Corte atrae caso Mahahual; revisará quejas ciudadanas que juzgadores en Quintana Roo rechazaron
Verónica Santamaría · 12 de agosto de 2026
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo los recursos relacionados con tres juicios de amparo promovidos por habitantes de la comunidad Mahahual, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, contra las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano que permitieron cambio de uso de suelo para el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean.
La decisión, tomada por unanimidad durante la sesión del 10 de agosto, lleva al máximo tribunal del país una disputa ambiental que podría establecer criterios sobre el acceso a la justicia ambiental, el interés legítimo de las comunidades para impugnar decisiones de planeación urbana y los plazos para promover juicios de amparo en asuntos relacionados con la protección del medio ambiente.
El caso llega a la Corte después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó el pasado 21 de mayo la conclusión de la evaluación de impacto ambiental para el proyecto que Royal Caribbean planeaba construir en Mahahual. La empresa desistió previamente de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pero los habitantes que cuestionan los cambios al uso de suelo mantienen abiertos los recursos judiciales contra las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano.
Irma Morales, abogada en la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano A.C. (DMAS), explicó en entrevista con Animal Político que tras el comunicado de la Semarnat volvieron a interponer un recurso contra la resolución sobre las modificaciones al cambio de uso de suelo otorgado por el municipio de Othón P. Blanco a Royal Caribbean.
“Hoy [10 de agosto] por unanimidad, los ministros votaron por atraer el caso y van a resolver las tres quejas que interpusimos contra los desechamientos de la demanda”, agregó.
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En un comunicado emitido tras conocer la resolución de la Corte, DMAS mencionó que la atracción representa un paso relevante para la protección judicial de las comunidades y del medio ambiente, pues permitirá que la Corte conozca un asunto que plantea cuestiones de interés y trascendencia nacional.
Mahahual: un caso ambiental de importancia para la Corte
La abogada Irma Morales subrayó que la decisión de las ministras y los ministros de la Corte es de suma importancia porque van a analizar y decidir si los recursos contra las resoluciones que desecharon las demandas de amparo que interpusieron los ciudadanos y la organización fueron extemporáneos o no, según resolvieron en su momento los juzgadores en Quintana Roo.
“Esto sirve muchísimo, no solo para Mahahual sino para otras luchas en materia ambiental porque, como sabemos, los municipios en cada estado modifican los programas de desarrollo urbano y eso repercute en cómo se van planeando las ciudades”, apuntó.
Asimismo, la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano celebró que la Suprema Corte haya atraído el caso y enfatizó que la decisión abre la puerta a que analice planteamientos de ciudadanos que han cuestionado desde la perspectiva del derecho humano a un medio ambiente sano y del acceso a la justicia ambiental.
Defensa ambiental de Mahahual, de lo local a lo federal
La decisión de la Corte tiene su origen en tres juicios de amparo promovidos por distintos grupos ciudadanos de Mahahual en contra de las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano.
Los asuntos dieron lugar a los recursos de queja 76/2026, 112/2026 y 113/2026, derivados de los juicios de amparo previos 57/2026, 129/2026 y 134/2026 que se encontraban ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Quintana Roo.
Irma Morales señaló que “ante ese panorama tan terrible, en el que el mismo tribunal iba a resolver las quejas, pensamos en hacer algo más y pedir a la Suprema Corte que atrajera el caso. Realizamos la petición a principios de junio en la Ciudad de México y bueno, las probabilidades no eran muy altas, pero teníamos la esperanza porque sí es un caso trascendental para el país”, explicó.
El pasado 9 de junio, a nombre de los ciudadanos, DMAS presentó ante la Suprema Corte la solicitud para que atrajera estos asuntos, al considerar que reunían los requisitos constitucionales de interés y trascendencia. La petición plantea principalmente la necesidad de que se establezcan criterios fundamentales para la justicia ambiental, entre los que destacan:
- El alcance del derecho humano a un medio ambiente sano frente a los Programas Municipales de Desarrollo Urbano.
- El reconocimiento del interés legítimo de las comunidades para impugnar decisiones de planeación urbana que puedan afectar su entorno.
- Los plazos para acceder al juicio de amparo en materia ambiental, bajo una interpretación que garantice el acceso efectivo a la justicia, conforme a la Constitución y el Acuerdo de Escazú.
- La aplicación de principios ambientales, como el precautorio, la participación ciudadana y el in dubio pro natura en la planeación del territorio.
Irma Morales comenta que la Corte va a decidir en cómo, cuándo y cuánto tiempo tiene la ciudadanía para defenderse de arbitrariedades de las autoridades municipales, como el cambio de uso de suelo. Además, podrá saber cuánto tiempo tiene para interponer una demanda de amparo bajo los estándares establecidos por el derecho ambiental.
Los siguientes pasos de la Suprema Corte en Mahahual
Para la abogada Irma Morales la atracción del caso representa un paso importante para la defensa ambiental en México, pues la resolución de la Corte podría establecer criterios que puedan ser retomados en otras disputas por la defensa del territorio. La decisión, añadió, podría servir como referencia para comunidades de otros estados que busquen impugnar modificaciones a los programas de desarrollo urbano o decisiones de las autoridades que afecten su entorno.
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Por ahora, las partes deberán esperar a que se desahoguen las formalidades del proceso y se asigne el asunto a una ministra o ministro, quien deberá elaborar un proyecto de resolución. Posteriormente, el Pleno de la Corte lo discutirá y determinará si los recursos de queja fueron presentados dentro del plazo correspondiente, antes de pronunciarse sobre los demás planteamientos del caso.