Resiliencia y resistencia en el desplazamiento forzado interno

La defensora K y su familia son originarias de un municipio del estado de Sinaloa. Esta región se caracteriza por ser una zona de violencia extrema. A inicios del año 2011 y 2012, muchas personas que habitaban en la sierra se vieron obligados a huir de sus hogares para resguardar su vida (convirtiéndose en víctimas de desplazamiento interno forzado), llegaron al municipio donde habitaba la defensora K y su familia.

En este contexto, la defensora K decidió ayudar a las personas desplazadas que llegaron a su localidad. Utilizó recursos personales al donar despensas, ropa y medicamentos. Con el tiempo, el trabajo de defensa de derechos humanos de las personas desplazadas se extendió a hacer gestiones con autoridades municipales. Gracias a ello, se garantizaron algunos apoyos de vivienda y atención médica.

En el año 2015, autoridades federales intervinieron en la zona con el objetivo de sumarse a la atención para las personas desplazadas y para brindarles protección. Entre las acciones gubernamentales solicitaron a los desplazados denunciar distintos delitos, situación que provocó represalias de organizaciones criminales en contra de ellos y contra las personas defensoras de derechos humanos que les acompañaban. La defensora K desconocía que estas acciones cada vez más activas en defensa de las personas desplazadas la pondrían a ella y a su familia en grave peligro.

En particular, en el mismo año 2015, ella  y su familia comenzaron a sufrir distintos actos de acoso, hostigamiento y extrema violencia, al ser en un primer momento amenazas telefónicas y por medio de redes sociales, y posteriormente, escaló al nivel de ser amenazada con armas de fuego. Estos actos de violencia continuaron, por lo que ella y su familia no tuvieron otra opción más que abandonar su localidad. La defensora de los derechos de las personas desplazadas se convirtió, a su vez, en víctima de desplazamiento forzado interno.

Denunció esta situación ante un organismo internacional de derechos humanos y obtuvo una resolución favorable que obliga a las autoridades mexicanas a que adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de la defensora y sus familiares. A lo largo de los años, la respuesta gubernamental ha sido ineficaz para atender sus necesidades y las de su familia. Ejemplo de ello es que, tras el primer desplazamiento sufrido, han sido desplazadas forzadamente en más de 10 ocasiones y los ataques en su contra no han cesado hasta la fecha.

La defensora K se define como una persona alegre, trabajadora y dinámica. Había construido una vida y un ambiente familiar estable. Tenía formación profesional en gastronomía y repostería, lo que le permitió comenzar un negocio de banquetes y posicionarse muy exitosamente en su localidad.  Ella y su familia habían logrado conseguir un crédito del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y con ello hacerse de una vivienda propia y, en sus planes a futuro, estaba crear una granja orgánica en donde pudieran crecer sus hijos. Contaban con una serie de costumbres y tradiciones en las que se involucraban activamente, mismas que mantenían y fortalecían sus relaciones familiares y sociales. Podían disfrutar de eventos, convivencias sociales y eran reconocidos como parte importante de la comunidad donde habitaban.

La defensora K ha luchado valientemente por sacar adelante a su familia: se encargó de la crianza, responsabilidad de cuidado, protección y manutención económica de sus tres hijos. A lo largo de los años continúa sufriendo hostigamiento por parte de actores estatales y miembros de la delincuencia organizada. La respuesta gubernamental ha sido ineficaz, ella ha sido ignorada y se ha visto inmersa en diversos procesos judiciales, lo que ha significado una profunda revictimización institucional.

Recientemente, sus circunstancias personales y las de su familia volvieron a verse modificadas de manera radical. Su hija, aún menor de edad, fue diagnosticada con una enfermedad grave en enero del 2020. A lo largo del 2020 y 2021, la hija de la defensora llevó su tratamiento médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, le fue recomendado por los médicos especialistas un procedimiento quirúrgico lo más pronto posible para salvaguardar su vida. En este Hospital del IMSS, le dieron un tiempo estimado de dos años para poder llevar a cabo este procedimiento, con lo que las oportunidades de vida de su hija se reducían al mínimo. Nuevamente, el Estado mexicano le falló.

A pesar de su  situación económica delicada y ante la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la vida de su hija, ella  y su familia nuevamente se vieron obligados a resistir y subsistir por sus propios medios, lo que los llevó a desplazarse forzadamente, nuevamente, para salvar la vida de su hija menor de edad, adquiriendo apoyo económico por medio de préstamos, organizando rifas y obteniendo donaciones de particulares para poder cubrir los costos del hospital privado donde pudieron atender a su hija.

Las personas que sufren desplazamiento interno forzado se ven obligadas, de la noche a la mañana, a abandonar sus hogares, sus pertenencias, sus apegos, arraigos, roles y estructuras. Pierden casas, trabajos y propiedades. Es por ello que sus historias son un ejemplo de resiliencia y resistencia. Desde la CMDPDH acompañamos a la defensora K, su familia y más víctimas de desplazamiento interno forzado a quienes de igual manera reconocemos su capacidad de sobreponerse ante las enormes adversidades que representa esta violación a derechos humanos y frente a la incapacidad del Estado de garantizar sus derechos más elementales.

* Miguel Alcaraz (@MiguelAlc95) es Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y abogado en el Área de Defensa Integral de la @CMDPDH.