El laberinto de la marihuana. La frontera del estigma

En Ciudad Juárez, Chihuahua, el debate cambia de paisaje. No de fondo. En medio de la inmensidad del desierto, donde la línea con Estados Unidos organiza buena parte de la vida cotidiana, el cannabis se mueve entre dos realidades opuestas.

Al otro lado, una nación que ha avanzado significativamente hacia mercados regulados, con dispensarios legales y donde el gobierno federal recientemente reclasificó la marihuana como una sustancia de menor riesgo, reconociendo formalmente su uso medicinal. Apertura profundamente contradictoria: durante décadas, las políticas de Washington impulsaron la criminalización absoluta, una “guerra” que se exportó a México y que desembocó en una espiral de persecución y violencia sistémica.

Mientras en el norte el paradigma gira hacia la regulación y la salud pública, del lado mexicano el país sigue atrapado entre prejuicios, vacíos normativos y operativos intermitentes. Para millones de personas, cruzar esa línea invisible significa pasar de un modelo de libertades ganadas a uno donde la posesión sigue siendo la excusa perfecta para el “cochupo” y la extorsión policial.

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Francisco Servín, fotógrafo documental juarense e integrante del colectivo Frontera Cannábica, conoce esa distancia desde varios frentes. Él mismo fue uno de los señalados. De adolescente, recuerda, bastaron consumos esporádicos para cargar etiquetas que iban mucho más allá de la planta: el marihuano, el problemático, el sujeto a vigilar. Años después, especializado en comunicación visual y procesos creativos, regresó al tema desde otro lugar: la investigación, la imagen y el derecho a narrarse fuera del prejuicio.

Su tesis se concentró en una pregunta incómoda: cómo se construyó en México la figura del consumidor estigmatizado. Indagó no solo en leyes o discursos oficiales, sino en fotografías, chistes, series, titulares y bromas cotidianas; ese personaje torpe, improductivo o peligroso que durante décadas circuló en el imaginario público. Para Servín, la disputa también pasa por ahí: reconfigurar la forma en que se mira.

Su investigación no se quedó en el análisis. Llevó el trabajo al espacio público: intervenciones visuales con retratos de consumidores que colocó en la calle como una forma de confrontar el estigma desde la imagen. No se trataba de explicar, sino de mostrar. De obligar a mirar de frente a ese “otro” construido durante décadas.

En ese proceso, la distancia entre investigador y sujeto se desdibujó. Era, en sus palabras, un estigmatizado investigando a otro estigmatizado. La investigación dejó de ser un ejercicio externo y se volvió una forma de reconocerse en quienes retrataba. Ahí encontró una pista central: el problema no está solo en la ley o en la política, sino en la forma en que una sociedad ha aprendido a ver —y a juzgar— a quienes consumen.

En Juárez, explica, el estigma se vuelve geográfico. Empuja a muchas personas a consumir en lotes baldíos, tapias o espacios apartados para evitar señalamientos familiares, problemas laborales o encuentros con la policía. Esconderse, sin embargo, acarrea otros riesgos: violencia, abuso o exposición a entornos más hostiles que el consumo mismo. Para las mujeres, añade, esa vulnerabilidad se agudiza.

La frontera agrega otra capa de contradicción. Mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos —donde en varios estados el cannabis puede comprarse legalmente— y regresan a un entorno donde persisten sanciones administrativas, consecuencias migratorias o incertidumbre jurídica. La distancia entre ambos mundos no siempre se mide en kilómetros; a veces basta un puente internacional para cambiar radicalmente de estatus legal.

Servín impulsa una red que busca abrir el diálogo público desde la academia, pero no con el lenguaje tradicional de ella. No apuesta solo por una legalización inmediata; habla, primero, de información, reducción de daños y ciudadanía. Porque incluso en la frontera, donde dos modelos conviven frente a frente, el derecho más básico sigue siendo el mismo: dejar de vivir escondidos.

En Juárez basta mirar al “otro lado” para ver un modelo distinto de país. De este lado del río, en cambio, muchas veces la única opción sigue siendo esconderse porque no se viven las mismas garantías que a veces la centralidad concede. Como en la Ciudad de México. Donde algunos hacen lo contrario: ocupar la calle.

Como en el “Senadito”, donde el consumo dejó de esconderse para volverse visible. Frente al Senado de la República —donde durante años se prometió una ley que nunca llegó— opera otra forma de regulación: la que se organiza todos los días sobre un parque.

Bajo una carpa improvisada, entre parafernalia y carteles de consignas desgastadas, el olor persistente de la marihuana se mezcla con el humo del tráfico capitalino. Enrique Espinoza, “El Payo”, recibe preguntas, acomoda sillas y observa el ir y venir de una ciudad que aprendió a transitar frente a ellos.

Él fue uno de los que decidió quedarse cuando el antiguo plantón mutó; si antes la protesta consistía en exigir una ley, después se transformó en el acto de permanecer: convertir la presencia cotidiana en una forma de resistencia política.

Hoy, la Comuna 4:20 no se entiende a través de liderazgos verticales, sino como un ejercicio de aprendizaje compartido. Su apuesta es pedagógica: enseñar y aprender en comunidad para desmantelar el miedo. Para quienes integran la Comuna, la ilegalidad es el verdadero peligro; sostienen que, mientras el Estado mantenga el cannabis en la sombra, es mucho más fácil que los jóvenes se acerquen a sustancias y actividades realmente riesgosas.

Bajo esta consciencia, la Comuna ha delineado cinco políticas públicas que ya practican en el asfalto: la homologación con la Ley General de Control de Tabaco (donde se fuma tabaco, se puede fumar marihuana), un programa de reducción de riesgos y daños, un comité para el derecho al trabajo, el acompañamiento de maternidades 4:20 y el impulso de huertos urbanos.

Esta organización permite que en el espacio convivan dinámicas diversas: desde el rincón familiar hasta el refugio para oficinistas de paso. A todos los une el deseo de existir sin esconderse. En otros lugares del país, ese mismo gesto todavía implica riesgo. No todos pueden consumir en casa; muchos temen conflictos familiares o la discrecionalidad policial.

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Pero la conquista tiene límites. El permiso no es un derecho pleno: es una frontera. La ciudad los acepta siempre y cuando permanezcan en su esquina, confinados a una especie de gayola urbana. Enrique lo resume con una imagen incómoda: para algunos, estos espacios se parecen a una jaula; un sitio donde se permite estar, pero solo bajo la vigilancia de quienes juzgan desde afuera.

Sostener estos lugares exige un trabajo poco visible. Guardias, mesas jurídicas, mediación con autoridades, acompañamiento a personas detenidas. El entorno es complejo y las dinámicas propias de la ciudad —y de quienes disputan distintas zonas de ella— lo hacen aún más tenso.

Con el paso del tiempo, tras la pandemia y el crecimiento de estos puntos, comenzaron a aparecer intereses ajenos al activismo, atraídos por el flujo constante del mercado informal. Distintos actores se involucraron desde una lógica de negocio que la Comuna intenta contener sin asumir funciones que no le corresponden. Ante ello, insisten: no venden, resisten.

Mientras el Congreso posterga definiciones, en la banqueta ya existe una negociación diaria entre usuarios, policías y vecinos. Desordenada, imperfecta y tensa, pero real. En México, el cannabis cambió primero en la calle. Mientras que en la tribuna se diseñan leyes de papel, en el asfalto, la libertad se arrebata. Un gramo a la vez.