Educación militarizada: la prohibición que dejó en una zona gris a escuelas y academias

Mientras niñas y  niños juegan a la pelota, hacen zumba o boxean en los espacios deportivos contiguos, Byron aprende primeros auxilios y marcha con disciplina castrense.

Hasta hace poco tiempo, los fines de semana de este preadolescente de 12 años comenzaban al alba en un complejo deportivo de San Andrés de la Cañada en Ecatepec, Estado de México. El parque al que acudía religiosamente se ubica entre las calles y laderas de la Sierra de Guadalupe, un pulmón periférico al norte del Valle de México donde las casas se extienden sobre las pendientes de un paisaje urbano y laberíntico que al ir ascendiendo  se vuelve cada vez más estrecho.

El deportivo “Bicentenario Hank González” fue remodelado recientemente con la promesa de convertirse en un espacio recreativo que ofrece nuevas y diferentes oportunidades para infancias y adolescencias de una zona que por décadas ha enfrentado rezago en abastecimiento de agua, transporte y movilidad, sumado a una vulnerabilidad por su ubicación geográfica, con pocas opciones para el desarrollo y el uso del tiempo libre.

En un patio mitad césped y mitad cemento, vestido con jeans azules y camisa blanca, Byron se preparaba junto a sus compañeros. Hacían ejercicios físicos, aprendían medidas de seguridad y protección civil y practicaban marchando como en una banda de guerra bajo la supervisión de sus instructores, que al igual que ellos, alguna vez estuvieron ahí recibiendo una formación plagada de conceptos militares. Una tradición que se remonta al porfiriato, cuando comenzaron a introducirse ejercicios castrenses en las escuelas, como una forma de inculcar patriotismo y sentido del deber en una juventud que siguió a un periodo largo de conflictos armados.

Actualmente, quienes imparten esta formación heredada hace más de un siglo, son los integrantes de la Academia Militarizada Deportiva Halcones, una organización civil fundada el 16 de noviembre de 2012 con la idea de crear un grupo voluntario que pudiera preparar a niños y jóvenes para que apoyaran en sus comunidades. Así llegaron los Halcones a este barrio, con la promesa de “formar jóvenes disciplinados, fortalecer su sentido de responsabilidad y prepararlos para los retos del futuro”.

La elección

Azucena Reyes es madre de Byron y tiene otras dos hijas. Ella se encarga de las labores domésticas mientras su esposo trabaja en un tianguis de la zona. Byron, su único hijo varón, dice que desde pequeño mostró inclinación por los uniformes y figuras relacionadas con el mundo militar, pero su mamá  nunca buscó una escuela o academia con estas características. Encontrarse con los Halcones en el deportivo del barrio fue una casualidad; de no haber sido por la grabación que anunciaba con  un altavoz las inscripciones entre las calles cercanas al deportivo, ella nunca lo hubiera considerado.

Después de evaluarlo a petición de su hijo, Azucena pensó que los Halcones podrían representar una opción diferente para Byron: una actividad física, al aire libre y cercana a casa, donde su hijo podía aprender disciplina y conocimientos de protección civil que difícilmente adquiriría en la escuela o en el hogar.

—Yo decía: qué mejor que estar en un lugar donde les enseñan cosas que nosotros como padres no podemos enseñarles —cuenta Azucena en una conversación telefónica.

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 Al inicio, había dudas. Azucena sabía que alrededor de las instituciones militarizadas existen historias de excesos físicos y psicológicos. Algunas de ellas las conocía de cerca porque un familiar que perteneció al Ejército le había contado su propia experiencia y lo difícil que podía llegar a ser dedicar la vida a esto, razón por la cual él mismo había desertado.

A pesar de ello, junto a su familia, decidieron darle un voto de confianza al pequeño grupo que se organizaba en un espacio público, abierto y a la vista de cualquiera. Para ella, esa diferencia era fundamental.

—Una cosa es la disciplina y otra es la violencia, por eso me daba tranquilidad que yo podía ir y ver a Byron mientras hacían sus ejercicios —dice.

