Animal Político · 4 de agosto de 2026
La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) aseguró que los más de 3 mil 500 estudiantes del Bachillerato Bivalente Militarizado (BBM) continuarán sus estudios, luego de que la dependencia estatal determinara que las disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que ordenan revisar y suspender instituciones educativas que operen bajo denominaciones como “militarizada”, “militar” o “castrense”, no aplican a este subsistema público de educación media superior.
Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el tema al responder una pregunta en su conferencia matutina sobre la decisión de la SEG de mantener en operación los bachilleratos militarizados.
La mandataria señaló que estos planteles no deben utilizar la denominación “militarizados”, debido a que no tienen relación con las Fuerzas Armadas, y defendió que la disciplina escolar debe mantenerse dentro de límites que eviten abusos contra niñas, niños y adolescentes.
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“Las escuelas militarizadas, primero, está mal seguir utilizando escuela militarizada porque no tiene nada que ver con el Ejército, con la Marina. Hace ya tiempo que, como lo explicó aquí el general secretario, que no tienen nada que ver con ellos”, dijo Sheinbaum.
La presidenta agregó que el uso de ese término puede generar la percepción de que existe influencia del Ejército o la Marina en estos centros educativos, lo cual, afirmó, no ocurre. “Entonces, hablar de escuela militarizada nos lleva a pensar pues que hay alguna influencia de las Fuerzas Armadas en las escuelas, y no”, señaló.
También explicó que la revisión impulsada por la SEP está relacionada con los límites de la disciplina en los centros escolares, a partir del caso de Dafne Zapata Quintos, una adolescente que murió en una academia con denominación militarizada en Tamaulipas.
“Segundo, ¿hasta qué punto la disciplina militar en una escuela primaria o secundaria puede llevar al abuso como fue el caso de Tamaulipas, porque es a partir de ahí que se toma la decisión por parte de la Secretaría de Educación Pública”, afirmó.
Sheinbaum sostuvo que las prácticas disciplinarias en las escuelas deben desarrollarse bajo condiciones que protejan los derechos de la niñez. “El tema de la disciplina, los límites para las niñas y para los niños, pues tiene que estar en el marco en donde no hay abuso y no hay violencia contra la niñez, porque hay que defender el derecho máximo de la niñez”, expresó.

La postura de la presidenta ocurrió un día después de que la SEG informara que, tras analizar los oficios emitidos por la SEP el 22 y 29 de julio, concluyó que las disposiciones federales están dirigidas principalmente a instituciones de educación básica y escuelas particulares, por lo que no afectan la operación del Bachillerato Bivalente Militarizado.
La dependencia estatal informó el 3 de agosto que este modelo educativo público continuará operando con normalidad y que las familias de los más de 3 mil 500 estudiantes pueden tener certeza sobre la continuidad de sus estudios.
De acuerdo con la SEG, el Bachillerato Bivalente Militarizado fue creado mediante el Acuerdo Secretarial 117/2018, es financiado al cien por ciento con recursos estatales y las carreras que ofrece —Ciberseguridad, Protección Civil y Seguridad Ciudadana— cuentan con registro ante la SEP, el cual fue ratificado recientemente.
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La Secretaría precisó que este modelo “no forma parte del Sistema Educativo Militar ni constituye formación militar”, sino que corresponde a un bachillerato tecnológico que incorpora elementos como disciplina, liderazgo, responsabilidad, trabajo en equipo, compromiso social y respeto a los derechos humanos.
La dependencia estatal también informó que en Guanajuato no existen escuelas particulares militarizadas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y que no se otorgarán autorizaciones para ofrecer educación básica bajo las denominaciones “Militarizada”, “Militar”, “Castrense” o similares, en cumplimiento de las disposiciones federales.
El conflicto sobre estas denominaciones surgió después del caso de Dafne Zapata Quintos, ocurrido en una academia con el nombre de Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas.
Tras los hechos, la SEP informó el 29 de julio que las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México deberían revisar las autorizaciones, permisos y RVOE otorgados a instituciones que operaran bajo modalidades o nombres relacionados con la instrucción o disciplina militar.

La SEP indicó que, para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, no debería operar ninguna institución educativa bajo las denominaciones “militarizada”, “militar” o “castrense”, y advirtió que, en caso de detectar planteles con esas características, procederían suspensiones de actividades y procedimientos administrativos correspondientes.
La dependencia federal también estableció que los planteles involucrados deberían entregar documentación escolar a estudiantes afectados y devolver pagos pendientes por servicios educativos no devengados.