Caso Axe Ceremonia: familia de víctima dice que empresas fueron imputadas; Ocesa niega señalamiento
Redacción Animal Político · 23 de enero de 2026
La familia de Citlali Berenice Giles Rivera dio a conocer que las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo habrían sido imputadas por el colapso de una estructura decorativa del festival Axe Ceremonia 2025, que provocó la muerte de la fotoperiodista y de su colega Miguel Hernández el pasado 5 de abril, pese a presuntos retrasos por parte de la Fiscalía de CDMX.
En un comunicado, Luis Raúl Giles, padre de la víctima, detalló que la ministerio público Mercedes Karina Granados Peralta determinó la calidad de imputadas a ambas empresas desde el 14 de enero y agregó que este resultado se logró “a pesar de que la fiscalía protege y encubre a Ocesa y Seguridad Privada Lobo”.
Pese a los señalamientos, la empresa Ocesa envió una nota aclaratoria en la que rechazó que se haya formalizado alguna imputación y agregó que siguen colaborando con las autoridades.
“OCESA forma parte de las empresas consideradas dentro de la investigación relacionada con el festival Ceremonia y, a la fecha, no ha sido imputada por las autoridades competentes. Desde el inicio del proceso, hemos colaborado de manera activa y transparente con las instancias correspondientes y continuaremos haciéndolo con total responsabilidad”.
La empresa reiteró su respeto con las víctimas y sus familias y su compromiso con el debido proceso. “Confiamos en que las autoridades esclarecerán los hechos conforme a la ley y con base en los elementos disponibles”.
Investigación se mantiene activa: Fiscalía
Tras los señalamientos del padre de Berenice Giles, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la investigación relacionada con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2025 durante el festival AXE Ceremonia “se mantiene activa y en curso”.
“Desde el inicio, se han realizado de manera continua actuaciones ministeriales, policiales y periciales, que se desarrollan con rigor técnico y jurídico, sin exclusiones, y abarcan a todas las personas físicas y morales que pudieran tener responsabilidad en los hechos, conforme a las atribuciones de esta institución”, detallaron en un comunicado.
Asimismo, la Fiscalía CDMX aseguró que agotará todas las líneas de investigación y ejercerá acción penal en contra de quien resulte responsable, con pleno respeto al debido proceso y a los derechos de las víctimas, además de que aseguraron que no se han dado por concluídas las indagatorias.
“Esta institución reitera que no dará por concluida ninguna investigación ni adelantará conclusiones. Su actuación se rige por la ley y por el compromiso de garantizar verdad y justicia, hasta el esclarecimiento total de los hechos”.
Foto: Cuartoscuro
Familia de víctima denuncia irregularidades
En el comunicado dado a conocer por la familia de una de las víctimas, se atribuye el avance del caso a tres resoluciones emitidas entre octubre de 2025 y enero de 2026 por jueces que, según señalan, identificaron irregularidades en la actuación de la fiscalía capitalina.
El 15 de octubre de 2025, la jueza federal María del Carmen Sánchez Cisneros advirtió que la FGJCDMX “estaba evadiendo” imputar a Ocesa y Seguridad Privada Lobo, por lo que concedió una suspensión definitiva que obligó a los jueces de control a revisar la actuación ministerial.
Ese mismo día, la jueza de control Adriana Ivett Morales Chávez ordenó a la ministerio público “que se apartara de los actos de corrupción y le diera la calidad de imputadas a Ocesa y Seguridad Privada Lobo”, instrucción que, de acuerdo con la familia, la fiscalía había evitado ejecutar durante meses.
Posteriormente, el 7 de enero de 2026, el juez de control Edgar Jesús Campos Burgos reiteró las obligaciones de la fiscalía y recordó a la ministerio público que debía investigar a toda persona denunciada. “El juez Campos Burgos exhortó a la ministerio público a que hiciera bien su trabajo y a que diera cumplimiento a lo que había resuelto la jueza Adriana Ivett Morales Chávez”.
Luis Raúl Giles también acusa la existencia de “actores” que buscan deslegitimar el proceso y revertir la suspensión definitiva que obligó a los jueces de control a revisar la actuación ministerial y permitir una audiencia inicial sin la presencia de ambas empresas como imputadas, algo que consideran inadmisible debido a las más de “30 datos de prueba contundentes” que aseguran haber presentado.
“Agradezco a los medios de comunicación y personas que han seguido la batalla que mi familia y nuestro equipo legal, hemos librado buscando justicia para mi hija Berenice Giles”, inicia el comunicado, en el que el padre recuerda que han pasado “más de nueve meses por un infierno ministerial, luchando contra la violencia institucional y denegación de justicia que nos ha cometido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, institución empeñada en proteger y encubrir a Ocesa y Seguridad Privada Lobo”.