Edgar Ledesma · 16 de junio de 2026
A unos pasos de la fiesta mundialista, permanecen las carpas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE). Las pantallas del Fan Fest encendidas en el Zócalo y los turistas que se abren paso entre banderas de selecciones de futbol, banderas y ambulantes, conviven de cerca con las consignas en una ciudad que es a la vez sede del Mundial 2026 y epicentro de bloqueos, marchas y plantones.
La inauguración del Mundial 2026 ya pasó y la huelga magisterial no se fue con el silbatazo inicial. La CNTE mantiene su confrontación con el gobierno federal con tres demandas visibles: aumento salarial, abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 y desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), que regula el ingreso, la promoción y la carrera docente.

Esa última demanda no apareció únicamente como presión callejera; tiene una motivación específica y ubicable, pues forma parte de los compromisos políticos de Claudia Sheinbaum. La presidenta colocó la desaparición de la USICAMM en el punto 27 de sus 100 compromisos para el segundo piso de la Cuarta Transformación y durante la campaña presidencial, ofreció revisar ese sistema ante maestras y maestros.
En marzo de 2024, durante un encuentro con más de mil 500 docentes en Calkiní, Campeche, Sheinbaum dijo que quería ser recordada como “la presidenta de la educación pública” y prometió poner “por encima de todo a las maestras y maestros de México”.
Ahí también reconoció inconformidades con la USICAMM, aunque marcó distancia con el regreso al viejo modelo: “no vamos a regresar a lo que había antes, pero tampoco vamos a dejar lo que está ahora porque hay muchas injusticias en la USICAMM”.
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Detrás de esas exigencias hay una disputa más antigua que no sólo pasa por pensiones o salarios, también tiene que ver con el control de la vida profesional del magisterio, las decisiones sobre las plazas, los ascensos, las promociones y los cambios de escuela.
Se trata de una pelea que atravesó la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, la contrarreforma de Andrés Manuel López Obrador y ahora vuelve a colocar al gobierno de Sheinbaum frente a una forma de presión conocida: movilizar, bloquear, elevar el costo político, negociar y regresar a las calles cuando los acuerdos no se cumplen, pero ahora mientras se juega la Copa del Mundo de futbol.

Para Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ahí se encuentra una parte central del conflicto. En entrevista con Animal Político sostiene que durante décadas las dirigencias sindicales tuvieron “el control de la vida profesional de los docentes” al influir en el ingreso al servicio, las promociones, los aumentos salariales y los cambios de escuela, decisiones que, según su lectura, no sólo definían la carrera de los maestros, sino también la capacidad de los sindicatos para movilizarlos.
Ese poder, afirma Nuño, se utilizaba de forma clientelar porque un maestro que buscaba una recontratación, una promoción o un cambio de escuela debía mantenerse en buenos términos con los líderes y realizar “trabajo político” para el sindicato; en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ese trabajo estaba más relacionado con la movilización electoral, mientras que en la CNTE se expresaba principalmente mediante protestas, marchas y plantones.
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Desde esa perspectiva, la reforma educativa de Peña Nieto buscó romper esa relación, aunque fue presentada como un cambio para mejorar la calidad educativa, también intentó ordenar el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros mediante el Servicio Profesional Docente, evaluaciones y concursos, con el objetivo de que las plazas y los ascensos dejaran de depender de una dirigencia sindical. “Cada maestro que gana su plaza por concurso deja de depender del sindicato”, sostiene Nuño.
Para el exfuncionario, ese fue el golpe más fuerte al poder de la CNTE, que agrupa al magisterio disidente, y también del SNTE, el sindicato oficial, porque si un maestro podía ingresar al sistema o ascender sin pedir autorización a una dirigencia, también dejaba de estar obligado a marchar, movilizarse o realizar trabajo político para conservar beneficios laborales. Nuño asegura que al inicio de la reforma en 2013, la CNTE pudo movilizar a unos 80 mil maestros en la Ciudad de México y sostener un plantón durante meses, pero cinco años después, afirma, su capacidad de movilización había caído a menos de 10 mil personas.
Considera que la cancelación de esa reforma durante el gobierno de López Obrador devolvió poder a las dirigencias magisteriales, pues a su juicio Morena debilitó los instrumentos que el Estado tenía para gobernar el sistema educativo y restituyó “el viejo sistema corporativo” que la reforma de Peña Nieto había intentado desmontar.