Durante las semanas que Byron asistió, Azucena no encontró aquello a lo que tanto temía. Lo que sí notó “fue el entusiasmo de su hijo al regresar de los entrenamientos”, después de aprender a vendar una herida y asumir poco a poco nuevas responsabilidades.

Azucena asegura que sí había escuchado en las noticias y redes sociales sobre la violencia, las torturas y los abusos que ocurrían en planteles educativos militares, pero lo que sabía era que ocurrían sobre todo en lugares cerrados, donde los estudiantes podían salir apenas una vez al mes o se iban de campamento por varios días. Aquellas historias que conoció le parecían “algo muy doloroso”, “tragedias”: la pérdida de un hijo en esas circunstancias, dice, es algo por lo que se debe exigir justicia. 

Azucena reitera que ella y su familia no buscaron una escuela militar, sino que encontraron una actividad que ofrecía la posibilidad de disciplina, ejercicio y conocimientos útiles. Todo ello se   encuentra ahora suspendido por un ordenamiento que vino desde la presidencia de la República, pero que no le queda claro a nadie.

Hoy, Byron mira su uniforme guardado en el ropero y no entiende bien por qué. La experiencia del muchacho en un ambiente de control y disciplina bajo el esquema de una academia duró apenas algunos meses. De un día para otro, tuvo que quedarse en casa y reorganizar sus fines de semana pues  la llamada “educación militarizada” abrió un debate a nivel nacional.

La disciplina como forma de vida

Humberto Lozano conoce desde niño la formación que ahora transmite a través de su academia. Tenía alrededor de ocho años cuando ingresó al Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario. Como Byron, llegó atraído por la idea de hacer una vida dentro de las Fuerzas Armadas, sin saber lo que eso significaba. Con los años formó parte de ellas y sirvió en la Marina, antes de retirarse. De aquella experiencia, asegura, aprendió rutinas, organización y a valerse por sí mismo, un aprendizaje que no cambiaría por nada en el mundo

En 2012, ya convertido en ingeniero e inspirado en esa vieja experiencia, decidió fundar la Academia Militarizada Deportiva Halcones, cuya sede central y origen se ubican en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Su propósito original era formar jóvenes disciplinados bajo tres valores principales: “el sacrificio, la lealtad y la superación; indispensables para fortalecer el espíritu de los alumnos y formarlos como personas rectas y de bien”.

Tras los sismos que sacudieron la Ciudad de México en 2017, el proyecto tomó una nueva dirección. Ver llegar a muchos voluntarios que querían ayudar en las comunidades y edificios derrumbados, pero no sabían cómo hacerlo, hizo pensar a Humberto que era momento de dar un giro al propósito principal de los Halcones. Desde entonces, la academia se enfocó en el adiestramiento de la prevención y protección civil, así como en el rescate de manera práctica, para saber cómo reaccionar ante las emergencias.

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El esquema militarizado fue el método que él y un grupo de colaboradores eligieron para infundir disciplina, pues están seguros que ésta es necesaria para actuar ante una emergencia. Además asesoran, capacitan y orientan a jóvenes que desean realizar exámenes de ingreso para el Heroico Colegio Militar, la Escuela Naval o para incorporarse formalmente a corporaciones de protección y seguridad civiles o privadas.

—Halcones es una organización civil y no pertenece al Ejército —aclara Humberto.

—Estamos legalmente constituidos y registrados ante las autoridades como un grupo voluntario. Cada vez que abrimos un grupo en una colonia, informamos mediante oficio a la zona militar correspondiente y a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Usamos uniformes y queremos que sepan quiénes somos y lo que hacemos. Somos totalmente transparentes.

Para Humberto, no todos los grupos son iguales. Reconoce que existen academias cuyos instructores no están capacitados y que llevan la formación a extremos, “como si estuvieran formando a un grupo de fuerzas especiales”. A su juicio, esas malas prácticas de grupos que operan sin una regulación clara terminaron provocando una respuesta de las autoridades educativas que considera desesperada: eliminar el carácter militarizado de estas instituciones sin distinguir entre unas y otras ni medir las consecuencias que tendría para quienes, como Halcones, aseguran mantener una formación distinta.

