AXE Ceremonia: un caso que busca cambiar cómo se juzgan los accidentes en eventos masivos
Amiel Martínez · 6 de septiembre de 2026
El caso por la muerte del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández durante el festival AXE Ceremonia podría convertirse, de llegar a juicio, en el primero en México contra una empresa de la industria del entretenimiento por una imputación de homicidio culposo relacionada con un evento masivo, con el que la familia busca sentar un precedente nacional e histórico sobre la responsabilidad penal empresarial y romper con el patrón de resolver estos accidentes mediante acuerdos monetarios rápidos, sin investigar a fondo la cadena de responsabilidades.
La posibilidad de establecer ese precedente se relaciona con que la responsabilidad penal de las empresas en México es relativamente reciente. Esta figura fue incorporada en 2014; antes de esa reforma, la responsabilidad penal recaía exclusivamente en personas físicas. Desde entonces, las empresas también pueden enfrentar un proceso penal, aunque su aplicación en casos relacionados con eventos masivos de la industria del entretenimiento sigue siendo poco explorada.
La posibilidad de que esa discusión llegue ante un juez, sin embargo, volvió a posponerse este miércoles 2 de septiembre, cuando la audiencia inicial prevista después de casi 17 meses de espera tuvo que ser diferida hasta el 14 de octubre por la solicitud de asistencia consular de una de las accionistas de O.N. Producciones Creativas, identificada como Natalie “N”, quien manifestó ante el juez que tiene nacionalidad francesa y requiere ese acompañamiento.
Edwin Alan Piñón González, abogado de la familia de Miguel Ángel, aclara en entrevista con Animal Político que no cuestionan el derecho de la accionista a recibir asistencia consular, sino el momento en que decidió solicitarla, pues había participado en audiencias anteriores sin plantear esa necesidad y, además, el Ministerio Público le había informado desde el 26 de agosto de 2025 que tenía derecho a contar con ella.
Para la representación de Miguel Ángel, lo ocurrido el miércoles no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una serie de actuaciones que durante los últimos 17 meses han tenido el mismo resultado: impedir que se celebre la audiencia inicial que constituye el primer momento del proceso penal en el que un juez debe analizar si existen elementos para iniciar un procedimiento contra los imputados.
“Yo creo que el principal objetivo de esta estrategia es mantener el caso fuera de una discusión judicial de fondo durante el mayor tiempo posible”, sostiene Piñón.
El abogado considera que las personas físicas y morales imputadas buscan postergar el momento en que tengan que enfrentar ante un juez la imputación por homicidio culposo, mientras que el paso del tiempo puede producir desgaste emocional y económico en las víctimas y reducir la atención pública sobre el caso.
La familia de Miguel Ángel pretende que el expediente avance porque su objetivo no se limita a obtener una reparación por la muerte del fotoperiodista, sino a que un tribunal examine cómo se distribuyeron las obligaciones entre las empresas y personas que participaron en la organización del AXE Ceremonia y determine si las omisiones en materia de seguridad tuvieron relación con la muerte.
Una discusión sobre la cadena de responsabilidades
La imputación que enfrenta el caso es por homicidio culposo y, de acuerdo con Piñón, se plantea a partir de omisiones en los deberes de cuidado que correspondían a las personas y empresas involucradas en la organización del festival.
El abogado explica que, para realizar un evento masivo como el AXE Ceremonia, contemplado para 50 mil personas, debía existir un programa especial de protección civil aprobado por la alcaldía Miguel Hidalgo, en el que se establecieran las estructuras permitidas para el evento.
Según la representación de la familia, las cuatro grúas tipo “Genie” utilizadas como parte de la ambientación no estaban incluidas en ese programa. Una de ellas colapsó durante el festival y cayó sobre Miguel Ángel y Berenice Giles, quienes se encontraban realizando labores de fotoperiodismo.
Piñón señala que la investigación involucra a la empresa organizadora del festival y a O.N. Producciones Creativas, además de ocho personas físicas. De acuerdo con su explicación, la fiscalía atribuye a O.N. Producciones participación en la producción y ambientación del festival, incluida la propuesta de instalar las estructuras que posteriormente estuvieron involucradas en el accidente.
La discusión que busca la familia no se limita, por tanto, a establecer quién tuvo una intervención material en el desplome de la estructura, sino a determinar qué obligaciones correspondían a cada empresa y persona que intervino en la organización y si alguna de esas obligaciones fue incumplida.
