UIF bloquea cuentas de Ernesto Ruffo, acusado de huachicol fiscal
Animal Político · 22 de julio de 2026
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
De acuerdo con la investigación de la FGR, el exmandatario tendría dos cuentas en Intercam Grupo Financiero, un fondo de inversión y una cuenta bancaria, además de otra cuenta en BBVA.
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El aseguramiento de las cuentas ocurre ante la probable existencia de operaciones inusuales.
Ernesto Ruffo fue detenido el pasado 16 de julio por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de liderar una red de contrabando de combustible a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V., la cual supuestamente evadió más de 4 mil millones de pesos en impuestos.
La FGR le imputa los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Por la gravedad de estos cargos, el exgobernador panista enfrenta una pena que podría ir de los 32 hasta los 57 años de prisión.
A pesar de que el exsenador ha sostenido ser solo un accionista minoritario encargado de gestiones aduanales, una jueza de control le dictó prisión preventiva el pasado 19 de julio, ordenando su reclusión en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
Así cruzaba combustible desde Texas la red de huachicol fiscal ligada a Ruffo
Mediante la alteración de pedimentos aduanales y utilizando la red ferroviaria binacional, una compleja estructura empresarial presuntamente encabezada por Ruffo Appel logró introducir a México millones de litros de combustible de contrabando, a través del esquema conocido como “huachicol fiscal”, proveniente directamente de refinerías de Texas en Estados Unidos.
De acuerdo con el expediente judicial del caso, al que Animal Político tuvo acceso, esta compleja estructura criminal, operada presuntamente a través de la empresa mexicana Ingemar S.A. de C.V., se abastecía de una amplia cadena de suministro conformada por al menos una decena de compañías energéticas estadounidenses.
De acuerdo con la narrativa de la acusación, el hidrocarburo estadounidense ingresaba al país principalmente por las aduanas de Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Camargo y Matamoros en el estado de Tamaulipas, para luego distribuirse en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Según la investigación, este modus operandi, conocido como “huachicol fiscal”, consistía en mentir sistemáticamente ante las autoridades aduaneras mexicanas para evadir el pago de impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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En el caso particular de la logística ferroviaria, la FGR documentó que la red utilizaba carrotanques con capacidad nominal de entre 110 mil y más de 120 mil litros de diésel o gasolina.
Sin embargo, en los pedimentos declaraban un aproximado de apenas 10 mil litros por unidad. Sobre esto, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, detalló en conferencia de prensa que la red declaraba solo el 10 % de la capacidad real de cada carrotanque de ferrocarril.
La trama quedó al descubierto en julio de 2025, tras una denuncia ciudadana por un fuerte olor a combustible que llevó al hallazgo de 33 ferrotanques abandonados sobre las vías del tren en Ramos Arizpe, en Coahuila. Ahí inició la investigación formal de las autoridades.
Al inspeccionar los vagones, las autoridades confirmaron que portaban los rombos de seguridad con las claves 1202 y 1203, que corresponden a diésel y gasolina, respectivamente.
A partir de este primer decomiso, la FGR rastreó el actuar sistemático de la organización y contabilizó un total de 163 ferrotanques vinculados a la red, a través de los cuales se introdujeron de forma ilícita 18 millones 225 mil 657.86 litros de petrolíferos.
La mercancía ingresaba sin revisión física y era descargada en “espuelas ferroviarias” (vías de conexión industrial) para luego ser transferida a autotanques y pipas de diversas empresas para su comercialización en estados como Coahuila, Durango y Zacatecas.