Cuando se le preguntó ¿qué piensa de quienes consideran que la formación militar es muy dura para los niños, incluso violenta? Humberto responde con otra pregunta:

—¿Qué es más duro, la vida cuando no estás preparado o cuando no tienes algún oficio, cuando no eres una persona estudiada y responsable o una disciplina?

La delgada línea que atraviesa el concepto de disciplina produce contradicciones en la práctica cotidiana. Humberto llama “castigo físico” a algunas de las medidas que utilizan las academias para sancionar la impuntualidad u otras faltas. El uso común de ordenar ejercicios corporales, como lagartijas o sentadillas frente al resto del grupo, asegura, no es con la intención de que el niño o la niña tenga una afectación, sino que entienda que llegar tarde, por ejemplo, tiene una consecuencia. Para él, eso sigue siendo disciplina y no tiene por qué ser dañino para nadie.

En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se prohíbe explícitamente desde 2021 el castigo corporal y/o humillante en cualquier ámbito, definiéndolo como todo acto que obligue a sostener posturas incómodas o cause malestar para corregir conductas. En esto no hay dudas.

El argumento del beneficio formativo y de la disciplina dura sigue siendo, para algunas familias, una razón para considerar estas academias una opción válida para la formación de sus hijos e hijas. Según Humberto, suelen recurrir a esta alternativa cuando sienten que ya no logran poner límites en casa y les piden intervenir directamente: “oiga, hable con mi hijo porque no hace esto, no hace aquello”. En esos casos, dice, madres y padres buscan una disciplina más rígida, asociada al sistema castrense, y les permiten a los instructores hablarles con mayor firmeza o llamarles la atención.

El problema aparece cuando esa búsqueda de disciplina rebasa los límites de una formación educativa y se convierte en prácticas llevadas al exceso, sin un sustento pedagógico comprobado. En los últimos tres años, al menos tres personas menores de edad han muerto dentro de distintos centros de educación militarizada, en casos que han puesto bajo escrutinio la forma en que estas instituciones ejercen la disciplina y los controles que existen sobre ellas.

Los excesos: Zamir, Erick Leonardo y Dafne, las víctimas  

En noviembre de 2023, Zamir Pinto, de 16 años, falleció en Tultitlán, Estado de México, a causa de los golpes recibidos en una academia militarizada. En abril de 2025, en la Ciudad de México, Erick Leonardo Terán Torbellín de 13 perdió la vida durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc en Morelos. Finalmente, en julio de este año, Dafne Zapata Quintos de 13, murió cuatro días después de ingresar a un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

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El caso de Dafne provocó que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara públicamente el uso de la disciplina castrense como justificación para los abusos contra infancias y adolescencias. 

Días después, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció un ultimátum de alcance nacional: para el inicio del ciclo escolar 2026-2027 ninguna institución del país podría ofrecer servicios educativos bajo las denominaciones “militarizada”, “militar” o “castrense”, y ordenó la revisión e inicio de procedimientos de suspensión o cierre para los planteles identificados.

El 10 de agosto de 2026, la SEP informó en un comunicado de prensa que las 26 escuelas detectadas bajo este modelo a nivel nacional se encontraban en un proceso obligatorio de transformación para adecuar sus programas hacia un modelo verdaderamente cívico, ciudadano y de valores humanistas. 

Para Humberto, la decisión del gobierno federal impacta directamente en la metodología, pero sobre todo en muchos de sus integrantes “que jamás han recibido trato violento”. Asegura que retirar el componente militar implica prohibir métodos como el orden cerrado, las marchas y el paso redoblado que los instructores utilizan como formación. Incluso defiende que las marchas permiten observar problemas de coordinación motriz o detectar alteraciones emocionales, además de afectar el uso de grados, escudos y símbolos de identidad de su academia.

