Sigue el nepotismo en el Poder Judicial a un año de la reforma: juzgadores

Alfredo Maza · 27 de agosto de 2026

Sigue el nepotismo en el Poder Judicial a un año de la reforma: juzgadores

A un año de la implementación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) denunció que no se ha cumplido la promesa oficial de erradicar el nepotismo y las designaciones por vínculos familiares dentro de la carrera judicial.

A través de una tarjeta informativa emitida por su Directiva Nacional, la organización sostiene que los lazos familiares siguen vigentes en las nuevas estructuras judiciales, las cuales fueron presentadas originalmente como la solución a este problema.

La JUFED fundamentó sus señalamientos en un análisis de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el cual revela porcentajes significativos de parentesco en los niveles más altos de la judicatura.

Fachada del edificio sede del Poder Judicial de la Federación y Consejo de la Judicatura Federal en San Lázaro, vista detrás de un cerco con alambre de púas.
Sede del Poder Judicial | Foto: Cuartoscuro

El nepotismo dentro de la Suprema Corte

Por ejemplo, se señala que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 56 % de los ministros (5 de 9) tiene al menos un familiar con un cargo en el Gobierno o que ha recibido contratos públicos.

Entre los casos específicos documentados, la JUFED resalta el de la ministra Lenia Batres Guadarrama, a quien se identifica como el perfil con mayor cantidad de lazos familiares, al registrar cinco parientes en cargos públicos. 

En la lista de familiares se encuentra su hijo, Emiliano Batres Guadarrama, quien funge como jefe de departamento en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); además de su hermano, Martí Batres Guadarrama, actual director general del ISSSTE.

Asimismo, se identifica a su hermana Valentina Batres Guadarrama, legisladora local por Morena; su cuñada Daniela Cordero Arenas, al frente del Fondeso en la capital, y su tío Alejandro Bichir Batres, quien representó diplomáticamente a México en Panamá durante el periodo 2023-2024.

La ministra Lenia Batres Guadarrama vistiendo un huipil multicolor y anteojos, hablando frente a un micrófono en una mesa de presídium con su identificador oficial.
Lenia Batres Guadarrama, ministra de la SCJN | Foto: Cuartoscuro

Mientras tanto, en el Tribunal de Disciplina Judicial, el 60 % de sus integrantes (3 de 5) cuenta con parientes en el servicio público. El análisis también incluye a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde la proporción de vínculos familiares asciende al 71 % en la nueva integración de este órgano.

Asimismo, se destaca el caso de Diego Armando Guerrero García, magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, quien es hermano del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, integrante de la Suprema Corte.

Según la asociación, aunque operan en estructuras distintas (local y federal), ambos cargos resultaron de una elección judicial en la que se utilizaron “acordeones distribuidos durante la jornada electoral” para colocarlos en posiciones clave.

Inconsistencia en el desmantelamiento de la carrera judicial

La JUFED aclaró que la existencia de lazos familiares no constituye, por sí misma, un impedimento legal para acceder al servicio público, siempre que se cumpla con la ley. Sin embargo, cuestionó que se haya utilizado este argumento para justificar la desaparición del sistema civil de carrera.

Un hombre con toga ondeando una bandera de México
Protesta de jueces y magistrados | Foto: Ilsutrativa/ Cuartoscuro

“Lo que corresponde señalar es la inconsistencia de haber utilizado el combate al nepotismo como uno de los argumentos centrales para justificar el desmantelamiento de la carrera judicial, cuando la evidencia disponible muestra que los vínculos familiares en el ejercicio del poder público no desaparecieron con la reforma, sino que persisten también en la estructura que se presentó como su solución”, señalaron.

El organismo judicial insistió en la necesidad de garantizar que los cargos públicos sean ocupados por personas con perfiles profesionales, capacidades, méritos y experiencia acreditada, sin importar sus relaciones de parentesco.

En contraparte, advirtió que “tampoco puede permitirse que lleguen perfiles sin experiencia ni capacidad demostrada únicamente por su cercanía familiar o política con quienes ya ocupan un cargo”, calificando esta situación como el riesgo exacto que el discurso del Gobierno prometió combatir.