras que podrían activarse de inmediato, incluso sin la ley general, es el registro ante el sistema nacional de víctimas, pues a partir de este podrían generarse determinadas atenciones. Por el contrario, la población desplazada interna aún enfrenta barreras de ingreso, porque se les solicita la denuncia por desplazamiento interno, pero en muchos estados el propio riesgo que enfrentan imposibilita el acudir a denunciar.

Otro esfuerzo importante, que ya ocurrió, es la incorporación de la pregunta sobre desplazamiento interno en la Encuesta Intercensal, cuyos resultados se conocerán en septiembre de este año. “Esperamos que eso sea el inicio para tener una imagen más cercana sobre el fenómeno de desplazamiento interno en el país, pero seguimos impulsando la creación de un registro que accione y articule a todas las instancias: no solamente responder a la emergencia, sino generar medidas de prevención, de atención ante el desplazamiento y también de creación de soluciones duraderas”, apunta la especialista. 

El documento define que una solución duradera para las personas desplazadas internas se alcanza cuando dejan de necesitar asistencia o protección específica vinculada con su situación, y pueden disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos humanos sin ser discriminadas y en condiciones de dignidad, seguridad y sostenibilidad. El retorno, la integración local y la reubicación son los tres tipos.

Al respecto, Carrillo también apunta como destacable en el informe 2025 lo que ocurrió en Guadalupe Victoria, municipio de San Juan Juquila Mixes, Oaxaca: un retorno masivo acompañado por el Estado, construido mediante diálogo interinstitucional, pero aún pendiente de verificación como solución duradera. Esta entidad, además, aprobó durante ese año una ley local para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento.

Este retorno, según describe el documento, tuvo tres momentos operativos en 2025: 5 de agosto, 7 de septiembre y 6 de noviembre; incluyó a 63 familias mixes —cerca de 2 mil 134 personas—, que regresaron tras casi nueve años de desplazamiento. El proceso implicó más de 60 reuniones desde 2023 con la participación del gobierno de Oaxaca, organizaciones sociales y acompañamiento técnico de la ACNUR, e incluyó medidas de salud, educación, infraestructura escolar, alumbrado público y seguridad.

En el periodo que analiza el informe, en total fueron identificados 20 eventos de retorno, que involucraron a por lo menos 4 mil 591 personas en seis entidades federativas. Los retornos, advierte el PDH Ibero, tienden a presentarse como eventos puntuales y territorialmente focalizados, lo que sugiere que su recurrencia depende de condiciones habilitantes más específicas. La mayor cantidad se dieron en Chiapas (7), Sinaloa (5), Oaxaca (3), Michoacán (2) y Guerrero (2).

“Justo continúan todavía las medidas para que, en efecto, sea una situación sostenible, y no que las personas regresen y de repente, al no haber medidas sostenibles, tengan que volver a desplazarse. Esto nos da ese reflejo y la señal de que el retorno tiene que ser una medida gradual, y que debe haber medidas sostenibles, desde medios de seguridad hasta de subsistencia y protección para que la población pueda mantenerse y reconstruir el tejido social que se perdió”, concluye.