La de Aurelio Nuño, sin embargo, es sólo una interpretación del conflicto. Manuel Antón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, considera que mirar a la CNTE únicamente como un grupo de presión o de chantaje político resulta insuficiente, ya que deja fuera su origen como corriente disidente dentro del SNTE y su demanda histórica de democracia sindical frente a una estructura que ha pactado con los gobiernos en turno.
Desde esa mirada, la CNTE se moviliza porque los canales institucionales no resuelven sus demandas y porque las autoridades suelen reaccionar hasta que el conflicto ya escaló; una lógica que Antón compara con la de vecinos que presentan oficios durante meses para pedir agua y sólo son atendidos cuando bloquean una avenida, porque en México, afirma, la autoridad suele ser omisa y muchas veces hay que forzarla a reaccionar.
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Por ello advierte que “la mirada que hace un demonio a la CNTE” impide entender la complejidad social del conflicto, pues a su juicio, la Coordinadora conserva legitimidad en sectores del magisterio porque exige lo que el sindicato oficial negocia de espaldas a sus bases y porque la protesta actual también responde a promesas hechas desde el poder, principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la desaparición de USICAMM.
Ambas demandas fueron alentadas por compromisos políticos, porque López Obrador llegó al poder con la oferta de cancelar la reforma educativa de Peña Nieto, mientras que Sheinbaum también prometió atender los reclamos del magisterio disidente, incluida la revisión del sistema de pensiones y la desaparición de USICAMM. El problema, reconoce Antón, es que una cosa fue prometerlo en campaña y otra cumplirlo desde el gobierno, por ello considera que las autoridades deben hacerse cargo de lo que ofrecieron, aunque regresar al viejo esquema de pensiones sea complejo.

Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, ubica el debate en un punto intermedio, al considerar que la CNTE es al mismo tiempo una disidencia sindical, un movimiento magisterial de base, un actor político con presencia territorial y un contrapeso en la discusión educativa, aunque advierte que romantizarla impide analizar su poder real y sus mecanismos de presión.
Maldonado sostiene que quienes defienden a la CNTE muchas veces no son capaces de hacer una crítica al movimiento ni a lo que plantea, mientras que sus detractores la reducen a un grupo de choque o de provocación sin reconocer que también tiene base social y demandas laborales, por lo que, en su lectura, el punto más delicado sigue siendo el control de las plazas docentes.
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A su juicio, la reforma de Peña Nieto sí buscó restar poder al sindicato, no sólo a la CNTE, sino al sindicalismo magisterial en general, porque al crear reglas para ingresar al servicio, evaluar y promover maestros, redujo espacios de negociación política sobre las plazas. Sin embargo, aquella reforma también fue implementada en un ambiente de confrontación que convirtió la evaluación en una amenaza para muchos docentes y terminó siendo vista como una reforma más laboral que educativa.
Esa interpretación permite observar el conflicto sin simplificaciones, porque la reforma de Peña Nieto buscó ordenar el ingreso y la promoción docente mediante un modelo que agraviaba a una parte del magisterio, mientras que la reforma de López Obrador eliminó la parte más punitiva, aunque no resolvió de fondo cómo debe organizarse la carrera docente, y ahora, con Sheinbaum en la presidencia, la CNTE vuelve a las calles para exigir que desaparezca lo que considera una herencia de aquel modelo.

