Fiscalía de Morelos justifica liberación de líder criminal a cambio de tres agentes retenidos

La tarde del lunes 12 de octubre, mientras los bloqueos comenzaban a extenderse por la región oriente de Morelos, la Fiscalía estatal enfrentaba una emergencia: tres de sus agentes y una persona más, se encontraban privados de la libertad; quienes los retenían exigían la entrega de un hombre detenido horas antes en Totolapan.

Los reportes daban cuenta de cierres carreteros, vehículos incendiados y agresiones contra los agentes. La petición era concreta: entregar a José David, conocido como “El Güero del Gym”, a quien las autoridades señalan como presunto generador de violencia relacionado con el grupo delictivo Pueblos Unidos.

Una fotografía que circuló el lunes mostró a cuatro personas dentro de un vehículo de transporte público. Una tenía los ojos cubiertos con una tela blanca y otra llevaba una prenda roja sobre el rostro. La imagen no permite establecer, por sí sola, la identidad de las personas ni las circunstancias en que fueron retenidas.

El fiscal estatal fue cuestionado sobre si la cuarta persona que aparece en la imagen era un estudiante que realizaba su servicio social. El fiscal especializado en Delitos de Alto Impacto, Luis Eduardo Flores Barrios, respondió: “se trata de un tema de investigación que se está siguiendo”. Fuentes consultadas confirmaron que el joven universitario acompañaba a los agentes y también fue golpeado.

Alrededor de las 19:35 horas, los tres agentes ministeriales y el joven recuperaron su libertad después de que la Fiscalía entregara a José David.

La jornada dejó otro saldo: cuatro integrantes de la Guardia Nacional (GN) murieron en un accidente cuando se dirigían a atender la emergencia. Los elementos estaban comisionados a tareas policiales en Morelos.

Una detención que surgió durante otra diligencia

La intervención policial en Totolapan comenzó con un propósito distinto: entregar un inmueble asegurado a una persona particular. En la diligencia participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal Antisecuestro, de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), policías estatales y personal ministerial y pericial.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por Luis Eduardo Flores Barrios, titular de la FIDAI, se estableció un perímetro de seguridad para realizar la entrega. Durante el procedimiento, las autoridades recibieron información sobre la presencia cercana de un hombre identificado como presunto generador de violencia en el municipio.

Una vez concluida la diligencia, el personal ministerial se retiró, mientras los elementos que permanecían en el cerco de seguridad se desplegaron para localizar al hombre y prevenir posibles agresiones contra quienes participaban en la intervención.

José David fue detenido alrededor de las 14:50 horas. Flores Barrios sostuvo que la captura ocurrió sin incidentes y que el hombre fue detenido en flagrancia por posesión simple de narcóticos, un delito contra la salud. Los agentes que participaron en esa intervención salieron de Totolapan y continuaron su trayecto hacia Tlatlauquitepec, según la explicación del funcionario.

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Durante la conferencia del martes, el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar, reconoció que José David no tenía una orden de aprehensión vigente. Su captura, por tanto, no había sido resultado de un operativo planeado para detenerlo por extorsión, como se había informado inicialmente, sino de una intervención cuyo objetivo original era entregar el inmueble.

Aunque las autoridades lo señalaban como presunto generador de violencia y había investigaciones abiertas, la detención ocurrió de manera circunstancial.

La exigencia: entregar al detenido

Entre las 15:30 y las 16:00 horas, la Fiscalía recibió el reporte de que tres integrantes de la Agencia de Investigación Criminal habían sido privados de la libertad.

Flores Barrios aclaró que esos agentes no formaban parte del equipo que entregó el inmueble ni del que detuvo a José David. Se encontraban realizando actos de investigación en la región, relacionados con otra carpeta por homicidio.

La Fiscalía abrió una investigación por secuestro, activó el protocolo nacional de actuación y atención a víctimas de ese delito y asignó personal especializado en manejo de crisis y negociación. De acuerdo con la versión oficial, la exigencia para liberar a los agentes era entregar al hombre detenido poco antes.

Durante la conferencia, Flores Barrios afirmó que los agentes estaban siendo torturados y que sus vidas corrían peligro. Al responder preguntas de la prensa, describió las lesiones que presentaban: golpes, policontusiones y heridas por disparos de arma de fuego.

La Fiscalía informó que los tres agentes recibieron atención médica después de recuperar su libertad. Uno de ellos permanecía hospitalizado, en condición estable, según lo expuesto por las autoridades.

El fiscal especializado reconoció que todavía no se había precisado el momento ni la forma en que ocurrió la privación de la libertad, pues los agentes no habían rendido su declaración debido a que primero debían atender su estado de salud.

“Todavía no tenemos precisado el momento ni el modo”, respondió Flores Barrios al ser cuestionado sobre las circunstancias en que fueron retenidos.

En el caso del estudiante universitario, las autoridades no precisaron qué funciones desempeñaba ni por qué acompañaba a los agentes ministeriales. Flores Barrios calificó el asunto como delicado y pidió evitar especulaciones mientras continuaban las investigaciones.

La entrega y las preguntas

Este martes, el fiscal estatal Blumenkron defendió la decisión de entregar al detenido y sostuvo que se trató de una determinación institucional apegada a derecho.

“La decisión de liberar a la persona detenida para rescatar con vida a los tres compañeros privados de su libertad fue una determinación institucional en estricto apego a derecho”, afirmó.

