Proyectan recaudar 800 millones para rescatar las playas en la Riviera Maya

Cancún.- Con una meta de recaudación proyectada en 800 millones de pesos para 2026, los gobiernos municipales de Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos e Isla Mujeres alistan la distribución de los recursos generados por el Derecho de Saneamiento Ambiental. Los proyectos prioritarios se enfocarán en la protección de la línea de costa y el fortalecimiento de la infraestructura urbana, de acuerdo con lo anunciado por las autoridades locales y representantes del sector turístico.

Durante los encuentros de trabajo participó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPMIM), Rodrigo de la Peña. Este último subrayó la urgencia de destinar los fondos del Programa Anual 2026 a la conservación de las playas como eje central para sostener la competitividad turística de Quintana Roo.

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En Puerto Morelos urge contener sargazo y recuperar playas

Fue en Puerto Morelos, en donde se celebró la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración del Derecho de Saneamiento Ambiental, sesión que contó con la asistencia del dirigente hotelero Rodrigo de la Peña.

La alcaldesa Blanca Merari destacó que el acuerdo principal se concentrará en resguardar el litoral municipal. Por ello, la inversión se dirigirá a la colocación y anclaje de barreras mar adentro para la contención del sargazo, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar).

Un segundo eje de financiamiento abarcará el proyecto ejecutivo para la recuperación integral de playas, el cual contempla análisis técnicos especializados encaminados a restaurar la línea costera de manera sustentable y evitar el vertido superficial de arena sin sustento científico.

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Precisa Isla Mujeres red eléctrica subterránea e imagen urbana

Por su parte, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, encabezado por la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde, informó durante su Segunda Sesión Ordinaria los frentes de obra financiados con la recaudación ambiental. Serían la instalación subterránea en la obra eléctrica y soterramiento en la calle Guerrero, que incluye la instalación de 100 postes de alumbrado (con 59 ya colocados), sumado a la conclusión de los trabajos en la calle Juárez. También se daría mantenimiento en las vialidades, con la reparación de socavones, baches y la intervención en la imagen urbana para mantener el atractivo turístico de la isla.

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Cancún sin desglosar uso de recursos

En Benito Juárez, la alcaldesa Ana Patricia Peralta de la Peña encabezó la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración y Pago de los Recursos Públicos derivados del impuesto ambiental, en la cual se evaluaron proyectos orientados a equipamiento urbano.

Durante la sesión se presentó el informe financiero sobre los fondos recaudados; sin embargo, las autoridades no desglosaron los montos específicos asignados a cada obra ni los costos unitarios de los proyectos.

Aunque no se precisó la lista de intervenciones, la edilesa señaló de manera general que el presupuesto se destinará a la rehabilitación de espacios públicos comunitarios y al acondicionamiento de vialidades para mejorar la circulación vehicular.

Esta semana, personal del Ayuntamiento comenzó con el retiro de embarcaciones abandonadas en la Laguna Nichupté.

Contribución de los turistas

El Derecho de Saneamiento Ambiental es una contribución que efectúan los turistas durante su estancia. De acuerdo con información proporcionada por centros hospedajes como el Hotel Oasis Cancún, este cobro se aplica directamente en recepción al momento del registro (check-in) o de la salida (check-out), con una tarifa variable a partir de los 35 pesos por noche de ocupación.

Además está el Comité Técnico del Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista en Quintana Roo (FICQROO) que, mediante un convenio, ha obtenido recursos acumulados de más de 500 millones de pesos, provenientes del impuesto a cruceristas que paga cada turista, el cual fue creado en 2025 y que administra el Derecho a Cruceristas bajo un esquema de inversión 1×1, es decir por cada dólar aportado por el turismo de cruceros, el gobierno del estado aporta un dólar más.