“Defender la tierra y el agua es una sentencia de muerte”: matan a dos ambientalistas en Michoacán
Manu Ureste · 21 de abril de 2026
En menos de una semana, dos defensores ambientales fueron asesinados en Michoacán.
El caso más reciente ocurrió este fin de semana: Lázaro Mendoza Ramírez, defensor ambiental de la región lacustre, fue localizado sin vida dentro de su camioneta calcinada, días después de haber sido reportado como desaparecido en el municipio de Salvador Escalante, a unos 70 kilómetros de Morelia, la capital michoacana. Tenía 51 años. Había sido visto por última vez el 14 de abril en la comunidad de Paramuén, cuando realizaba actividades relacionadas con su labor ambiental.
Su cuerpo fue identificado mediante pruebas de ADN. Para entonces, ya habían pasado varios días de búsqueda, protestas de comuneros y bloqueos carreteros en la región.
Poco antes, el 12 de abril, el asesinato de Roberto Chávez en Villa Madero ya había encendido las alertas.
Chávez defendía el bosque, el agua, la tierra. Mendoza también. En un estado como Michoacán, donde convergen intereses económicos legales e ilegales, esa labor implica cada vez más colocarse una diana en la espalda. Los asesinatos no solo evidencian la violencia que enfrentan quienes protegen el territorio; también exponen la incapacidad —o la falta de voluntad— para prevenir ataques que, en muchos casos, ya habían sido advertidos.
Advertencias ignoradas
Meses antes del asesinato de Roberto Chávez, organizaciones y colectivos habían emitido una alerta temprana dirigida al gobierno estatal. En ese documento, fechado el 9 de mayo, se advertía sobre una escalada de violencia en Villa Madero, a tan solo unos 50 kilómetros de la capital: presencia de grupos criminales, desplazamiento forzado de comunidades y un entorno cada vez más hostil para quienes defendían el territorio y el agua.
No se trataba de una advertencia vaga ni de un escenario hipotético. Era un diagnóstico construido a partir de testimonios y evidencia en campo.
Pese a ello, la violencia siguió avanzando hasta desembocar en el asesinato de Chávez —y, días después, en el de Lázaro Mendoza.
La secuencia, una vez más en Michoacán y en buena parte del país, se repite: amenazas, alertas, omisión institucional y, finalmente, el ataque y el asesinato.
Para una persona activista del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, que pide anonimato por motivos de seguridad, lo ocurrido confirma una dinámica que se repite una y otra vez en el tiempo.
“Es la crónica de un hecho anunciado”, asegura con tono de resignación.
“Hubo muchos avisos a la autoridad y no se hizo nada. Y esto se va repitiendo una y otra vez, con los resultados que ya estamos viendo”.
Su lectura responde a la acumulación de casos en los que las agresiones ocurren después de que ya existían advertencias formales sobre el riesgo.
“La realidad hoy es que ser defensor del territorio es prácticamente una condena de muerte con reloj”, sentencia.
Los que no volvieron: el caso de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz
La violencia contra ambientalistas y defensores del territorio lleva años manifestándose no solo a través de ataques armados. Las desapariciones también los afectan.
El 15 de enero de 2023, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia salieron de Aquila, un municipio próximo al vecino estado de Colima, tras participar en una asamblea comunal. La reunión era importante: ahí se discutían temas sensibles sobre el territorio, los recursos y las tensiones con actores externos en la región. Ambos emprendieron el regreso por carretera hacia Colima. Pero en algún punto del trayecto, desaparecieron.
Ese tramo carretero, de apenas unos kilómetros, tiene un punto crítico: el puente que conecta Coahuayana, Michoacán, con el estado de Colima. Un paso fronterizo que, más que una división geográfica, funciona como un corredor disputado por grupos criminales y vigilado por comunidades que han tenido que organizarse para sobrevivir, las autodefensas.
En enero pasado, Animal Político estuvo en Coahuayana, una zona marcada por retenes comunitarios, presencia de fuerzas de seguridad y una tensión que se percibe incluso en los trayectos más cotidianos. Meses antes, un coche bomba explotó frente a la sede de la policía comunitaria, en un ataque que dejó cinco muertos y heridos y que evidenció el nivel de violencia en la región.
Ese no fue un hecho aislado. Es parte de una larga disputa sostenida por el control del territorio en una franja estratégica que conecta la costa, economías locales y rutas de movilidad.
Ese es el entorno en el que desaparecieron Lagunes y Díaz.
En entrevistas realizadas por Animal Político, Antoine Lagunes, hermano de Ricardo, reconstruye lo ocurrido a partir de los primeros indicios: “mi papá me llamó para decirme que habían encontrado la camioneta de mi hermano Ricardo con impactos de bala y rastros de sangre. Dentro solo estaban su computadora y su teléfono. Pero no había rastro de él ni del profesor Antonio Díaz”.
