Familias de Ayotzinapa: la Corte retrasa la justicia al atraer recurso

Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acusaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prolongó el proceso de justicia al atraer, el pasado 7 de julio, un recurso de revisión contra la sentencia emitida en 2018 por un tribunal de Tamaulipas, que ordenó crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso, decisión que calificaron como inexistente en la legislación y que, afirmaron, prolonga la búsqueda de verdad y justicia.

Las declaraciones fueron difundidas mediante un comunicado fechado el domingo 26 de julio y publicado el lunes 27 de julio a través de redes sociales, en el que también reiteraron su rechazo a la Recomendación 208/2026VG de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa.

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En el documento, los familiares señalaron que, a dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los estudiantes, mantienen su exigencia de conocer el paradero de sus hijos y acusaron a las autoridades de apostar al desgaste de las familias.

“El pasado 7 de julio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer un recurso de revisión, supuestamente extraordinario, pero que en las leyes no existe, de una sentencia que fue emitida desde el año 2018 por un Tribunal de Tamaulipas, alargando así el proceso de justicia y el dolor de las madres y padres que solo buscamos el paradero de nuestros seres queridos“, señalaron.

Denuncian incumplimiento de compromisos por parte de la CNDH

En el mismo comunicado recordaron que el 9 de julio la CNDH emitió una recomendación sobre la desaparición de los estudiantes y reiteraron su rechazo al documento al considerar que “está fuera de lugar y por no contener la verdad”.

Los padres y madres afirmaron que únicamente sostuvieron dos reuniones con la CNDH, una en marzo de 2021 y otra el 25 de marzo de 2022. Indicaron que, en ese último encuentro, el organismo firmó un documento con cinco compromisos, entre ellos investigar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por presuntas acciones relacionadas con el caso, revisar la actuación de la Fiscalía General de la República en distintos aspectos de la investigación, impulsar una solicitud ante la SCJN respecto de la jurisdicción homologada planteada por las familias y dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Sin embargo, sostuvieron que ninguno de esos acuerdos fue cumplido y acusaron a la Comisión de centrar su actuación en proteger al Ejército y desacreditar el trabajo realizado por el GIEI, organismos internacionales y organizaciones que han acompañado a las familias durante más de una década.

Asimismo, señalaron que la recomendación de la CNDH busca regresar a la versión presentada por el gobierno federal en 2014 al reducir el caso a un hecho local con participación de policías municipales y delincuencia organizada, sin atribuir responsabilidad al Ejército ni a la Marina. También afirmaron que el organismo dejó de actuar del lado de las víctimas.

Movimiento Ciudadano promueve comparecencia de Rosario Piedra Ibarra

La postura de las familias se difundió mientras continúa la controversia por la Recomendación 208/2026VG. Este lunes, la Comisión Permanente recibió una proposición con punto de acuerdo presentada por el senador Clemente Castañeda y el diputado Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, para exhortar al Senado a convocar a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, a una reunión de trabajo para que explique el contenido del documento.

La iniciativa sostiene que la recomendación concluye que no existió responsabilidad institucional del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas y limita la actuación de personal militar a omisiones individuales. También cuestiona que la Sedena no figure entre las autoridades destinatarias del documento, pese a que existen procesos penales contra militares por su presunta participación en los hechos.

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Los legisladores también señalaron que la recomendación desacredita los informes del GIEI, los trabajos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y las investigaciones de organizaciones civiles.

Cuestionamientos al informe y deslinde del Ejecutivo

Además, retomaron información de esos informes para señalar que distintas áreas de la Sedena tuvieron conocimiento previo y durante los hechos, realizaron labores de inteligencia y posteriormente incurrieron en actos de ocultamiento u omisión en la entrega de información, aspectos que, afirmaron, continúan siendo materia de investigación.

La proposición también recuerda que la recomendación generó cuestionamientos por parte de organizaciones civiles, de la representación legal de las familias de los estudiantes y de especialistas vinculados al caso, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó públicamente del contenido del documento y encomendó a la Secretaría de Gobernación realizar una revisión detallada del mismo.

Por su parte, la CNDH sostuvo que no tiene facultades para absolver ni responsabilizar a ninguna institución, ya que esas atribuciones corresponden al Ministerio Público y a las autoridades jurisdiccionales.