Juez permite ampliar indagatorias en el caso Axe Ceremonia pese a intentos de frenar el proceso
Amiel Martínez · 21 de abril de 2026
Este martes, un juez avaló que se continúe investigando a otros posibles responsables en el caso Axe Ceremonia, relacionado con la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, tras rechazar la solicitud de la empresa Operadora Eclectic y de los asesores jurídicos de la familia Giles, quienes buscaban impedir que la Fiscalía de la Ciudad de México realizara el desglose de la carpeta de investigación.
El juez resolvió a favor del desglose —herramienta administrativa de la fscalía que le permite continuar investigando a otros posibles responsables de los hechos— al considerar que es necesario para seguir investigando a otros posibles responsables y evitar la impunidad.
En entrevista con Animal Político, el abogado Alan Piñón, integrante de la representación legal de la familia Rojas, explicó que “hoy esta audiencia tenía el fin de evitar que la fiscalía hiciera ese desglose”. No obstante, subrayó que el juzgador determinó que dicha acción “garantiza que se permita seguir investigando a estas empresas que todavía tienen la calidad de investigadas”.
El litigante detalló que el desglose “es únicamente una organización administrativa de la fiscalía que le permite seguir investigando en contra de estas otras tres empresas”.
De acuerdo con Piñón, la fiscalía ya ejerció acción penal desde el 1 de septiembre de 2025 contra tres empresas —Operadora Eclectic, Agencia de los Socios y ON Producciones Creativas—, así como contra ocho personas físicas vinculadas al evento; sin embargo, aún existen otras empresas bajo investigación, entre ellas la administradora del Parque Bicentenario, cuya posible responsabilidad en la caída de la grúa sigue en análisis.
“El desglose es precisamente el instrumento que permite que la investigación avance respecto de otros posibles responsables”, afirmó el abogado. Añadió que oponerse a esta medida “no es buscar justicia, es obstaculizarla”.
Señalan estrategia para frenar el proceso
Piñón sostuvo que la oposición al desglose forma parte de una estrategia coordinada entre Operadora Eclectic y asesores jurídicos de la familia Giles para frenar el avance del caso. “Operadora Eclectic y los asesores jurídicos […] siguen coordinados para tratar de frenar la justicia”, dijo.
Según explicó, existen indicios de esta coordinación en la presentación simultánea de recursos legales con argumentos similares. “Son escritos presentados el mismo día a la misma hora con párrafos literalmente idénticos, amparos registrados con números consecutivos por haber sido promovidos prácticamente al mismo tiempo”, señaló.
El abogado agregó que esta dinámica no es nueva y forma parte de “un patrón que la familia justamente ha documentado y denunciado formalmente”.
En ese sentido, acusó que se han promovido múltiples recursos legales para impedir que se lleve a cabo la audiencia inicial. “Se ha venido una lluvia de amparos, una lluvia de recursos que han impedido que esta audiencia a la fecha se pueda celebrar”, afirmó.
Amparo ordena destrabar el proceso penal
Como parte de este contexto, Piñón informó que recientemente un juez federal otorgó un amparo a la familia de Miguel Ángel Rojas, con el fin de destrabar el proceso penal que había sido frenado por estas tácticas.
“El juicio de amparo […] determinó amparar y proteger a la familia frente a las tácticas dilatorias que mantenían frenado el proceso”, explicó. La resolución ordena dejar sin efectos una decisión previa que impedía al Ministerio Público ejercer acción penal hasta agotar diversos recursos promovidos por la empresa.
Un caso marcado por retrasos y disputas legales
El caso se remonta al 5 de abril de 2025, cuando una estructura sostenida por una grúa colapsó durante el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, provocando la muerte de los fotógrafos Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles.
El pasado 17 de marzo, la familia Rojas denunció que empresas involucradas han obstaculizado el avance del caso, pese a que ya existen imputaciones formales contra tres compañías y ocho personas físicas.
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Piñón reiteró que la postura de la familia que representa es que todas las empresas con posible responsabilidad sean llevadas ante la justicia. “Estamos a favor de que todas y cada una de las empresas que participaron […] siempre y cuando tengan responsabilidad se van llevadas a proceso”, sostuvo.
El abogado informó además que la familia de Miguel Ángel Rojas obtuvo recientemente un amparo de la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal.
La resolución —emitida dentro del juicio de amparo 133/2026— ordenó dejar sin efectos la determinación de un juez de control capitalino que impedía a la fiscalía ejercer acción penal hasta que se atendieran todas las solicitudes presentadas por Operadora Eclectic.
Según el litigante, este criterio mantenía detenido el proceso desde enero, por lo que la sentencia federal ampara y protege a la familia frente a tácticas dilatorias que mantenían frenado el proceso, y obliga a que continúe la imputación contra las empresas y personas señaladas.
El amparo fue impugnado tanto por Operadora Eclectic como por los asesores jurídicos de la familia Giles: Fabián Alejandro Victoria Rangel y Gerardo Guzmán Jiménez, lo que para la representación de la familia Rojas confirma la existencia de una estrategia conjunta para retrasar la judicialización del caso.
Aún está pendiente que se determine qué tribunal federal conocerá del recurso de revisión promovido por estas partes.
En paralelo, el abogado Piñón señaló la intervención reiterada de Gerardo Guzmán Jiménez, funcionario de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, en actos del proceso penal, pese a que su horario laboral coincide con las audiencias.
De acuerdo con solicitudes de información obtenidas por la representación de las víctimas, el servidor público tiene una jornada de 9:00 a 15:00 horas y, aun así, ha acudido a audiencias de Operadora Eclectic para emitir argumentos en favor de la empresa.
Piñón expresó que esta actuación genera “incertidumbre” y podría constituir una falta administrativa o incluso un delito, pues implicaría el uso de recursos públicos para intervenir en un asunto particular. Por ello, reiteró el llamado a la jefa de Gobierno y al titular del Sistema de Aguas para esclarecer por qué un trabajador de esa dependencia participa en un proceso penal en defensa de una empresa imputada.