Animal Político · 15 de agosto de 2026
Las mujeres del colectivo Con Ovarios, que han luchado más de tres años para obtener justicia en casos de violencia obstétrica, denuncian que la decisión judicial de dejar en libertad condicionada al acusado, tras permanecer ocho meses en prisión preventiva en el Reclusorio Sur, no responde a la gravedad y naturaleza de los hechos denunciados.
Lo anterior luego de que este jueves 13 de agosto se llevara a cabo una audiencia durante la cual el juez José Gabriel Martínez Peña, de la Gestión Judicial Número 16 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, concedió una suspensión condicional del proceso al médico denunciado por las integrantes del colectivo.
“Resulta particularmente inaceptable que, de acuerdo con los antecedentes del caso, el imputado haya permanecido prófugo de la justicia y enfrente diversas denuncias. Por ello consideramos indignante que las condiciones impuestas hayan sido, según lo observado en la audiencia, sumamente genéricas”, reclamaron en un pronunciamiento.

Recordaron, además, que las mujeres tienen derecho a una justicia con perspectiva de género, y a procesos serios con diligencia y sin revictimización. “No pedimos privilegios ni excepciones. Exigimos que la ley se aplique con perspectiva de género, que las medidas de protección sean reales y efectivas, y que las decisiones judiciales consideren de manera integral los antecedentes y riesgos que pueden afectarnos a las víctimas”, agregaron.
Para el colectivo, la justicia por los casos denunciados había comenzado apenas en diciembre de 2025 mediante la vinculación a proceso de su agresor, con prisión preventiva justificada, determinada en una primera audiencia en la Ciudad de México. Esta ocurrió hasta que después de evadir el proceso más de un año y fugarse a Estados Unidos, las autoridades lograron hacer efectivo el arresto.
La nueva decisión del juez Martínez Peña, a juicio de las mujeres, representa un revés a ese avance. “La justicia para las mujeres no puede reducirse a una formalidad procesal. Debe traducirse en protección efectiva, reparación y garantías de no repetición. No vamos a callarnos y tampoco a desistir en esta lucha de justicia para quienes fuimos sus víctimas”, advirtieron.
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El actuar del juez Martínez Peña fue cuestionado en mayo de 2024 por el Instituto para las Mujeres en la Migración por liberar a un presunto feminicida, luego de que atentara contra la vida de una de sus compañeras. “Juez libera a presunto feminicida por ‘falta de riesgo’… A su criterio, el intento de feminicidio fue un ‘desafortunado suceso aislado’ en el que Erick ‘N’ perdió el control”, difundió la organización aquel año en sus redes sociales. Entre sus argumentos de este jueves, el juzgador justificó que no le habían solicitado juzgar con perspectiva de género.
Las mujeres reunidas en el colectivo Con Ovarios han señalado haber sido víctimas de inducciones del parto sin consentimiento, cirugías innecesarias, complicaciones severas en procesos sencillos e incluso consecuencias fatales derivadas del parto por omisiones en la atención, entre otras malas prácticas documentadas por Animal Político durante 2023.
Lo anterior como parte de una investigación que expuso cómo en México no existen mecanismos para sancionar a médicos que ejercen violencias o malas prácticas. Las demandas civiles, como había ocurrido en este caso, o las denuncias penales tardan años, a menudo con procesos revictimizantes, mientras las instancias gubernamentales son inoperantes. Además, el gremio niega violencias específicas, como la ginecobstétrica, y sus integrantes denunciados continúan ejerciendo en la impunidad.
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Este medio fue notificado hace algunos meses de una resolución judicial relacionada con una demanda civil por presunto daño moral, mediante la que se limitó la difusión de ciertos contenidos periodísticos, lo que constituye acoso judicial con fines de censura previa. En cumplimiento a esta, solo nos es posible referirnos al caso en términos generales, con el fin de seguir documentando la historia de las víctimas.