El fiscal general rechazó que la delincuencia hubiera doblegado a las autoridades y sostuvo que la decisión respondió a la necesidad de proteger la vida de los agentes.

“La vida de nuestros compañeros no era negociable; la aplicación de la justicia tampoco es renunciable”, declaró.

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Flores Barrios argumentó que José David había sido detenido por posesión simple de narcóticos, conducta que, según explicó, no amerita prisión preventiva oficiosa. Al revisar su situación jurídica, dijo, no se encontró una orden de aprehensión vigente en su contra.

La Fiscalía distinguió esa carpeta por delitos contra la salud de la investigación por secuestro agravado abierta tras la retención de los agentes. Flores Barrios informó que al menos diez personas eran investigadas por este último delito, entre ellas José David, y adelantó que buscarían obtener órdenes de aprehensión.

Flores Barrios defendió el resultado de la intervención inicial y sostuvo que el operativo había sido exitoso en cuanto a sus objetivos: detener al hombre y concluir la entrega del inmueble. Separó esa actuación de la posterior privación de la libertad de los agentes y defendió que la crisis se atendió mediante el protocolo correspondiente.

Bloqueos y un antecedente en Totolapan

Mientras se desarrollaba la negociación, habitantes y transportistas bloquearon distintos accesos a Totolapan y vías de conexión con otros municipios para exigir la liberación de José David, a quien algunas personas identificaban como “El Güero”.

Los cierres afectaron la carretera México-Cuautla, a la altura del kilómetro 88, en Atlatlahucan, así como conexiones hacia Tlayacapan, Oaxtepec y Yautepec. También se reportaron vehículos incendiados y disparos en la zona del crucero de Santa Rosa. La interrupción de la circulación afectó el transporte público, incluidas las rutas 13B y 15.

No era la primera vez que un operativo de seguridad en Totolapan derivaba en bloqueos y vehículos incendiados. El 23 de julio de 2025, seis cateos en inmuebles presuntamente relacionados con el grupo delictivo “La Empresa” provocaron protestas en los accesos al municipio, la quema de llantas y el incendio de un vehículo.

En aquel operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de investigaciones por presuntos delitos contra la salud.

Meses antes, en febrero de 2025, Totolapan también había sido noticia por la difusión de un video de una reunión entre los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Alonso Toledano, y Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, señalado como presunto operador del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos. En marzo, autoridades federales catearon la finca donde presuntamente ocurrió el encuentro.

Cuatro guardias nacionales muertos

La respuesta a la emergencia tuvo otro saldo fatal. Cuatro integrantes de la Guardia Nacional murieron cuando el vehículo en el que viajaban hacia Totolapan cayó desde un puente. Los elementos estaban comisionados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos y desempeñaban funciones policiales en la entidad.

Los fallecidos fueron identificados como Noé Sandoval Velázquez, Edmundo Castro García, Antonio Bautista Castillo y José Antonio Gómez.

La jornada del lunes terminó con una detención circunstancial, la entrega de un hombre para recuperar a tres agentes ministeriales y un estudiante, bloqueos y actos de violencia en la región oriente, además de la muerte de cuatro integrantes de la Guardia Nacional que se dirigían a atender la emergencia.

La Fiscalía sostiene que actuó conforme a derecho para proteger la vida de sus colaboradores. Las investigaciones deberán esclarecer cómo fueron retenidos los agentes, qué ocurrió con el estudiante, quiénes participaron en las agresiones y los bloqueos, y cuáles son las responsabilidades por el incendio del vehículo oficial y el reporte del robo de armas. También está pendiente determinar qué elementos sustentan la investigación por secuestro agravado contra José David, detenido sin una orden de aprehensión vigente.

Sheinbaum y Harfuch explican liberación de presunto criminal en Totolapan

Previamente, durante la mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicaron la secuencia del operativo en Totolapan, Morelos, que derivó en la liberación de un presunto integrante del grupo criminal Pueblos Unidos a cambio de recuperar a tres agentes de la Fiscalía estatal privados de la libertad.

García Harfuch afirmó que la intervención no tenía como objetivo inicial detener al presunto delincuente, sino recuperar unos inmuebles mediante diligencias ministeriales. Sin embargo, los agentes lo encontraron y detuvieron en flagrancia.

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“Ellos iban a unas diligencias del Ministerio Público para una recuperación de unos inmuebles. Cuando ven a este sujeto en flagrancia, lo detienen”, explicó.

El secretario reconoció que el despliegue estatal no contaba con suficiente personal ni con el acompañamiento necesario del Gabinete de Seguridad federal, para enfrentar la reacción posterior.

Tras la privación de la libertad de tres agentes de la Fiscalía, las autoridades estatales decidieron entregar al detenido para recuperarlos con vida. Uno de los agentes presentaba una herida de arma de fuego.

Cuestionada sobre quién tomó esa decisión, Sheinbaum respondió: “fue del estado de Morelos, es un operativo del estado de Morelos y, pues, el secretario de Seguridad y el fiscal tienen que informarlo”.

La presidenta justificó la decisión bajo el argumento de que la prioridad era evitar más víctimas. “Por encima de todo, pues tienes que salvar las vidas de las personas”, sostuvo.

García Harfuch, en tanto, aseguró que el presunto delincuente no quedará impune: “esto no significa que este sujeto vaya a quedar impune, lo vamos a detener”.

Ambos funcionarios señalaron que corresponde al gobierno de Morelos explicar las decisiones tomadas durante el operativo.