“No se está llevando a imputar a la persona que únicamente apretó el botón en la grúa y que la llevó al pasto donde se instaló la grúa, se está llevando accionistas, a socios, apoderados legales, a representantes, por eso tenemos tantos imputados”, explica Piñón.
Ese planteamiento es central para el alcance que la familia busca darle al caso, pues implica trasladar la discusión desde la acción concreta que provocó el desplome hacia la forma en que una organización empresarial distribuye funciones, toma decisiones y asume obligaciones de seguridad cuando realiza un evento masivo.
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El precedente que busca la familia
Para Piñón, el caso tiene una dimensión que rebasa la muerte de Miguel Ángel porque permitiría discutir la responsabilidad penal de las empresas de la industria del entretenimiento en un ámbito en el que, según sostiene, no existe un antecedente en México.
“No existe ningún antecedente en México donde se haya logrado llevar a una empresa de esta naturaleza y más a estas empresas que organizan eventos de 50 mil personas o 100 mil personas”, afirma.
La ausencia de precedentes está relacionada, de acuerdo con el abogado, con que la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México es relativamente reciente. Fue incorporada en 2014 y, antes de ello, la responsabilidad penal se dirigía a personas físicas.
Por ello, un eventual proceso permitiría discutir qué responsabilidad penal puede atribuirse a una empresa cuando sus decisiones, omisiones o la distribución de obligaciones dentro de un evento tienen relación con la muerte de una persona.
“No tenemos antecedentes por esa razón de casos, digamos, importantes en cuanto a la responsabilidad penal y menos aún de estas industrias del entretenimiento”, señala.
La familia busca que esa discusión pueda producir un precedente que trascienda el caso de Miguel Ángel y establezca criterios sobre las obligaciones de las empresas frente a periodistas, trabajadores, artistas y asistentes a festivales masivos.
“Sí existe la posibilidad de que un tribunal analice de manera seria la responsabilidad penal de las empresas involucradas en este tipo de eventos”, sostiene.
El objetivo también es cuestionar una forma de responder ante accidentes en la industria del entretenimiento que, según Piñón, suele concentrarse en la reparación económica sin que necesariamente se examine la cadena de responsabilidades que existía detrás del evento.
“Las industrias del entretenimiento están acostumbradas que cuando ocurren este tipo de accidentes únicamente desde el día dos, día tres, dan una cantidad de dinero y nada más”, afirma.
Para la representación de Miguel Ángel, un proceso penal permitiría analizar los contratos, las funciones y los deberes de las distintas empresas que intervinieron en la organización, así como las responsabilidades de quienes tomaron decisiones o representaban a esas compañías.
La intención es que las obligaciones de seguridad no queden determinadas únicamente por quién aparece formalmente como responsable en un contrato, sino que puedan ser examinadas a partir de las funciones que efectivamente desempeñaron las empresas y personas involucradas.
La vía de la reparación económica
Ese objetivo también explica por qué la familia de Miguel Ángel busca que el caso avance por la vía penal y no se limite a una reparación económica.
Piñón sostiene que, tratándose de una imputación por homicidio culposo, existe la posibilidad de celebrar un acuerdo reparatorio y concluir el procedimiento, con lo que dejaría de avanzar la discusión judicial sobre las responsabilidades.
De acuerdo con el abogado, eso ocurrió ya con la familia de Berenice Giles, que aceptó una reparación del daño y se dio por satisfecha con ella, por lo que la familia de Miguel Ángel es actualmente la que mantiene la pretensión de que el caso continúe hacia un proceso penal.
Para Piñón, una reparación económica puede resolver la dimensión individual del daño, pero no necesariamente permite establecer cómo ocurrió el accidente, qué obligaciones correspondían a cada participante y quién incumplió sus deberes de cuidado.
Por eso, la familia busca que el caso llegue a una etapa en la que un juez pueda analizar esos elementos y, eventualmente, establecer responsabilidades dentro de un proceso penal.
El abogado también considera que las dilaciones pueden favorecer el desgaste de las víctimas y la pérdida de atención pública sobre el expediente. En su opinión, mientras más tiempo permanezca el caso sin llegar a una audiencia inicial, mayor puede ser el costo emocional y económico para la familia y más posibilidades existen de que disminuya el interés público.