En ese punto aparece la USICAMM como el nuevo campo de batalla. Para el gobierno se trata de un mecanismo que regula el ingreso, la promoción y el reconocimiento de maestras y maestros, mientras que para la CNTE representa una forma de control laboral que mantiene viva parte de la reforma anterior.
Al respecto, Aurelio Nuño sostiene que ya existe intervención sindical en el sistema, pero eliminarlo por completo podría otorgar todavía más poder a las dirigencias. Alma Maldonado, por su parte, opina que desaparecerlo sin construir algo mejor sería un retroceso.
La pregunta de fondo es quién decidirá qué maestra o maestro entra al sistema, quién asciende, quién cambia de escuela y quién obtiene una plaza si ese mecanismo desaparece. Maldonado advierte que el peor escenario sería regresar a esquemas donde la participación en el movimiento, las marchas o la cercanía con dirigencias sindicales pesen más que los méritos profesionales, por ello insiste en que el país necesita discutir qué tipo de docentes quiere y cuáles deben ser las reglas mínimas para garantizar mejores aprendizajes.
Mientras esa discusión sigue abierta, la CNTE mantiene su método de presión, movilizando a sus bases, instalando plantones, bloqueado vialidades, tomando casetas, presionando en momentos políticamente sensibles y sentándose a negociar cuando el costo para el gobierno ya es alto.
Nuño define esa ruta como “movilización, negociación, movilización”, mientras que Maldonado coincide en que la estrategia le ha funcionado a la CNTE porque sabe leer los momentos políticos y elevar el costo para los gobiernos.
Para Antón, en cambio, el problema no comienza con el bloqueo, sino mucho antes, porque desde su perspectiva, si los gobiernos atendieran a tiempo las demandas y cumplieran sus promesas, la movilización no tendría la misma legitimidad ni la misma fuerza. “La causa del plantón no es quienes lo hacen, sino quienes lo provocan por falta de respuesta”, afirma.
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El conflicto también tiene un costo educativo, ya que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha señalado que el paro afecta a estudiantes en los estados donde la CNTE tiene mayor presencia, mientras la discusión pública se centra en si los maestros movilizados siguen cobrando aunque no estén frente a grupo.
Sheinbaum ha dicho que en Oaxaca existen acuerdos de años atrás para que los docentes no pierdan el salario cuando se movilizan y que no se trata de una concesión de su gobierno.
Nuño rechaza esa explicación. A su juicio, dejar sin sanción las ausencias durante el paro es otra concesión derivada de la cancelación de la reforma educativa, mientras que para la CNTE la protesta forma parte de una lucha por mejores condiciones laborales y por una pensión digna.

El gobierno de Sheinbaum intenta ahora contener el conflicto sin entregar todo lo que la CNTE exige, por lo que ha ofrecido revisar la USICAMM, fortalecer Pensionissste y abrir una consulta directa con maestras y maestros, escuela por escuela, además de enviar el mensaje de que el diálogo no debe depender únicamente de las dirigencias de la CNTE.
Esa estrategia encierra una paradoja, porque la CNTE nació reclamando democracia sindical frente al SNTE y denunciando pactos de cúpula, pero ahora el gobierno intenta saltarse a sus dirigencias con el argumento de escuchar directamente a las bases. Mientras tanto, la presión continúa en las calles porque la CNTE sabe que su fuerza no está sólo en las mesas de negociación, sino también en su capacidad de interrumpir el curso cotidiano de una ciudad, esta vez en una que se presenta ante el mundo como sede mundialista.
A Sheinbaum le corresponde enfrentar un conflicto heredado, pero también una promesa propia, porque llegó al poder con una coalición política que durante años acompañó la crítica a la reforma educativa de Peña Nieto, abrió canales de interlocución con el magisterio disidente y colocó entre sus compromisos la desaparición de la USICAMM, aunque ahora su gobierno sostenga que no puede eliminar ese sistema sin construir otro mecanismo para regular la carrera docente. La CNTE ahora le exige respuestas en la calle.
📚 La presidenta Claudia Sheinbaum señala que “de momento no” tienen previstas más reuniones de diálogo con la CNTE
⭕ Sin embargo, informa que están planeadas reuniones tripartitas en los estados y atender las exigencias de los docentes. pic.twitter.com/OVsbb3Aeew
— Animal Político (@Pajaropolitico) June 15, 2026
Nuño sostiene que Morena devolvió poder a la CNTE y que hoy ese poder regresó convertido en presión. Antón responde que el problema no es la protesta, sino el incumplimiento de los gobiernos. Maldonado advierte que ambas lecturas deben analizarse de manera conjunta, porque la Coordinadora tiene base social y demandas reales, pero también disputa poder sobre plazas, ascensos y carrera docente.
El conflicto puede moverse de la calle a la mesa, del plantón a una consulta o de la promesa de pensiones a una nueva reforma educativa. También puede terminar, como ha ocurrido otras veces, con una tregua temporal o con más recursos para desactivar la movilización. Sin embargo, volverá mientras México no defina cómo quiere elegir, promover y evaluar a sus maestros sin convertir la carrera docente en una amenaza laboral ni en una moneda de cambio sindical.