Caso Athos y Tango: defensa presentará denuncias por corrupción contra ministro de la Corte
Alfredo Maza · 20 de marzo de 2026
La Suprema Corte cerró la última vía legal en el caso de envenenamiento de Athos y Tango, pero la defensa de Édgar Martínez, dueño y entrenador de los dos perros rescatistas, alista una nueva ofensiva para reabrirlo con denuncias por corrupción y la intención de llevar el expediente a instancias internacionales.
La nueva estrategia contempla denunciar por presuntos actos de corrupción al ministro Irving Espinosa Betanzo, electo por voto popular en las pasadas elecciones judiciales y ponente del último recurso en el caso Athos y Tango, así como a dos magistrados en Querétaro.
Además, intentará revertir el fallo de la Suprema Corte, el cual dejó firme la sentencia de un tribunal colegiado que abre la posibilidad de reducir la condena contra Vicente Patiño —responsable de envenenar a Athos y Tango en 2021— de 10 años y seis meses a cuatro años de prisión.
En su fallo, la Suprema Corte avaló por unanimidad de votos eliminar la reparación del daño histórico por 2.4 millones de pesos, para limitarse al “valor comercial” y gastos de manutención de los caninos.
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Ante este escenario judicial, la abogada de las víctimas, Mónica Huerta, acusó al sistema de llevar a cabo una “simulación de estado de derecho”, razón por la cual seguirá buscando justicia en el caso.
“El problema es que el mensaje es claro: cualquier persona puede matar a un animal sin tener consecuencias, sin tener una sanción real. Entonces nos vamos a encontrar con este y mil casos de maltrato y crueldad animal más, porque no hay justicia y no hay una sanción real para este tipo de casos”, señaló la abogada en entrevista con Animal Político.
“Ni siquiera leyeron el recurso”: la crítica a la SCJN
Para la defensa legal del caso Athos y Tango la última resolución del máximo tribunal del país no significa un aval técnico o jurídico a la reducción de la condena, sino un acto de apatía institucional.
“No es que avale la reducción, simplemente no les importó entrar al estudio”, señaló Huerta, quien aseguró que en la Corte “ni siquiera leyeron el último recurso”.
La abogada también denunció que existe “una enorme discriminación por atender casos en delitos contra los animales” en el país, y cuestionó la incongruencia del sistema de justicia: de nada sirve incluir el bienestar animal como bandera política o en la Constitución si las autoridades no aplican la norma.
“Si nuestro órgano supremo no tutela sus propias resoluciones, entonces, ¿en qué estado de derecho nos encontramos?”, dijo refiriéndose a que el 30 de octubre de 2024, la Primera Sala de la Suprema Corte había resuelto que la agravante por la “utilización de métodos crueles” en el delito de crueldad animal era constitucional, por lo que no se vulneraba el principio de no ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Sin embargo, al regresar el asunto al Tribunal Colegiado este órgano aceptó el mandato de la Primera Sala, pero utilizó un tecnicismo diferente (legal) para reducir la pena del responsable, decisión que fue aceptada por la nueva Corte en su resolución de ayer.
Denuncias de corrupción y el olvido de las víctimas
Ante lo que consideran un desacato del Tribunal Colegiado en Querétaro, la defensa inició acciones directas contra los funcionarios involucrados. La abogada Mónica Huerta informó que presentará “tres denuncias en el Tribunal de Disciplina Judicial —creado tras la aprobación de la reforma judicial y cuyos integrantes también fueron electos por voto popular— para dilucidar posibles hechos de corrupción”.
Los señalados en estas denuncias son el exmagistrado Eustacio Esteban Salinas Wolberg y el magistrado Aloys Rütter Castro, encargados de los proyectos en el tribunal en Querétaro, así como el ministro de la Suprema Corte, Irving Espinosa Betanzo, a quien la abogada acusa de “no atender y negar el derecho de audiencia” en este último recurso.
A la par, el equipo legal presentará un incidente de inejecución de sentencia para que la Corte analice si su primera resolución fue realmente acatada. Es decir, la emitida por la extinta Primera Sala de la Corte —desaparecida como consecuencia de la reforma judicial.
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La defensa también busca visibilizar a Édgar Martínez, entrenador de Athos y Tango, considerado como la víctima humana detrás del asesinato de los perros. Por este motivo, se presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos por las violaciones al proceso de Édgar, señalando que detrás del caso “hay una persona que está buscando que la justicia se aplique como dice la norma”.
La lucha legal también busca seguir visibilizando las historias de los perritos rescatistas Athos, un perro certificado internacionalmente por la Cruz Roja y que rescató a personas en el sismo de 2017 en la Ciudad de México, y Tango, que brindaba asistencia emocional.
Defensa de Athos y Tango buscará escalar el caso a nivel internacional
Con las vías nacionales agotadas, el equipo legal de Athos y Tango también analiza escalar el caso a nivel internacional. Evalúan presentar el expediente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o Amnistía Internacional (AI) “para que se evidencie y sea condenado el Estado mexicano por la simulación de estado de derecho que han hecho con este caso”.
La urgencia de estas medidas, de acuerdo con la abogada, radica en el peligroso precedente que deja la reducción de la pena del responsable del envenenamiento de Athos y Tango.
Al permitir que una sentencia histórica se diluya en una condena reducida que puede ser evitada pagando una multa económica menor, asegura la abogada, el mensaje que el Poder Judicial envía a la sociedad es alarmante: “cualquier persona puede matar a un animal sin tener consecuencias”.