Caso Athos y Tango: la sentencia que pone en duda la justicia mexicana

El 13 de junio de 2021 murieron envenenados los perros rescatistas Athos y Tango, mientras que Balam, un Border Collie hijo de Athos, logró sobrevivir al ataque con graves secuelas. Athos, un Border Collie certificado por la Organización Internacional de Perros de Búsqueda y Rescate, participó en labores de rescate en el sismo en Ciudad de México del 19 de septiembre de 2017 y en búsquedas de personas extraviadas.

Tango, un Yorkshire Terrier, trabajaba como perro de asistencia emocional con personas vulnerables. Ambos eran parte de la Cruz Roja. Su entrenamiento, su experiencia y su vínculo con la comunidad los convertían en seres sintientes relevantes para la seguridad y la atención humanitaria.

Su caso generó una fuerte movilización social y en agosto de 2022. La jueza Alicia Basurto García dictó una sentencia que marcó un precedente histórico: 10 años y 6 meses de prisión para Vicente “N”, además de una reparación de daño por 2.4 millones de pesos. La cifra se sustentó en estudios periciales que consideraron la crianza, el entrenamiento especializado, los cuidados y el daño moral causado a su entrenador Édgar Martínez.

Se trató de una sentencia histórica, ya que fue la primera vez que el sistema judicial reconoció de forma integral el valor de la vida de los animales en un proceso penal.

“Es una pérdida para la humanidad”, dijo la activista y abogada Sofía Morín frente a la Suprema Corte. “No les estamos pagando con la misma moneda de lo que hicieron por la gente que llegaron a salvar”.

Hoy, 10 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Animales. La fecha coincide con el Día de los Derechos Humanos para subrayar que el respeto a la vida no debería limitarse a nuestra especie. En México, mientras el mundo discute de forma seria el reconocimiento de la sintiencia animal, en Querétaro un proceso judicial pone a prueba si ese principio se respeta en la práctica o sigue siendo letra muerta.

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El caso de los perros rescatistas que llegó a la Suprema Corte

La abogada Mónica Huerta llevó el caso de Athos y Tango hasta la Suprema Corte. El 30 de octubre de 2024, la Primera Sala resolvió que no existía doble enjuiciamiento. Estableció que matar es un acto y que la crueldad del método es un elemento distinto que puede aumentar la pena. La Corte subrayó que la forma en que se causa la muerte puede agravar la conducta y ordenó al Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado de Circuito emitir una nueva resolución conforme a estos criterios.

Pero el mandato se atascó. El Tribunal Colegiado tardó un año en pronunciarse, alegando cargas de trabajo derivadas de la reforma judicial. Aunque el equipo legal fue notificado hasta inicios de diciembre, la resolución está fechada el 30 de octubre de 2025.

 

Cuando Huerta revisó el documento, confirmó que los magistrados no acataron la instrucción de la Corte. “Copian y pegan la misma sentencia y ese argumento del doble enjuiciamiento… siguen con el mismo error”, dijo.

El Tribunal reiteró que aplicar agravantes por crueldad implicaba juzgar dos veces la misma conducta y volvió a negar el concurso de delitos por los asesinatos de Athos y Tango y las lesiones provocadas a Balam. Para justificar su postura, añadió una referencia jurídica adicional, pero sin incorporar el análisis que la Suprema Corte había ordenado. “Imagínate que un tribunal no está acatando lo que dice la Suprema Corte”, reclamó Sofía Morín frente a la sede del máximo tribunal.

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Las consecuencias de esta resolución son graves. Al eliminar las agravantes, la pena se redujo de 10 años y 6 meses a 4 años de prisión.

En México, las sentencias menores a 5 años pueden conmutarse mediante el pago de una multa; en este caso, sería de unos 10 mil pesos. La reparación de daño por 2.4 millones también fue descartada sin un análisis técnico que sustituyera los peritajes de 2022. Esa multa, además, no iría a Edgar Martínez, sino al Estado.

Para Sofía Morín, lo ocurrido en Querétaro no es solo un revés procesal, sino un aviso sobre el estado real de los derechos animales en México. Señala que si un caso con pruebas completas, peritajes sólidos y un precedente de la Suprema Corte termina reducido a una multa conmutable, el mensaje hacia fuera es claro: la crueldad puede salir barata.

 

Mónica Huerta coincide y afirma que el desafío ya no es únicamente obtener justicia para Athos y Tango, sino evitar que el precedente se convierta en una autorización tácita para minimizar estos delitos.

Ambas sostienen que el sistema judicial tiene en las manos una responsabilidad que trasciende este expediente: definir si la sintiencia animal se aplica con rigor jurídico o si seguirá siendo un principio invocado en el discurso y negado en la práctica.