Dictan prisión preventiva a Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa
Animal Político · 7 de agosto de 2026
La Fiscalía General de la República obtuvo prisión preventiva en contra de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador del estado de Guerrero, por su posible participación en los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, en el marco de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso del exmandatario estatal. Ante dicha solicitud, la defensa legal se acogió a la duplicidad del término constitucional.
La medida cautelar deriva de un reanálisis de las actuaciones existentes realizado mediante un modelo de investigación de la Fiscalía General de la República, en colaboración con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Investigación Criminal y el Instituto Nacional de Medicina Genómica.
Los trabajos acreditaron la participación del imputado en el ocultamiento de evidencias y grabaciones para conocer el paradero de los estudiantes.
Según la investigación, la instrucción “fue girada de manera directa por el entonces mandatario de la entidad, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”.
Lee: Caso Ayotzinapa: de Ángel Aguirre a Murillo Karam; estos son los personajes clave
La institución federal sostuvo que estos elementos permiten establecer que “el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”.
Ángel Aguirre habría ordenado destruir evidencia sobre los 43 de Ayotzinapa: FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) señala al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por presuntamente ordenar el ocultamiento y la destrucción de videos clave relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Por este motivo, el exmandatario fue detenido en el Estado de México en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
De acuerdo con un mensaje oficial emitido por la fiscal Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, la captura es resultado de un “nuevo modelo de investigación” y de un reanálisis exhaustivo de las actuaciones existentes del caso. Esto permitió acreditar con evidencias la posible participación del exgobernador en la destrucción de pruebas para ocultar el paradero de los estudiantes.
La acusación de la FGR se centra en el ocultamiento deliberado de material videográfico fundamental de la noche del 26 de septiembre de 2014.
Según la relatoría de la Fiscalía, esa noche el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que se trasladaba un grupo de normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, fue captado por las cámaras de seguridad 12 y 15 ubicadas al exterior del Palacio de Justicia en Iguala, en el momento exacto en que era interceptado por elementos de la policía municipal y estatal.
Aunque las primeras versiones oficiales afirmaron que dichas grabaciones no existían debido a supuestas “fallas técnicas del sistema”, diligencias posteriores de la Fiscalía acreditaron que esa versión era falsa.
La indagatoria tomó un rumbo definitivo gracias a las declaraciones de dos testigos durante este año. En enero de 2026, una persona colaboradora confirmó la existencia real de los videos, identificó a quien los sustrajo para entregárselos directamente a Ángel Aguirre Rivero y denunció haber recibido amenazas que le impidieron hablar con anterioridad.
Entérate: Ángel Aguirre: el exgobernador de Guerrero marcado por Ayotzinapa
En mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció el caso al declarar que el exgobernador ordenó de forma expresa, durante una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, “desaparecer cualquier evidencia” relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
La FGR sostiene que cuenta con elementos de prueba sólidos que demuestran que esta instrucción de ocultamiento fue girada directamente por el entonces mandatario, contando con la complicidad de servidores públicos estatales de alto nivel.