El extractivismo arrasa con territorios y derechos

En años recientes hemos conocido casos graves de afectaciones socioambientales provocadas por la actividad extractiva, productiva o industrial de distintas empresas. Basta traer a la memoria el derrame en el río Sonora en 2013, derivado del mal estado de la presa de lixiviados de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México. También podemos recordar las terribles consecuencias que la contaminación industrial con metales pesados y ácido sulfhídrico del río Santiago ha tenido sobre la población de varias comunidades ribereñas en municipios de Jalisco. Otro caso fue la emergencia sanitaria con brotes infecciosos en las granjas porcícolas Carroll entre Puebla y Veracruz. Uno más es el de Carrizalillo, Guerrero, donde la actividad económica de la mina de oro de la trasnacional canadiense Goldcorp atrajo a grupos de la delincuencia organizada que han asolado con violencia y muerte la vida cotidiana de la comunidad.

El factor común que se observa en todos estos ejemplos es el impacto negativo a los ecosistemas y a la salud de las poblaciones, la vulneración del derecho a un medio ambiente sano y la degradación de la calidad de vida derivados de las prácticas empresariales.

Los casos antes mencionados, junto con otras prácticas como la expansión desenfrenada de urbanizaciones e infraestructura, son ejemplos del extractivismo, un modelo de desarrollo que arrasa con los territorios y con los derechos de quienes en ellos habitan. Este modelo, por cierto, inspira las Zonas Económicas Especiales que con tanto ahínco promueve la administración federal como su proyecto insignia para la segunda mitad del sexenio.

Diversas voces desde la sociedad civil mexicana, principalmente de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de comunidades afectadas por megaproyectos, han manifestado su preocupación por la manera en que ciertas prácticas laborales y emprendimientos lucrativos afectan las garantías y el bienestar de los trabajadores y las comunidades a las que dicen beneficiar.  En muchos de estos casos, hay una clara colusión entre autoridades gubernamentales e inversionistas que vulnera los derechos de las poblaciones para favorecer los intereses económicos, justamente en sentido contrario de lo que los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos promueven.

Aunada a esta vulneración del derecho a un medio ambiente sano, la actividad empresarial también despoja a las comunidades de su derecho a decidir sobre su territorio. Esto puede ser por la imposición, sin mecanismos de consulta previa, libre e informada, de megaproyectos que modifiquen la dinámica en la que las comunidades disfrutaban de sus paisajes y bienes naturales. Una presa hidroeléctrica, un parque eólico, o el trazo de una carretera pueden alterar de modo irreversible el modo de vida de las comunidades. Otra manera puede ser el agotamiento de pozos y fuentes de agua, ya que la sobredemanda de las actividades industriales puede llegar a privar de ésta a los usuarios domésticos.

Del 29 de agosto al 4 de Septiembre, México recibe la visita de una representación del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Este grupo fue establecido en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Su ámbito de trabajo es la promoción de una serie de principios rectores y la vigilancia de su adecuado cumplimiento. Estos principios parten de reconocer que los Estados están obligados a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales; las empresas tienen la responsabilidad de acatar las leyes y respetar los derechos humanos, y finalmente, deben garantizarse recursos adecuados y efectivos para lograr la reparación en caso del incumplimiento de las responsabilidades que vulnere los derechos de alguna de las partes o de terceros.

Durante sus visitas de trabajo a los países, el grupo de trabajo sostiene distintas reuniones privadas y audiencias públicas con representantes del Estado, de las empresas y de la sociedad civil. Además, realizan recorridos de campo y en centros de trabajo en los que conocen y examinan tanto las buenas prácticas como los impactos adversos de las actividades empresariales en los derechos humanos. En su agenda de trabajo, el grupo estuvo en la Ciudad de México el 29 y 30 de agosto, visitará Oaxaca el 1 de septiembre, Guadalajara el viernes 2 y Hermosillo el sábado 3. Por último, el domingo 4 de agosto, el grupo de trabajo visitará la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, donde la constructora Autovan (filial del grupo HIGA) en conjunto con la policía estatal han atropellado los derechos de los pobladores que resisten la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

Con el fin de que el grupo de trabajo conozca de primera mano las afectaciones graves a los derechos humanos que han provocado casos como los antes descritos, un grupo de comunidades y organizaciones de la sociedad compilaron varios ejemplos significativos y lograron la visita a Xochicuautla. Consideramos de gran importancia atender y difundir los llamados de estas voces críticas, para lograr hacer el mayor eco posible y que los visitantes internacionales no se queden con la versión aterciopelada que los grupos empresariales y el gobierno seguramente les ofrecerán.

Estemos pendientes de la visita del grupo de Naciones Unidas y su agenda de trabajo, pues si bien muchas veces el gobierno se hace de oídos sordos, los pronunciamientos de organismos internacionales son relevantes para respaldar las causas que impulsan los derechos humanos y la sustentabilidad. El sitio de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México es este, y el foro de la misma instancia para empresas y derechos humanos puede consultarse aquí.

* Programa de Medio Ambiente (@IberoAmbiente) Universidad Iberoamericana Ciudad de México facebook.com/ibero.verde