Desde entonces, la búsqueda ha estado marcada por irregularidades. “Las autoridades estatales nos dijeron que no podían salir a buscar porque no tenían chalecos antibalas. Fue muy improvisado. En realidad, la búsqueda comenzó más por la presión internacional”.
El caso de Lagunes, además, tiene un elemento que lo vuelve más grave: contaba con medidas de protección federal. “Estaba inscrito en el Mecanismo de Protección desde hacía tres o cuatro años antes de su desaparición. Pero no sabemos exactamente qué tipo de medidas tenía”.
La desaparición, en ese sentido, no ocurrió en el vacío. “Sabía que había riesgo porque lo que estaba en juego era mucho dinero… había corrupción, intereses cruzados entre autoridades locales, la minera y el crimen organizado”.
En paralelo, la desaparición de Antonio Díaz ha dejado una herida abierta en su familia y en su comunidad. Su hijo, Kevyan Díaz reconstruye también en entrevista el contexto en el que ocurrió todo.
“Mi papá era indígena nahua de la Sierra-Costa michoacana y más que activista él siempre se definió como un indigenista. Siempre miraba por la comunidad indígena. Sentía que, si había logrado salir adelante gracias al apoyo colectivo, tenía que devolverle algo a su gente”.
En los años previos a su desaparición, Antonio Díaz lideraba a la comunidad en un conflicto clave: el control de los recursos derivados de la explotación minera en la zona de Aquila, con fuerte presencia del crimen organizado, especialmente del Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Mi papá y Ricardo hicieron todas las gestiones legales para destrabar la convocatoria para elegir una representación legítima y mayoritaria de la comunidad ante la minera”.
¿Ya leíste?: El Estado es el principal agresor de defensores ambientales
Ese proceso tenía consecuencias económicas directas y muchas afectaciones a intereses, pues esas gestiones implicaban que un grupo minoritario de comuneros ya no tuviera injerencia “y que la minera dejara de controlar la comunidad”.
La desaparición ocurrió justo después de esa asamblea.
Kevyan recuerda el momento en que entendió que algo estaba mal: “casi a las 12 del día me llamaron y me dijeron: ‘mijo, no te lo queríamos decir, pero desde anoche encontraron la camioneta… baleada’”.
Desde entonces, la búsqueda no ha cambiado el fondo del problema. “Estamos prácticamente en el mismo punto que hace tres años… no hemos tenido ninguna información de ellos, ninguna pista, nada”.
Y lo resume con una frase muy corta que condensa la impunidad: “seguimos igual”.
135 ataques y 314 agresiones en 2025
Los datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), presentados la semana pasada, refuerzan esa lectura de ataques e impunidad: en 2025 se documentaron 135 eventos de agresión contra personas defensoras del medio ambiente y al menos 314 agresiones específicas, un aumento significativo respecto a 2024, cuando se registraron 94 eventos y 236 agresiones.
Es decir, la violencia se expandió. Aunque el número de asesinatos bajó —de 25 víctimas en 2024 a 10 en 2025—, el informe advierte que esto no implica una mejora en las condiciones de seguridad. Por el contrario, el incremento en agresiones confirma que el entorno sigue siendo “muy adverso y de alto riesgo” para quienes defienden el territorio.
De hecho, uno de los hallazgos más relevantes del informe es el desplazamiento en el tipo de violencia. La criminalización se consolidó como una de las agresiones más frecuentes: 107 personas defensoras fueron afectadas por procesos legales, campañas de difamación o estigmatización, lo que representa el 33.1 % del total de víctimas documentadas.
Lo anterior significa que, además de la violencia física, existe una estrategia sistemática para desgastar, aislar o deslegitimar a quienes defienden el territorio. Y, en muchos casos, estas agresiones se combinan: la criminalización ocurre junto con amenazas, intimidaciones o violencia directa.
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El informe también advierte sobre quiénes están detrás. En múltiples casos, el propio Estado aparece como agresor: autoridades de distintos niveles participaron en al menos 24 eventos documentados. A ello se suman actores comunitarios y privados, lo que dibuja un escenario complejo donde las agresiones no provienen de un solo frente, sino de una red de intereses que convergen sobre los territorios en disputa.
Además, las agresiones se concentran en sectores estratégicos: proyectos vinculados a recursos naturales, energía, minería o infraestructura, donde el alto potencial económico se combina con corrupción, falta de transparencia y débil rendición de cuentas, condiciones que —advierte el propio informe— facilitan el despojo y la violencia contra comunidades.
En ese contexto, defender la tierra o el agua no es solo una labor ambiental. Es enfrentarse a estructuras de poder. Por eso, concluye el CEMDA, el nivel de riesgo para quienes defienden el territorio en México es “muy alto”.
En Michoacán, ese riesgo es una realidad que, en cuestión de días, se convirtió en dos asesinatos.