—Si se elimina aquello que hace militarizada a la formación, ¿qué queda de una academia cuya metodología nació precisamente de ese modelo?

En medio de la  incertidumbre, las actividades de organizaciones como la Academia Militarizada Deportiva Halcones  siguen suspendidas y no se sabe cuándo podrán entrar en funcionamiento. Al no ser una escuela ni estar vinculada al Ejército, su situación frente a la nueva disposición no está del todo clara: realizan actividades de formación con un perfil militarizado fuera de un plantel educativo formal, pero no existe una categoría específica que permita ubicar con claridad este tipo de organizaciones dentro del nuevo esquema que los coloca en una zona gris.

Un mundo desconocido para la SEP

María Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores de la organización Mexicanos Primero, explica que el problema de fondo está en el diseño del sistema educativo, que carece de herramientas para ubicar estos modelos. A raíz del debate nacional por la muerte de tres menores, la organización revisó el estatus legal de estos planteles y encontró que “militarizado” no existe como una modalidad educativa formal en los registros oficiales.

El sistema distingue y cataloga escuelas indígenas, comunitarias, generales, telesecundarias o técnicas, pero no cuenta con una categoría para localizar un plantel militarizado.

Una revisión del Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP, con corte a noviembre de 2025, encontró 109 registros clasificados como escuelas cuyo nombre incluía la palabra “militar”. Sin embargo, sólo 58 utilizaban expresamente los términos “militarizado” o “militarizada”. Los demás incluían planteles de las Fuerzas Armadas y escuelas nombradas en honor del Heroico Colegio Militar, sin que su denominación permitiera afirmar que ofrecían formación castrense.

Una consulta posterior al Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) encontró 142 claves de centros de trabajo con la palabra “militar”. Después de descartar bibliotecas, instituciones de las Fuerzas Armadas y otras denominaciones que generaban falsos positivos, quedaron 81 claves que incluían expresamente “militarizado” o “militarizada”. Sólo 15 correspondían a escuelas particulares de educación básica.

Aun así, las bases sólo permiten localizar instituciones que anuncian el modelo en su nombre. No identifican a las escuelas que pudieron eliminar esa palabra sin cambiar sus prácticas ni a las academias civiles que trabajan con menores fuera del sistema escolar, como Halcones. Tampoco permiten saber cuáles son las 26 escuelas que la SEP aseguró haber identificado ni comprobar si su transformación ocurrió solo en el nombre o también en sus métodos disciplinarios.

Esta falta de clasificación no significa, aclara María Teresa Gutiérrez, que las familias elijan sin criterio. Buscan opciones que les ofrezcan mayor seguridad y disciplina, sobre todo en entornos en los que sienten que esas condiciones no están garantizadas. Por eso, dice, antes de cuestionar su decisión habría que preguntarse qué información tienen para elegir y qué puede ofrecerles la autoridad educativa.

—Más que decirles qué escuela elegir, los padres tendrían que poder preguntar: ¿se respetan los derechos de los niños? ¿Existen protocolos contra el abuso físico o sexual? ¿Hasta dónde llega la disciplina antes de convertirse en una práctica que vulnera derechos? El problema es que una familia no puede responder esto si ni siquiera la autoridad tiene la información completa.

La falta de identificación también impide saber si estos modelos producen resultados de aprendizaje distintos. Gutiérrez explica que no existe información pública ni evaluaciones oficiales que permitan hacer esa comparación, especialmente desde que instrumentos como Planea dejaron de aplicarse en el país.

Según datos de Mexicanos Primero, en México existen alrededor de 13 mil 750 supervisores para más de 230 mil escuelas de educación básica. Cada supervisor tendría a su cargo, en promedio, casi 17 planteles. Con esa carga, el seguimiento puntual de cada escuela resulta difícil, y todavía más cuando se trata de instituciones que no encajan en una categoría oficial.

