La criminalización del aborto no solo es una carpeta de investigación

Por Mariana García Crisóstomo e Irékani Alarcón Acosta*

Cuando pensamos en la criminalización del aborto es común imaginar un expediente judicial, una denuncia, una carpeta de investigación, un proceso penal. Pero esa imagen, aunque real, es solo una parte de una historia mucho más amplia.

En GIRE hemos documentado, a través de los casos que acompañamos, que las personas que abortan son criminalizadas incluso antes de que exista cualquier intervención del sistema de justicia; la presencia del aborto en el código penal moldea la manera en que se brinda, o se niega, la atención médica.

Para profundizar en ello, desarrollamos Cómo se vive la criminalización, una investigación que explora, de forma visual y didáctica, cómo opera este fenómeno más allá de los tribunales: en los consultorios, en las salas de urgencias, en las comunidades y en las personas que llegan buscando atención.

El estigma que antecede a la ley

El punto de partida de esta investigación es contundente: considerar el aborto como un delito crea un estigma sobre quienes lo realizan. Esto es, el estigma no nace cuando se abre una carpeta de investigación, sino que surge desde la manera en que la ley define el aborto y de las condiciones que impone para acceder a él.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo reconoció al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017: penalizar el aborto de manera absoluta vulnera los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, y anula el derecho a decidir en todas sus dimensiones.

Aunque en buena parte del país el aborto voluntario está despenalizado parcialmente, esta frontera legal genera que quienes buscan este servicio lo hagan con miedo, dudas y autocensura. A su vez, impide que el personal médico considere al aborto como un servicio esencial de salud.

Así, la sola idea de que el aborto pueda ser un delito basta para transformar la manera en que se ejerce la atención médica.

El protocolo de la criminalización

A partir del análisis cualitativo de expedientes de casos acompañados por GIRE, identificamos un patrón alarmante: cuando el personal de salud sospecha que una persona indujo su aborto, la consulta deja de ser un espacio de cuidado y atención médica.

Se convierte, en cambio, en un espacio de vigilancia y de castigo. A esto le llamamos el protocolo de la criminalización: un conjunto de acciones y decisiones que, en lugar de contribuir a brindar atención conforme a los lineamientos clínicos adecuados, parecen priorizar la vigilancia y la interpretación de ciertas conductas como potencialmente delictivas.

Este protocolo siempre comienza con la sospecha y se expresa de distintas formas. Acciones como imponer una versión de los hechos, incurrir en negligencia médica, mantener a la persona usuaria en un estado de incertidumbre o distorsionar la información clínica conforman lo que GIRE llama la criminalización simbólica; se trata de prácticas que no tienen consecuencias legales directas, pero que provocan profundos sentimientos de culpa, vigilancia y desprotección.

Por otro lado, el inicio de un proceso judicial y las vulneraciones al debido proceso constituyen la criminalización penal, que es el rostro más contundente de la persecución institucional. Esto sucede cuando el hospital deja de ser un espacio de atención para convertirse en la antesala de una investigación judicial.

Aunque no exista una sanción penal, el protocolo de criminalización subordina la atención médica a la sospecha, y activa una serie de castigos.

Así, uno de los hallazgos más reveladores de esta investigación tiene que ver con la manera en que este protocolo transforma tanto a quien atiende como a quien es atendida.

El círculo vicioso de la desconfianza

Por un lado, el personal de salud —muchas veces sin proponérselo— comienza a leer cada gesto, cada palabra o cada antecedente clínico como posible evidencia de un delito; en este momento, deja de actuar como proveedor de salud y comienza a actuar como una extensión del sistema de justicia. A esto lo llamamos creación de culpa: el proceso por el cual la consulta médica adopta una lógica de investigación antes que de cuidado.

Por otro lado, las personas usuarias y sus familias responden a esta vigilancia con estrategias de autoprotección: hablan menos, cuidan lo que dicen, se reservan el derecho a declarar o prefieren no comunicar su estado de salud con claridad por miedo a sufrir más repercusiones. A esto lo llamamos creación de defensa.

Ambas dinámicas se nutren la una a la otra: la creación de defensa intensifica la sospecha por parte del personal médico, lo cual refuerza la búsqueda de un culpable. Así, una respuesta lógica al miedo suele interpretarse como confirmación de que “algo esconden”; se crea un círculo vicioso donde la desconfianza genera silencio, y el silencio alimenta más desconfianza.

La criminalización del aborto no afecta solo a quienes acuden a los servicios de salud. También alcanza a las personas que acompañan, familiares que reciben información distinta según a quién le pregunten o que se les intimida al pedir información.

Algunas viven con miedo de recibir un citatorio meses o años después, incluso cuando no se cometió delito alguno. El estigma, además, se reproduce en el hogar y en la comunidad, en formas de juicio y control que persisten mucho después de que termina cualquier atención médica.

Les invitamos a explorar Cómo se vive la criminalización y a compartirlo con quienes trabajan en salud, derecho o política pública. Entender que la criminalización del aborto no solo es una carpeta de investigación es el primer paso para exigir que el Estado abandone el derecho penal como herramienta para regular el aborto y avance hacia su despenalización total.♦ 

*Mariana García Crisóstomo es Investigadora auxiliar, e Irékani Alarcón Acosta es Investigador en GIRE.

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