Acude sector privado a audiencias sobre reforma ambiental: piden certeza jurídica
Verónica Santamaría · 30 de septiembre de 2026
Los representantes de diversos sectores empresariales, turísticos, industriales, agrícolas, jurídicos y ambientales acudieron a la tercera mesa de trabajo de la segunda audiencia pública en la que expresaron sus posturas sobre la propuesta de reforma ambiental que el gobierno federal presentó para actualizar la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Al igual que especialistas, científicos, investigadores, academia, defensores ambientales, activistas y organizaciones; el sector privado reconoce la necesidad de actualizar el marco normativo actual para proteger los recursos naturales y la sustentabilidad.
Sin embargo, advirtieron sobre la urgencia de armonizar la ley ambiental con otros ordenamientos, evitar la duplicidad de trámites y asegurar la certeza jurídica.
A lo largo de las tres horas en que se desarrolló la mesa de trabajo “Sector privado, industrial, turismo y empresarial”, diversos representantes enfatizaron la importancia de basar las decisiones gubernamentales en evidencia científica, garantizar la proporcionalidad en las sanciones administrativas y dotar a las instituciones de los recursos presupuestales necesarios para su correcta operación.
Entre los asistentes destacó la participación de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA); la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sostenible (CESPEDES); Asociación Nacional de la Industria del Plástico (ANIPAC); PETCO; la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD); la Unión Mexicana de Fitosanitarios y Fertilizantes y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN); entre otros.
Industria expone preocupaciones a la seguridad alimentaria
Humberto Arenas Reyes, director general de la Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos (ANPRO), del Consejo Nacional Agropecuario, expuso en su presentación la severa crisis de la citricultura, actividad dedicada al cultivo y comercialización de naranjas, limones, mandarinas y toronjas, a causa del cambio climático y la enfermedad del Huanglongbing (HLB).
Entre sus propuestas, planteó dar contrapeso científico al principio precautorio, realizar evaluaciones de riesgo propias en México para insumos agrícolas sin depender del país de fabricación, según lo señalado en los Artículos 220 y 234. Además, pidió brindar certeza jurídica en fianzas y notificaciones, e integrar el derecho humano a la alimentación en la reforma de la LGEEPA.
Patricia Toledo es directora y especialista en sostenibilidad en la Agencia Promotora de Agroexportaciones Agroalimentarias (Promexa) defendió la coexistencia entre el derecho al medio ambiente y el derecho a la alimentación.
Por ello, solicitó que el principio precautorio tenga fundamento científico disponible que considere la realidad nacional. También sugirió una evaluación de riesgos propia para insumos agropecuarios y certeza jurídica para proteger inversiones de largo plazo en el campo, por ejemplo el riego tecnificado y la restauración de suelos.
Asimismo, Rodrigo Oria Naya, representante de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROSIT), coincidió en que se debe conciliar la protección ambiental con la seguridad alimentaria.
Además, reconoce que la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es una oportunidad para modernizar el marco regulatorio para fortalecer el derecho a la alimentación e incorporar mejores prácticas nacionales e internacionales.
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Oria Naya mencionó que con “la nueva LGEEPA” México tendrá la oportunidad de incluir sistemas de producción sustentables que aseguren la disponibilidad de alimentos y la protección de recursos naturales para las generaciones actuales y futuras.
Julio Adalberto Cabanillas Ramos, representante del Consejo Nacional de Productores Acuícolas de Camarón, también habló de seguridad alimentaría al denunciar la asimetría regulatoria que sufre la acuacultura frente a la agricultura y ganadería, siendo todas actividades primarias.
Pidió que no se exija la Manifestación de Impacto Ambiental de manera automática para toda unidad acuícola, sino únicamente cuando existan riesgos objetivos acreditables, habilitando esquemas simplificados para proyectos de bajo impacto.
Cámaras de la industria fijan posturas
Las Cámaras y Confederaciones empresariales estuvieron presentes en la segunda audiencia pública del Parlamento que analiza la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señalando oportunidades para el sector.
Mónica Barrera Vara, presidenta de la Comisión de Sustentabilidad de la Confederación de las Cámaras Industriales (CONCAMIN) indicó que la tramitación simultánea de Manifestación de Impacto Ambiental y el cambio de uso de suelo no es operativamente viable para hidrocarburos.
Por ello, solicitó acotar la evaluación de impactos acumulativos a Manifestaciones de Impacto Ambiental regionales; que se aminore la duración en el registro de infractores y se considere la capacidad de las pequeñas y medianas empresas al aplicar multas.
También demandó que se descarte la apertura de expedientes basados únicamente en notas periodísticas o digitales.
Benjamín del Arco Ortiz, representante de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico (ANIPAC) propuso que las sanciones inscritas en el registro de infractores aplicadas a una planta no afecten otras instalaciones de la misma empresa en el país.
Además, exhortó a que se acorte temporal y espacialmente la evaluación de efectos acumulativos en la Manifestación de Impacto Ambiental y graduar las sanciones garantizando proporcionalidad con la conducta cometida.
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El ingeniero Jorge López Morton, representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) cuestionó la redacción del Artículo 290 que impone el verbo “deben atender” a las instituciones privadas para realizar peritajes o estudios de procuración ambiental.
Por ello, plantea que se trate de una acción colaborativa y voluntaria. Además, sugiere que se incorpore una compensación económica justa por los dictámenes realizados.
En materia de hidrocarburos, Andrea Porras, gerente de Regulación Ambiental y Social en la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) explicó a diputadas y diputados que la tramitación simultánea de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y cambio de uso de suelo, propuestos en la iniciativa paralizaría proyectos de infraestructura lineal como son los gasoductos.
Esto se debe a que la regulación sectorial de la Secretaría de Energía requiere contar con el acuse o resolución de la MIA para negociar derechos de paso antes del trámite forestal. Sobre esto, plantea que se permita la presentación simultánea, coordinada o independiente.
Andrea Porras reconoció la importancia de reformar la LGEEPA, “coincidimos plenamente con los objetivos de fortalecer la protección ambiental y consolidar un marco regulatorio moderno y eficaz para México”, dijo.