Ven en Yucatán precedente frente a resistencia legislativa al aborto en otros estados
Marcela Nochebuena · 28 de julio de 2026
Solo bajo presiones judiciales y el amago de una multa, el Congreso de Yucatán completó en junio pasado las reformas para despenalizar el aborto, eliminando al fin todos los obstáculos legales para su acceso. El proceso legislativo había iniciado en 2025.
Aunque ese intento de desacato sienta un mal precedente, al mismo tiempo, el desenlace es una advertencia frente a la resistencia legislativa en estados como Aguascalientes, donde aún hay reformas pendientes, opinan activistas que defienden los derechos reproductivos en el estado.
“Esto que pasó con el estado de Yucatán sirve de ejemplo para todos los estados, pero principalmente para entidades como Aguascalientes, y también como Guanajuato, en donde los congresos de forma sistemática se niegan a realizar las reformas que les indica la Suprema Corte de Justicia”, asegura Angie Contreras, de la organización Cultivando Género en Aguascalientes.
Tal resistencia en Aguascalientes ha sido larga. A menos de un año de que el aborto se despenalizara hasta la semana 12 de gestación, el Congreso dio un paso atrás y redujo el plazo legal a seis semanas, una decisión que defensoras e instituciones impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los ministros siguen postergando la discusión y con ello la resolución definitiva del caso. Mientras tanto, legisladores locales han dado señales de estar dispuestos a oponerse a cualquier orden que provenga del órgano judicial.
Yucatán, el primer estado en ser multado
En junio pasado, el Congreso de Yucatán eliminó por unanimidad de la constitución local la protección a la vida desde la fecundación; una disposición que la SCJN había declarado inconstitucional y cuya reforma legal estaba pendiente desde 2025, cuando se despenalizó el aborto hasta la semana 12.
Las y los legisladores aprobaron el cambio únicamente después de que la Corte les impusiera una multa individual de 26 mil 981 pesos por incumplir la sentencia. Avalaron la reforma en una sesión rápida y sin debate. Con esto, Yucatán se convirtió en la primera entidad en ser multada por incumplir una sentencia relacionada con el aborto.
Angie Contreras, de la organización Cultivando Género en Aguascalientes, apunta en entrevista que este antecedente adquiere relevancia y trascendencia para todo el país ante los discursos constantes en los congresos locales —particularmente en ese estado—, en el sentido de que la SCJN está vulnerando la soberanía de las entidades, “pero hasta que se les afecta económica y personalmente deciden hacer algo”.
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Al mismo tiempo, resulta un recordatorio para las legislaturas locales de que las sentencias de la Suprema Corte no son opcionales, que tienen que cumplir la Constitución y realizar las modificaciones que les imponen. La Corte solo señala cuando se están vulnerando los derechos, recuerda, pero los congresos con frecuencia no hacen su trabajo, que es reformar.
“En estados como Aguascalientes, donde están ahora con la acción de inconstitucionalidad que tenemos pendiente sobre el código penal por el retroceso de 12 a 6 semanas, esto se vuelve muy importante. Ahora las y los diputados han afirmado que no van a hacer la reforma”, explica Contreras.
“Una reforma por indicación de la Corte para nada vulnera la soberanía”
Es necesario subrayar —añade— que las determinaciones de la Corte no son opcionales, pero también hacer notar qué tipo de reformas no quieren realizar los congresos locales, pues la Corte les “corrige la plana” en muchas temáticas, y en una buena parte sí hacen las adecuaciones y reformas necesarias.
“Pero cuando ese tema es sobre el derecho a la salud, el derecho a decidir de las mujeres y las personas gestantes, entonces dicen que se está vulnerando la soberanía”, reprocha la activista.
Para Angie Contreras es muy interesante cómo las y los diputados de Aguascalientes han cambiado la narrativa a partir de la última vez que se esperaba —los primeros días de junio— que en el pleno de la Corte se discutiera el plazo para abortar. Las personas legisladoras locales comenzaron a advertir entonces que no ejecutarían la reforma.
“Todo nos indica que la Suprema Corte va a votar que sí fue inconstitucional la reducción gestacional hasta la semana sexta, porque ahora el Congreso se ha encargado de insistir en que no van a acatar la indicación, y justamente con un discurso de que buscan que se respete la soberanía de Aguascalientes, cuando una reforma por indicación de la Corte no la vulnera”, agrega Contreras.
Lo sucedido en Yucatán es un antecedente importante porque deja ver cómo hasta que se afectan los intereses económicos, personales, del Congreso, las y los legisladores hacen su trabajo, pero si eso no ocurre, se niegan a cumplir con las labores para las cuales fueron electos, como llevar a cabo las reformas.
