Presupuesto 2027 prioriza la seguridad civil sobre el gasto de las Fuerzas Armadas

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 (PPEF 2027) marca un cambio de ritmo estratégico en la asignación de los recursos para la seguridad pública en México, al priorizar el fortalecimiento de las instituciones civiles sobre el gasto militar.

Mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) registra un incremento del 36.98 % en términos reales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estima un crecimiento más moderado del 4.57 % real. 

En otras palabras, en capacidad efectiva de compra expresada a precios de 2027, la SSPC encabezada por Omar García Harfuch podría pasar de 62 mil 515 millones de pesos en 2026 a 85 mil 634 millones en 2027, lo que representa un aumento directo de 23 mil 118 millones de pesos reales para las tareas policiales, de inteligencia e investigación civil, según la metodología de deflactación de la organización Fundar. 

En contraste, la Sedena dirigida por el general Ricardo Trevilla Trejo contaría con 185 mil 706 millones de pesos para 2027, frente a los 177 mil 583 millones equivalentes de 2026 (una diferencia real de 8 mil 123 millones de pesos).

Esta variación entre presupuestos designados a autoridades civiles y militares para la seguridad del país muestra una marcada diferencia entre los sexenios del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que incrementó el presupuesto y las tareas de la Sedena durante su sexenio pese a las críticas y quejas, y de la presidenta Claudia Sheinbaum que ha impulsado a la SSPC durante los primeros dos años de su administración. 

En el ámbito naval, la Secretaría de Marina (Semar), liderada por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, es la única autoridad militar que muestra un avance intermedio de 18.46 % real, al subir su presupuesto de 68 mil 564 millones de pesos en 2026 a 81 mil 223 millones de pesos en 2027, lo que equivale a una inyección adicional de 12 mil 659 millones de pesos reales para las funciones de vigilancia costera, puertos y aduanas.

Con este rebalanceo, los recursos destinados a la seguridad civil crecerán a un ritmo significativamente mayor que los asignados a la defensa militar terrestre el próximo año.

Presupuesto del Poder Judicial 2027: la Corte, el OAJ y el TDJ pierden 19.2% real

A diferencia del impulso presupuestal otorgado a la seguridad pública civil, las instituciones encargadas de la administración, vigilancia e impartición de justicia en México sufrirán una contracción pareja en sus recursos para el ejercicio fiscal 2027.

En conjunto, el presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF) podría pasar de 85 mil 960 millones de pesos aprobados en 2026 a 72 mil 264 millones para 2027. 

Al deflactar la cifra propuesta en el PPEF 2026, que ubica el presupuesto del año en 89 mil 398 millones de pesos a valores constantes de 2027, el sector judicial absorbe una caída real global del -19.17 %, equivalente a una pérdida efectiva de 17 mil 134 millones de pesos de 2027 en su poder adquisitivo.

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Esta reducción real de casi un 20 % impacta de manera directa a los tres pilares del sistema judicial federal. 

En primer lugar, afectaría al Órgano de Administración Judicial (OAJ, antes CJF) que pasaría de un presupuesto equivalente a 77 mil 193 millones de pesos reales de 2026 a un estimado de 62 mil 398 millones de pesos en 2027. La disminución efectiva asciende a 14 mil 795 millones de pesos reales.

La importancia de este órgano, que es presidido por Néstor Vargas Solano, exconsejero jurídico de Sheinbaum en la Ciudad de México, radica en que esta es la autoridad responsable de la gestión administrativa e infraestructura de todos los tribunales colegiados y juzgados de distrito (federales) del país, la cual, a pesar de concentrar más del 86 % de los recursos del PJF, enfrenta quejas por falta de mantenimiento y escasez de recursos humanos y materiales.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, podría reducir su capacidad operativa al pasar de 6 mil 104 millones de pesos reales en 2026 a 4 mil 934 millones proyectados para 2027, lo que representa una contracción neta de 1 mil 170 millones de pesos reales.

A pesar de las enfáticas declaraciones del ministro presidente respecto a la desaparición de los “privilegios históricos”, el presupuesto aprobado por la Suprema Corte para el ejercicio fiscal de 2027 ha reavivado la controversia sobre la verdadera aplicación de la austeridad republicana en el máximo tribunal del país. 

Esto se debe a que la ministra Lenia Batres criticó duramente que el anteproyecto aprobado contemplaba solicitar un incremento presupuestal del 17.2 % para el año 2027, calificándolo como “opulencia”. El punto más controvertido era la propuesta de restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 servidores públicos de mandos medios y superiores.

Debido a estos señalamientos, durante la presentación de su primer informe de labores, el ministro presidente Hugo Aguilar se vio orillado a responder de forma indirecta a los señalamientos de la ministra Batres al asegurar que los integrantes del Pleno no contarán con seguro de gastos médicos mayores ni con seguro de separación individualizada. “Quiero ser enfático: se acabaron los privilegios”, reiteró.

Finalmente, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), la nueva instancia encargada de la supervisión, evaluación y sanción del personal jurisdiccional, podría pasar de 1 mil 930 millones de pesos reales en 2026 a 1 mil 560 millones de pesos para 2027, sufriendo un recorte real de 370 millones de pesos.

Este recorte se realizará a pesar de las críticas expresadas contra jueces y magistrados federales que resultaron electos mediante el voto popular, tras las primeras elecciones judiciales del país, por una presunta falta de preparación jurisdiccional para ocupar sus cargos. 

Presupuesto FGR 2027: recorte real de más de mil millones de pesos

En un caso similar al de las autoridades de administración, vigilancia e impartición de justicia en México, la procuración de justicia a nivel federal también sufrirá una reducción efectiva en su capacidad operativa.

Para el ejercicio fiscal 2027, la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por la fiscal Ernestina Godoy Ramos tiene asignada una partida de 20 mil 893 millones de pesos, frente a los 21 mil 059 millones de pesos autorizados en el presupuesto de 2026. 

En una revisión superficial a valores nominales sin ajustar, la diferencia entre ambos ejercicios muestra un ajuste a la baja de apenas -0.79 % (-165.8 millones de pesos).

Sin embargo, al aplicar la metodología de la organización Fundar y deflactar las cifras en términos reales, la asignación del año anterior equivale a 21 mil 901 millones de pesos. 

Bajo esta medición real, el órgano autónomo encargado de la investigación de delitos federales sufre una contracción del -4.60 % en términos reales, lo que representa una reducción efectiva de 1 mil 008 millones de pesos de poder adquisitivo para 2027.

Esta contracción de recursos incide de manera directa en el margen financiero de la Fiscalía para sostener la investigación y persecución de delitos federales de carácter especial, delitos cometidos en materia de derechos humanos, la atención a delitos electorales y la fiscalización en materia de corrupción; es decir, tiene un impacto en áreas de investigación prioritarias. 

Además, la disminución real limita los fondos destinados a la formación profesional, profesionalización del capital humano y el equipamiento técnico de agentes del Ministerio Público de la Federación, peritos y la Policía Federal Ministerial.

El caso de la FGR constituye el ejemplo más claro en el Paquete Económico 2027 de cómo una partida presupuestal que parece permanecer sin cambios significativos en papel, sufre un deterioro sustancial en términos reales al no compensar la inflación proyectada para el periodo.