Tania Casasola · 7 de mayo de 2026
La decisión anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio −un mes antes de lo previsto inicialmente− bajo el argumento de las olas de calor y el Mundial, representa una señal de alerta para el país en un sistema educativo que enfrenta rezagos acumulados y profundas desigualdades, alertaron organizaciones.
Tanto Mexicanos Primero como Tejiendo Redes Infancia y la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) señalaron que cuando se pierde tiempo escolar, quienes más resienten el impacto son las niñas, niños y adolescentes que viven en contextos de pobreza, violencia o exclusión.
Para la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres, “el calendario escolar no puede diseñarse como si en los hogares siempre hubiera una mujer disponible para resolverlo todo”.
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Mientras que la Sección XXIl del SNTE-CNTE manifestó también su rechazo al asegurar que para el gobierno federal pesan más los intereses económicos, comerciales y mediáticos que las verdaderas necesidades de la educación pública.
“Durante décadas, niñas, niños y jóvenes han enfrentado clases en condiciones extremas, sin infraestructura adecuada, sin ventilación, sin agua potable y sin atención gubernamental efectiva; sin embargo, nunca existió preocupación institucional genuina por garantizar ambientes dignos para el proceso educativo. Hoy, casualmente, el tema cobra relevancia cuando existen intereses económicos, turísticos y políticos vinculados a un evento internacional como el Mundial de Futbol”, sostuvo.

La Sección XXI exigió que cualquier cambio se construya de forma democrática con la participación de las comunidades escolares en lugar de imponerse desde el poder.
“La educación no puede decidirse sobre escritorios ni pensando en negocios y espectáculos, mientras en las escuelas, miles de docentes y estudiantes siguen enfrentando carencias todos los días”.
En tanto, Mexicanos Primero destacó que el ciclo escolar 2025–2026 ya ha estado marcado por interrupciones constantes: paros magisteriales, crisis climáticas, inseguridad y suspensiones de actividades en múltiples entidades.
En estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chiapas y Zacatecas, muchas comunidades han enfrentado cierres parciales o recurrentes de escuelas. A ello se suman afectaciones por calor extremo en entidades como Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, particularmente en planteles sin infraestructura adecuada.
Incluso, la pandemia por COVID-19 dejó pérdidas de aprendizaje que aún no han sido plenamente recuperadas, especialmente entre quienes tenían menos oportunidades desde antes, alertó.
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“No se trata de desconocer los riesgos climáticos ni los desafíos logísticos que enfrentan las autoridades. Se trata de actuar con responsabilidad colectiva para proteger el derecho a aprender y construir alternativas viables para las comunidades escolares”, indicó la organización.
De acuerdo con la OCDE, el promedio de duración del ciclo escolar en sus países miembros es de 186 días. Con esta medida, México podría quedar apenas en 157 días efectivos de clases, en el mejor de los escenarios.
📌La @SEP_mx informó que el ciclo escolar terminará el próximo 5 de junio y no el 15 de julio como estaba previsto. @mario_delgado anunció que el nuevo ciclo 2026-2027 arrancará hasta el 31 de agosto, por lo que alumnas y alumnos tendrán casi tres meses de descanso. 🏖️… pic.twitter.com/HsMLi16HcR
— Animal Político (@Pajaropolitico) May 8, 2026
Ante ello, Mexicanos Primero hizo un llamado a autoridades educativas, gobiernos estatales, comunidades escolares, sociedad civil y sector público y privado a construir una respuesta coordinada que priorice a las y los estudiantes y propone:
– Dar flexibilidad a las entidades y comunidades escolares que cuentan con condiciones adecuadas para mantener actividades académicas hasta el 15 de julio, permitiendo decisiones contextualizadas y responsables.
– Implementar estrategias de cierre académico pertinentes y focalizadas, que permitan consolidar aprendizajes fundamentales antes de concluir el ciclo escolar.
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– Acompañar y fortalecer a las y los docentes, brindándoles herramientas, orientaciones y condiciones para cerrar el ciclo de manera adecuada y con enfoque de recuperación educativa.
– Presentar una estrategia nacional de nivelación académica, especialmente dirigida a estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad, para evitar que las brechas educativas continúen ampliándose.
– Generar alternativas de cuidado y acompañamiento para las familias, particularmente para quienes deberán reorganizar trabajo, cuidados y gastos ante el cierre anticipado de las escuelas.