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Además, recuerda que las modificaciones legislativas mal realizadas o inacabadas también implican un dispendio de recursos que se paga con impuestos, es decir, los sueldos de sus equipos y el gasto corriente de la actividad legislativa. “Es dinero que ya se perdió, y hasta que les afectan con una multa realizan la reforma, y no tendría que ser en ese sentido”, subraya.
El episodio también remite, sostiene, a lo ocurrido en Estados Unidos con el Roe vs. Wade, cuando en julio de 2022 se puso fin a la resolución que desde 50 años atrás había garantizado el derecho constitucional al aborto. Angie Contreras subraya que esto evidenció que el derecho a la salud de las mujeres no puede estar a expensas de las administraciones y gobiernos que lleguen al poder, sino que tienen que apuntar a la progresividad de los derechos.
El gran pendiente en Aguascalientes: un plazo para abortar regresivo
En diciembre de 2023, el Congreso de Aguascalientes aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, obligado desde entonces por una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de ese mismo año.
En aquel momento, las organizaciones que habían impulsado el amparo que condujo a la despenalización —Morras Help Morras, Cultivando Género, Terfu, Cecadec y GIRE— celebraron la resolución porque reafirmaba que en Aguascalientes no se podría criminalizar por aborto a las mujeres y personas con capacidad de gestar que decidieran interrumpir un embarazo durante ese plazo —el mínimo vigente entre los estados que han despenalizado el aborto—, ni a quienes las asistieran.
Apenas ocho meses después, el Congreso local, con 19 votos a favor, seis en contra y dos ausencias, aprobó una iniciativa de reforma que redujo de 12 a 6 semanas de gestación el periodo permitido para abortar de manera voluntaria. Era resultado de una propuesta de mayoría panista.
Ante ello, las organizaciones prepararon una nueva estrategia, mediante una acción de inconstitucionalidad que remarcaba el retroceso impulsado por el Congreso local, y la regresión sobre un estándar ya legalizado. Hicieron énfasis en que para las mujeres y personas gestantes resultaba un acto inhibitorio, que además buscaba entorpecer el acceso al aborto al pretender que se venciera el plazo mientras ellas completaban el trámite y los estudios previos.
La acción de inconstitucionalidad 172/2024 impugna el artículo 101 del código penal local, que penaliza el aborto voluntario después de la semana seis. El recurso fue presentado por el Poder Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y originalmente enlistado para su discusión el 6 de enero de este año, pero su análisis fue pospuesto.
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El documento incluye también la impugnación al artículo 103, que establece supuestos desproporcionados al exigir, cuando menos, el dictamen de dos médicos especialistas para determinar si un aborto fue espontáneo o si el producto presentaba alteraciones genéticas o congénitas. A esto se suma la impugnación del artículo 196, que contempla penas desproporcionadas cuando un tercero ocasiona un aborto por conducta culposa y, aunque no tipifica algún delito, penaliza a las mujeres cuando ocurre por falta de cuidado.
La Corte aún tiene pendiente analizar y resolver estas impugnaciones, ya que tras volver a enlistar el asunto en los primeros días de junio, pospuso por segunda vez la discusión. Aunque las organizaciones entienden que podría tardar un poco más para cerciorarse de sus alcances y del consenso en torno al proyecto, pidieron en aquel momento que la definición se diera lo más pronto posible.
Además de buscar la garantía del derecho en el sentido más amplio, el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo subraya que es biológicamente difícil determinar con exactitud las semanas desde la implantación, por lo que la diferencia de plazos puede convertir el ejercicio de un derecho en un delito; esa falta de claridad viola, por lo tanto, el principio de legalidad y fomenta la criminalización.
Respecto de los diversos aplazamientos, Angie Contreras comenta que las organizaciones siguen esperando a que una vez que concluya su periodo de receso el próximo 2 de agosto, la Corte cierre el año analizando el proyecto y emitiendo una resolución definitiva.
“Nuestra insistencia a la Corte es que no podemos esperar, o no podemos dejar que pase otro año sin que se analice, porque mientras la Corte tarda, en Aguascalientes se sigue vulnerando el derecho a la salud de las mujeres y las personas con capacidad de gestar; además, se siguen generando más obstáculos”, apunta.
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Angie Contreras asegura que es frecuente la negación de los servicios, y el acceso integral a educación e información, que hasta hoy no se garantiza de manera definitiva en el estado. Además, la entidad conserva, en su mayoría, representantes populares identificados con la derecha. A ello se suma que el próximo año será electoral, por lo que los discursos antiderechos se explotarán como material político para ganar votos.
“El derecho a la salud, el derecho a una vida libre de cualquier tipo de violencia no debería ser interpretado bajo el código de votos. Debe ser un derecho que se garantice con o sin año electoral, y no una forma de querer atraer votos hacia uno u otro color”, recuerda Contreras.