Los otros obstáculos del expediente
La audiencia de septiembre se suma a otros intentos que, de acuerdo con Piñón, tampoco permitieron llegar a la formulación de la imputación. Menciona audiencias programadas para el 19 de septiembre y el 16 de octubre de 2025, así como el 6 de marzo de 2026.
El abogado también refiere actuaciones relacionadas con Operadora Eclectic, empresa que tenía la concesión del Parque Bicentenario, y con Fabián Alejandro Victoria Rangel, a quien identifica como asesor jurídico de familiares de Berenice Giles.
Según Piñón, desde principios de 2026 la familia de Miguel Ángel presentó denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por actuaciones de Victoria Rangel y por una posible relación entre su actuación como asesor jurídico y una estrategia favorable a Operadora Eclectic.
El abogado sostiene que también existen investigaciones relacionadas con la presentación de recursos que, según afirma, han sido considerados notoriamente improcedentes por los tribunales que los revisaron y que han tenido como efecto práctico retrasar el procedimiento.
Piñón menciona además denuncias relacionadas con Gerardo Guzmán, a quien identifica como servidor público de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y quien, según su versión, ha acudido en horario laboral a audiencias relacionadas con el caso y ha planteado argumentos favorables a Operadora Eclectic.
La familia de Miguel Ángel, señala, todavía no conoce los resultados de esas investigaciones.
A juicio del abogado, la falta de consecuencias frente a las actuaciones que denuncia puede incentivar que otras personas o empresas recurran a mecanismos similares para retrasar el procedimiento.
“La falta de consecuencias genera repetición y pues la repetición termina generando también impunidad”, afirma.
Por ello, la familia pide a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que revise las investigaciones y determine si existen elementos para ejercer acción penal contra quienes hayan incurrido en conductas que la legislación considera delito.
Piñón menciona el artículo 319 del Código Penal de la Ciudad de México, que contempla sanciones para asesores jurídicos o defensores que promuevan recursos notoriamente improcedentes, y sostiene que la familia ha cumplido con presentar las denuncias, acudir a las diligencias y aportar la información solicitada.
Una posible consecuencia más allá de Miguel Ángel
Para la familia, la importancia de que el caso llegue a proceso penal está también en las consecuencias que podría tener una eventual resolución judicial para quienes participan en eventos masivos.
Piñón aclara que una vinculación a proceso no significaría que una persona o empresa fuera culpable, sino que un juez habría determinado que existe un delito y que hay elementos para establecer la probable participación de los imputados, mientras que la responsabilidad tendría que determinarse posteriormente dentro del proceso penal.
Si el caso avanzara hasta una sentencia condenatoria, la familia busca que las consecuencias trasciendan la reparación individual y puedan contribuir a establecer criterios sobre la responsabilidad de las empresas en la organización de festivales.
Miguel Ángel acudió al AXE Ceremonia con una acreditación otorgada por el festival para realizar su trabajo de fotoperiodismo y, de acuerdo con Piñón, no recibía un salario por asistir, sino que su beneficio consistía en cubrir y difundir el evento.
Para la familia, esa circunstancia también forma parte de una discusión más amplia sobre las condiciones en que periodistas y fotoperiodistas realizan su trabajo dentro de festivales y otros eventos masivos.
La intención es que un eventual proceso permita establecer criterios que mejoren las condiciones de seguridad de periodistas, trabajadores, artistas y asistentes y que las empresas asuman las obligaciones que corresponden a su participación en la organización de estos eventos.
“Primero, porque la lucha que sigue la familia de Miguel Ángel Rojas no es una lucha únicamente por Miguel Ángel, sino es una lucha que se ha ido construyendo a partir de los meses, donde se busca generar condiciones mejores para las personas periodistas y fotoperiodistas en general que participan en estos eventos masivos y más en particular aquellos que se dedican a la industria del entretenimiento”, explica.
El caso AXE Ceremonia plantea así una discusión que la familia de Miguel Ángel quiere llevar hasta sus últimas consecuencias: que un tribunal determine si las empresas y personas involucradas cumplieron con los deberes de cuidado que les correspondían y, si se acredita una responsabilidad penal, que la resolución pueda servir como referencia para otros eventos masivos.
“Y si podemos generar un precedente judicial que ayuda en otros casos donde evidentemente no hay jurisprudencia, no hay criterios orientadores, no hay nada porque estamos en pañales en esa materia”, puntualizó el abogado.