¿Fortalecimiento institucional con exclusión del talento docente?

Cada día, millones de niñas y niños mexicanos llegan a las aulas para aprender, desaprender, desarrollar habilidades y comprender el mundo que los rodea. La calidad de esa experiencia depende en gran medida de quién guíe su educación. Decidir cómo seleccionar a quienes enseñan a las nuevas generaciones es, por tanto, una decisión que moldea el destino del país.

El pasado 6 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó por unanimidad una ley que otorga prioridad de ingreso al magisterio a las y los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de los Centros de Actualización del Magisterio (CAM). La resolución se sustentó en el argumento del “fortalecimiento institucional”, incluso por encima de los principios de igualdad de condiciones que establece el artículo 3 constitucional. El ministro ponente Irving Espinosa Betanzo fundamentó su decisión en las intenciones expresadas en la iniciativa de reforma educativa de 2019: la revalorización del magisterio. Surge la pregunta de si estos criterios garantizan la calidad en la preparación de las y los docentes.

Un criterio de fortalecimiento que genera exclusión

Para el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, esta resolución representa lo que él llama “la mera recuperación del viejo y peligroso espíritu del legislador”. Se refiere a un método de interpretación constitucional donde el alcance de las normas depende de cómo las y los ministros infieren intenciones políticas en lugar de analizar la Constitución y sus principios.

Así, se deja de lado el interés superior de la niñez, y se confunden dos objetivos inconexos: asegurar que las escuelas normales, UPN y CAM sean atractivas como trampolín profesional y fortalecer su capacidad académica. El riesgo es que el privilegio de acceso no se acompañe de políticas que garanticen mejoras en infraestructura, programas de estudio y capacitación docente en las instituciones formadoras de maestros.

Con esta decisión, la Corte transforma el mandato de fortalecimiento institucional en una garantía de contratación. Ello disminuye la competitividad y los estímulos para una mejor preparación. A cambio, se otorga un esquema de protección administrativa que evita problemas políticos al actual Gobierno.

La ingeniería del proceso de admisión docente: cómo opera la USICAMM

Para entender la gravedad del fallo, es necesario observar cómo operan las convocatorias de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). A grandes rasgos, el proceso es lineal: las personas interesadas presentan evidencias, diagnósticos y acreditan cursos para sumar puntos. Los resultados se organizan de mayor a menor puntaje y las plazas se entregan a quienes obtienen las calificaciones más altas.

Sin embargo, una posible implicación del fallo de la SCJN es que ahora se generen dos bloques de aspirantes: la “lista 1” (normalistas públicos y egresados de UPN y CAM) y la “lista 2” (provenientes de universidades públicas y privadas). Se podría agotar la totalidad de la primera lista antes de ofrecer una sola plaza a la segunda.

La investigación de Bedoya, de Hoyos y Estrada sobre la reforma educativa previa en México encontró que los sistemas basados en el mérito mejoran directamente el aprendizaje del estudiantado. Por el contrario, favorecer el origen institucional sin asegurar la calidad de las escuelas de maestros debilitan los mecanismos que aseguran que las y los mejores profesionales lleguen a las aulas.

La contradicción entre discurso y recursos

Para determinar si esta medida de la SCJN contribuye a la meta de “fortalecer las instituciones formadoras de docentes”, conviene revisar qué tanto ha invertido el Estado a ese fin. Entre 2018 y 2026, el presupuesto de la UPN disminuyó 15.6 % en términos reales (ver gráfica 1), mientras que el destinado a educación normal —por ejemplo, en la Ciudad de México— cayó 21.2 % (ver gráfica 2). El gasto por docente en desarrollo profesional se desplomó 77.4 %, pasando de poco más de 400 pesos a menos de 100 pesos por docente.

 

Estas cifras plantean una pregunta incómoda sobre la coherencia entre la normativa aprobada y las decisiones presupuestales. No se puede asumir que alcanzaremos el máximo logro de aprendizajes que prescribe la Constitución, si se debilita financieramente a quienes forman a las y los maestros. La excelencia no se construye con resoluciones judiciales, sino con inversión sostenida que permita a las instituciones robustecer programas académicos que aseguren que las personas egresadas son las mejores.

Una propuesta para conciliar equidad y excelencia

La decisión de la Suprema Corte puede representar un retroceso si no se fortalecen las instituciones que forman a los docentes. Con la intención declarada de “revalorización del magisterio”, se han puesto las condiciones para regresar al proteccionismo laboral, que confunde mérito con afiliación institucional.

Una alternativa ante esto sería establecer un rango o puntaje sobresaliente en las evaluaciones de ingreso. Bajo este esquema, cualquier aspirante que lo alcance se integraría a una lista de asignación inmediata, sin importar si proviene de una institución pública o privada, o si las unidades administrativas tienen otras prioridades.

Esta propuesta no elimina el criterio de preferencia para las normales públicas, siempre y cuando sus egresados y egresadas coincidan con los perfiles más destacados. De esta manera se genera un incentivo real para la mejora institucional, empujando a las escuelas normales, UPN y CAM a competir por la calidad de sus egresados, en lugar de depender de plazas aseguradas. Al robustecer la capacidad académica y de investigación educativa para mejorar la formación de formadoras y formadores, finalmente se estaría logrando el objetivo de fortalecimiento institucional.

Hacia una verdadera revalorización docente

El Estado debe atender su responsabilidad de financiar de manera sostenida la formación docente. El interés superior de la niñez debe ser la brújula y no consideraciones políticas o gremiales. La resolución unánime de los nuevos ministros de la Corte preocupa no sólo por la lógica política que la guió, sino por sus consecuencias. Con esta decisión, se aleja aún más la posibilidad de construir un sistema educativo que atraiga a las personas mejor preparadas e innovadoras, que logren el máximo aprendizaje de sus estudiantes.

* Marco Antonio Fernández Martínez es director de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad y profesor-investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, ambas del Tec de Monterrey. Coordina, además, el programa de Educación y Anticorrupción en México Evalúa. Ana Gabriela Nuñez y Javier Patiño García son investigadores de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad. Éste último es también investigador asociado de México Evalúa. Los autores agradecen las observaciones de Sandra Reyes, Roberto de la Rosa, Daniel Hernández y Karla Contreras.