El gobierno federal busca que estas escuelas dejen atrás el modelo militarizado, pero aún necesita identificarlas y después comprobar que sus prácticas hayan cambiado, asegura la investigadora. Cambiar el nombre de una institución no garantiza que cambien las formas de disciplina, las relaciones de autoridad o la convivencia dentro de ella. 

—¿Cómo puede una familia saber exactamente qué está eligiendo si la autoridad educativa tampoco tiene claro qué existe?

Guanajuato y la defensa del modelo

Guanajuato, un gobierno abiertamente de oposición política, decidió tomar un camino contrario al del decreto federal: sus seis Bachilleratos Bivalentes Militarizados (BBM) seguirán abiertos. Para Luis Ignacio Sánchez Gómez, secretario de Educación de la entidad, no es posible medir con la misma vara un internado privado donde ocurre una tragedia que un aula pública del nivel medio superior. La diferencia, sostiene, no está solo en el nombre, sino “en quién vigila las llaves de la puerta”.

En el estado el modelo comenzó en 2018. Fue importado de una experiencia similar en Nuevo León. Hoy atiende a 3 mil 522 alumnos en seis planteles especializados en ciberseguridad, protección civil y seguridad ciudadana. Guanajuato es un estado sacudido por las diversas dinámicas de la violencia, por eso el proyecto nació con una oferta difícil de rechazar para las familias de los polígonos más rezagados de León, Celaya o Irapuato.

Para el secretario, el verdadero valor del modelo se entiende al mirar los mapas de la periferia. “Es una escuela completamente gratuita que cubre desde los uniformes hasta los tres alimentos diarios de los estudiantes”. Las opciones escolares tradicionales son más limitadas, los bachilleratos ofrecen una rutina rígida de horarios extendidos, deportes y acompañamiento constante. Sánchez Gómez lo presenta como una forma de contención social.

La administración estatal defiende la decisión con sus propios indicadores: el 73 % de los egresados de la generación 2023-2026 continuaron hacia la universidad. Mantener a un estudiante en este modelo le cuesta a Guanajuato alrededor de 80 mil pesos anuales, una cifra que contrasta con los apenas 10 mil pesos que el estado destina a un alumno de un bachillerato público ordinario. 

La resistencia legal del gobierno del estado frente a la decisión federal se construyó sobre una decisión técnica. La prohibición ordenada por la SEP nacional apunta hacia la educación básica —primarias y secundarias— y a los centros particulares que operaban en la opacidad. Al pertenecer al nivel medio superior y ser operados con recursos estatales, Guanajuato argumenta que sus planteles se mantienen dentro de la ley.

Sánchez Gómez reconoce que, tras las muertes de los tres menores, la palabra “militarizado” genera incomodidad, pero asegura que, desde 2024, las Fuerzas Armadas no meten las manos en la pedagogía ni en la operación de sus escuelas. No hay armas en los casilleros, no hay internados y se prohibieron las celdas de arresto. Es una estructura civil que incluso estaría dispuesta a cambiar de nombre, si es necesario, para sobrevivir. 

“Están comparando peras con manzanas”, dice. Para el secretario, las decisiones que se toman “desde el centro” no siempre responden a las necesidades que existen en las calles y comunidades de los estados. La SEP federal establece las normas del sistema educativo, pero son las autoridades estatales quienes lo operan y conocen de cerca la realidad de las escuelas y de los estudiantes. Es desde esa “trinchera”, sostiene, donde se enfrentan las necesidades cotidianas de los planteles y se toman decisiones sobre su funcionamiento.

El nuevo ciclo escolar comenzó con escuelas que cambiaron de nombre, otras que suspendieron actividades y algunas que mantienen su modelo mientras esperan una definición. Para los estudiantes y sus familias, queda ahora la tarea de recomponer una decisión en la que habían apostado por una forma de educación que ya no tiene continuidad.

Mientras Halcones y el gobierno de Guanajuato defienden la formación militarizada como una opción para niñas, niños y adolescentes, la decisión federal busca retirar ese modelo de las escuelas tras la muerte de tres menores.