Para la Unión Nacional de Padres de Familia, adelantar el cierre del ciclo escolar significa quitar hasta siete semanas completas de clases a estudiantes que requieren mayor inversión de tiempo y tienen serias deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión.
“Esto no es una medida menor: es un golpe directo al derecho a la educación”, afirmó.
En un comunicado, la Unión expresó que, sin el menor consentimiento ni consideración a los padres de familia, el supuesto fortalecimiento de aprendizajes en agosto “es absolutamente insuficientes y no compensa la pérdida de tiempo efectivo de instrucción, ya que las interrupciones prolongadas generan pérdidas irreversibles en el aprendizaje.
Madres y padres de familia manifestaron que la educación no puede ser sacrificada por un evento deportivo que se realizará tan solo en tres de los 2 mil 500 municipios, sin ofrecer alternativas; lo mismo con el tema de las altas temperaturas ya que se están descartando propuestas como horarios escalonados, infraestructura temporal, apoyo tecnológico, suspensión focalizada por zona, entre otras que no implican sacrificar el calendario completo.
La Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres indicó que modificar el calendario escolar sin prever alternativas de cuidado impacta directamente el tiempo propio de las mujeres, sus posibilidades de trabajo remunerado, ingreso, descanso, participación pública y autonomía económica, por lo que pidió reconsiderar la medida.
Hizo un llamado a valorar los impactos diferenciados que estas decisiones tienen en las mujeres, particularmente en madres trabajadoras, hogares monoparentales y familias sin redes de apoyo.
Asimismo, exhortó a reconocer que el tiempo de las mujeres no es un recurso ilimitado ni gratuito para resolver omisiones institucionales.
“La educación pública debe organizarse pensando en las infancias, en sus familias y en quienes sostienen cotidianamente los cuidados. El calendario escolar no puede diseñarse como si en los hogares siempre hubiera una mujer disponible para resolverlo todo”.
Para Tejiendo Redes Infancia, las vacaciones largas pueden profundizar desigualdades y afectar en el aprendizaje.
Juan Martin Pérez García, coordinador de la organización, destacó que, aunque la protección frente al calor extremo es legítima, no es suficiente por sí sola y debe demostrar que no sacrifica de manera desproporcionada el derecho a la educación, la igualdad y la participación de niñas, niños y adolescentes.
De hecho, alertó, la crisis climática ya interrumpe la educación a escala global: UNICEF documentó que al menos 242 millones de estudiantes en 85 países o territorios tuvieron interrupciones escolares por eventos climáticos en 2024, y que las olas de calor fueron el riesgo climático que más afectó la escolaridad, con 171 millones de estudiantes impactados.

Tejiendo Redes Infancia señaló que el Mundial no debe desplazar el interés superior de la niñez: “Un evento deportivo puede generar problemas de movilidad, seguridad o logística, pero no puede convertirse en argumento central para reducir tiempo escolar”.
Otro punto importante es que el enfoque de derechos obliga a mirar qué ocurre con niñas, niños y adolescentes cuando se interrumpe la presencialidad escolar, especialmente en hogares con menos redes de apoyo.
Respecto a las semanas dedicadas al fortalecimiento del aprendizaje, Pérez García destacó que si éstas no son universales, gratuitas, presenciales, inclusivas, accesibles y culturalmente pertinentes, la brecha educativa puede ampliarse. “La medida requiere compensación educativa real, no simbólica”.
Además, apuntó el riesgo de discriminación indirecta ya que una decisión uniforme puede afectar de manera desigual a quienes dependen más de la escuela pública: niñas y niños en pobreza, comunidades rurales e indígenas, personas con discapacidad, familias jornaleras, hogares monoparentales y zonas con violencia”.
Para Mexicanos Primero, Tejiendo Redes Infancia, la Unión Nacional de Padres de Familia y el magisterio, el cierre anticipado del ciclo escolar exige una respuesta colectiva, con soluciones concretas para cuidar a las niñas, niños y adolescentes de México.