Alexis Ortiz · 14 de julio de 2026
No solo exculpó al Ejército. En su nueva recomendación por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, a casi 12 años de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también quitó responsabilidades a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que —según especialistas internacionales que investigaron el caso— habrían manipulado pruebas y torturado a personas presuntamente involucradas en el crimen.
Aunque el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa (CoVAJ) documentaron la participación de elementos de la Marina y del Ejército en el caso Ayotzinapa, la CNDH desestimó los elementos de prueba y redujo la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, a un crimen cometido por policías estatales y municipales coludidos con el crimen organizado.

En su más reciente recomendación sobre el caso, la 208VG/2026, difundida la semana pasada, la CNDH desestimó los señalamientos hacia la Marina utilizando como sustento dos declaraciones que esta misma institución le envió. En dichas declaraciones la Semar niega la participación de sus elementos en actos de tortura y la manipulación de pruebas.
Esto contrasta con los hallazgos del GIEI y la CoVAJ. A través de testimonios, documentos, videos y fotografías, ambos equipos —uno independiente y el otro institucional— señalaron que elementos de la Marina habrían alterado pruebas, además de detener y participar en la tortura de personas presuntamente involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un hecho que, hasta el año 2023, llevó al arresto de por lo menos dos funcionarios de la Marina.
El GIEI y la CoVAJ también lograron demostrar que, un mes después de la desaparición de los normalistas, integrantes de la Semar manipularon sin una orden legal el basurero de Cocula, señalado como escena del crimen en la versión de la llamada “verdad histórica” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con esa versión oficial, ese es el lugar donde los estudiantes habrían sido incinerados tras ser secuestrados por el crimen organizado.

Sobre los actos de tortura cometidos por elementos de la Marina señalados en el último informe del GIEI publicado en 2023, se señala que los funcionarios participaron en la detención de presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, quienes fueron trasladados a instalaciones de la Semar en la Ciudad de México, donde habrían sido torturados.
“No sólo el traslado a instalaciones está prohibido por la ley y manuales internos de SEMAR, sino que además, los hombres que capturaron hicieron intervenciones en los interrogatorios previos a ponerlos a disposición de la autoridad competente bajo modalidades de tortura”, señaló el GIEI en su último informe del caso.
La tortura cometida contra los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas generó impunidad y que los estudiantes aún no hayan sido encontrados, ya que jueces federales ordenaron la liberación de varios de los supuestos responsables por las agresiones que sufrieron de parte de las autoridades en los interrogatorios.
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Aunque la responsabilidad de la Marina ya había sido admitida incluso por funcionarios federales de alto nivel en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en su nueva Recomendación la CNDH negó las irregularidades cometidas por la Semar al señalar que el GIEI fue “vago” en sus señalamientos.
La CNDH sustentó su postura en una declaración que la propia Semar le envió para proteger a sus elementos. “La participación que tuvo el personal naval en los hechos se limitó únicamente a brindar seguridad perimetral y vigilancia a los elementos aprehensores”, señaló la Marina sobre la captura de tres personas que habrían sido torturadas.

Tras múltiples solicitudes de acceso a la información hechas a la Marina, el GIEI y la CoVAJ lograron acceder a videos y documentos que también muestran que un dron de esta institución fue sobrevolado en el basurero de Cocula el 27 de octubre de 2014 y un día después, el 28 de octubre, unos 25 elementos de la institución realizaron trabajos en la zona. Para ese momento ya había pasado un mes desde la desaparición de los normalistas.
Oficialmente el gobierno federal había informado que la Marina solo estuvo presente en el basurero el 29 de octubre, sin haber informado que los días 27 y 28 decenas de integrales de la Semar estuvieron en ese lugar en el que primeramente se había dicho que los 43 normalistas habían sido incinerados.
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En los videos obtenidos por el GIEI se observa a elementos de la Marina moviendo cosas dentro del basurero de Cocula y quemando cosas. A pesar de esto, la CNDH volvió a desestimar esta intervención con una declaración que la propia Semar le envió.
La Marina declaró a la CNDH que la presencia de sus elementos en el basurero de Cocula “consistió en resguardar el área y brindar seguridad física a personal de la entonces Procuraduría General de la República que practicaba diversas diligencias; así como en inmediaciones del río San Juan, coadyuvando en la búsqueda en dicha área por personal de Trabajos Submarinos de esta Institución”.

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos cuestionaron la Recomendación emitida por la CNDH porque exculpó al Ejército y la Marina de sus responsabilidades, a pesar de que el gobierno federal ya lo había calificado como un “crimen de Estado” por la participación de las autoridades de todos los niveles.
“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas. Se trató de un crimen de Estado”, llegó a decir Alejandro Encinas, el titular de la CoVAJ encargado del gobierno federal de las investigaciones del caso Ayotzinapa en el sexenio de López Obrador.
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Tras la Recomendación emitida por la CNDH, la propia presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó del contenido del documento y aseguró que su gobierno no tuvo nada que ver.
“Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe”, señaló la presidenta Sheinbaum al ser cuestionada sobre la Recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.