Edgar Ledesma y Alexis Ortiz · 9 de septiembre de 2026
El gobierno federal prometió no crear impuestos ni aumentar las tasas generales durante 2027, pero buscará allegarse más recursos para financiar sus programas sociales y proyectos estratégicos mediante dos caminos: tomar medidas fiscales para que las empresas paguen el 100 % de sus impuestos, así como ajustar las tarifas de museos y zonas arqueológicas, elevar o actualizar los cobros por visas, trámites sanitarios y migratorios para visitantes sin permiso de trabajo y aumentar el costo por el uso del espacio aéreo, entre otras medidas.
En su Paquete Económico 2027, entregado a la Cámara de Diputados este martes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó que el próximo año gastará 1.2 billones de pesos en programas sociales, lo que equivale a 2.6 % del Producto Interno Bruto (PIB).
A este gasto se suma un billón de pesos extra que el gobierno utilizará para financiar proyectos estratégicos, como trenes de pasajeros, carreteras y caminos, obras hidráulicas e infraestructura energética.

Para fondear los programas sociales y los proyectos estratégicos, el gobierno federal calcula recaudar 348 mil 100 millones de pesos adicionales en impuestos, un crecimiento real de 5.9 % que significaría un récord, según el Paquete Económico 2027.
La iniciativa de Ley de Ingresos prevé recursos totales por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos. De ese monto, 6 billones 263 mil 887 millones, casi seis de cada 10 pesos, provendrán de los impuestos pagados por personas y empresas.
Otros 2 billones 892 mil 642 millones de pesos llegarán mediante ingresos petroleros, recursos generados por organismos y empresas públicas, así como derechos, productos y aprovechamientos. El restante 1 billón 479 mil 959 millones corresponderá a financiamiento, equivalente a 13.9 % del total.
Para aumentar la recaudación, Hacienda propone reducir el margen que tienen las empresas para descontar gastos, intereses y pérdidas acumuladas antes de calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La dependencia justifica la medida con un dato que coloca bajo sospecha el comportamiento fiscal de las compañías. Según los Criterios Generales de Política Económica, nueve de cada 10 empresas no pagan ISR o lo hacen con tasas efectivas inferiores a las que enfrenta una persona física inscrita en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico).
En 2025, de 524 mil empresas que declararon ingresos positivos, 318 mil, equivalentes al 60.7 %, no realizaron ningún pago de ISR. De ellas, 223 mil reportaron deducciones iguales o superiores a sus ingresos, mientras las demás evitaron el pago principalmente mediante pérdidas acumuladas de años anteriores.

Para cerrar esa brecha, el gobierno propone establecer límites de 96.67 % o 99 % a las deducciones respecto de los ingresos acumulables de las empresas, dependiendo de los gastos reportados. También permitirá descontar pérdidas fiscales únicamente hasta por 50 % de la utilidad obtenida en cada ejercicio.
Aunque las compañías ya no podrán utilizar todas sus pérdidas de una sola vez para eliminar sus ganancias y evitar el pago de ISR, el plazo para aprovechar las cantidades pendientes aumentará de 10 a 20 años.
La propuesta también reducirá de 30 % a 20 % de la utilidad fiscal ajustada el monto de los intereses que pueden deducirse. Los pagos realizados en el extranjero solo podrán descontarse cuando el servicio haya sido prestado y pagado efectivamente, con el objetivo de impedir que se registren gastos por operaciones que nunca se concretaron.
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Hacienda sostiene que los cambios permitirán combatir las facturas falsas y las estrategias fiscales agresivas. Sin embargo, las restricciones no se aplicarán exclusivamente a compañías investigadas por simular operaciones, sino a todas las empresas que se ubiquen en los supuestos establecidos por la ley.
El paquete también plantea eliminar el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades y cobrar los impuestos que sus integrantes habían diferido. De acuerdo con Hacienda, el esquema se convirtió en un subsidio implícito que fortalecía el flujo de las empresas a costa de la recaudación pública.
Asegura que este mecanismo no afectará a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) ni a las compañías de reciente creación. Sin embargo, los Criterios Generales no detallan cómo serán excluidas de las restricciones.

La otra estrategia del gobierno para tener más recursos durante 2027 consiste en aumentar o actualizar derechos y tarifas. Aunque técnicamente no son nuevos impuestos, los cambios representarán pagos mayores para las personas y empresas que necesiten realizar determinados trámites o utilizar servicios públicos.
Si bien en los Criterios Generales de la Política Económica 2027 no se especifica de cuánto será el ajuste, sí confirma que habrá modificaciones en los costos de expediciones de visas, el ajuste a la cuota para visitantes extranjeros sin permiso para trabajar y el incremento de los derechos para el uso del espacio aéreo.
También se modificarán cobros relacionados con trámites sanitarios, explotación de vías ferroviarias, servicios portuarios, medio ambiente y extracción de materiales.
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Los Criterios Generales también establecen una reclasificación de museos y zonas arqueológicas “para ajustar las tarifas de acceso y continuar financiando la difusión cultural”. Además, se incorporará un cobro específico por modificación o corrección de datos en registros de armas de fuego existentes.
Las cuotas de inspección y vigilancia que pagan las instituciones financieras a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aumentarán 16 %.
En los hechos, la promesa de no crear impuestos no significa que todos los cobros permanecerán iguales. Para el próximo año, el gobierno no establecerá un nuevo gravamen, pero sí buscará obtener más recursos mediante servicios, permisos y trámites que ya existen.