Crisis del agua en Quintana Roo: señalan a CAPA por omisiones sobre Aguakan

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) es el organismo público del gobierno de Quintana Roo responsable de planear, regular y administrar los servicios hidráulicos en la entidad. Sin embargo, pese a su obligación legal de vigilar la operación de la concesionaria privada Aguakan, la dependencia estatal ha omitido supervisar las deficiencias, cortes del suministro y presuntos cobros irregulares que afectan a miles de usuarios en la zona norte del estado.

Así lo denunció Eduardo Jiménez, integrante de la Asociación Civil de la Defensa de los Servicios Públicos, quien advirtió que la ciudadanía no puede continuar tolerando lapsos sin servicio que van de cinco días hasta un mes, así como obras inconclusas que provocan baches y socavones en la vía pública.

“Estamos recopilando evidencias en Cancún sobre fugas, obras abandonadas y protestas vecinales por la falta del suministro vital, para fundamentar las exigencias de mejores servicios públicos”, señaló Jiménez, al hacer un llamado a la movilización ciudadana y legal.

El activista recordó que debido a las lluvias registradas a inicios de octubre quedaron los trabajos inconclusos de la concesionaria sobre la Avenida De los Colegios. Ahí se reblandeció el pavimento y originó socavones donde colapsaron varios vehículos. “Estos percances evidencian que ninguna autoridad regula ni sanciona a Aguakan”, criticó.

La ruta legal: exigir cuentas a la autoridad estatal

Aunque la concesionaria acumula denuncias e imprecisiones judiciales mediante amparos, el activista sostuvo que el foco de la exigencia jurídica debe dirigirse a la autoridad reguladora: “No se debe denunciar únicamente a Aguakan, sino a CAPA por incumplir su función de vigilancia”.

Aclaró que el movimiento no contempla bloqueos ni protestas desordenadas, sino la revisión minuciosa de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado por parte de juristas e ingenieros. “Esa legislación fue diseñada en perjuicio de los usuarios. Legalmente, a quien tenemos que exigirle cuentas de primera mano es a la entidad estatal”, puntualizó.

Asimismo, ingenieros de la organización elaboran peritajes técnicos para documentar el deterioro de la red hidráulica, el cual provoca fugas constantes y falta de mantenimiento estructural. “Los ingenieros aportamos las pruebas técnicas para que el equipo jurídico sostenga una demanda sólida”, añadió.

Las protestas callejeras son desestimadas por las autoridades, según Jiménez, por lo que resulta indispensable optar por la vía legal institucional. El especialista colaboró en la extinta Dirección de Construcción de Agua Potable y Alcantarillado del estado y se desempeñó como superintendente de zona en Puerto Morelos y Leona Vicario durante la década de 1990. Recordó que en 1992 entregaron a la concesionaria una infraestructura operativa e integral.

“Sabemos técnicamente cómo la deficiencia en el sistema afecta al consumidor: en lugar de suministrar agua limpia de manera continua, las tuberías inyectan aire, lo que altera los medidores y genera cobros desproporcionados”, aseveró.

El especialista detalló que los paros repentinos en el bombeo o la manipulación de válvulas generan el fenómeno conocido como “golpe de ariete” (o pulso de Zhukowski), un incremento brusco en la presión hidráulica dentro de las tuberías.

Esta fuerza se transforma en ondas de choque que se desplazan a gran velocidad por la red, causando fuertes vibraciones, ruptura de ductos e inyección masiva de bolsas de aire en los medidores domiciliarios.

Para evitar esta problemática, la empresa tendría que garantizar el flujo ininterrumpido las 24 horas de los 365 días del año. “CAPA ha fallado en supervisar y corregir esta situación desde 1993 en la zona norte del estado”, enfatizó.

Ante las inconsistencias señaladas, Animal Político Quintana Roo solicitó la postura de la CAPA, organismo que registra tres cambios de titular en lo que va del año. 

Inestabilidad directiva en el organismo regulador

Actualmente, la dirección está a cargo de Héctor Segundo Masegosa Llanas como encargado de despacho, tras la salida de Hugo Garza Sáenz el pasado 21 de julio.

La postura oficial de la concesionaria, expresada por Gastón Borda, gerente comercial de DHC Aguakan, sostiene que el organismo estatal CAPA es la única instancia facultada para definir e incrementar las tarifas tarifarias en los 11 municipios del estado, sobre las cuales la empresa privada realiza los cobros correspondientes.

“Como operadores no cobramos el agua como un bien, sino el costo por el servicio integral que abarca extracción, potabilización, distribución, recolección y saneamiento, además de la inversión en infraestructura”, argumentó el directivo.

El litigio por la concesión y los recursos extraviados

Pese a que la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo instruyó a la CAPA a realizar auditorías financieras y revisiones fiscales a Aguakan, hasta la fecha no se han hecho públicos los resultados de dichas inspecciones, de acuerdo con el diputado federal Humberto Aldana.

El legislador ha promovido la revocación del contrato con la concesionaria ante las constantes quejas por cobros excesivos; no obstante, en sus intervenciones públicas ha evitado señalar las omisiones de la autoridad reguladora estatal.

Aldana recordó que Aguakan obtuvo la prórroga de la concesión sin licitación de por medio, mediante la aportación de mil 055 millones de pesos cuya contraprestación final no ha sido aclarada. “Es una suma considerable que ingresó formalmente a la CAPA”, precisó.

Los fondos fueron transferidos a una cuenta de la Secretaría de Finanzas estatal el mismo día del acuerdo, perdiéndose el rastro del recurso. Actualmente existe una investigación abierta para deslindar responsabilidades sobre el destino de dicho capital, en medio del descontento social por cortes arbitrarios e intereses de demora.

El diputado explicó que esa cantidad fue depositada el mismo día que presentan el modelo de negocio, se depositan a la CAPA, a la Comisión de Agua Potable, y ésta a su vez lo envía a una cuenta del Gobierno del estado. Precisó que de ahí no aparece ese dinero y hay una investigación que se está llevando a cabo para deslindar y fincar responsabilidades.

Recientemente, autoridades de la CAPA comparecieron ante la XVIII Legislatura local para reportar la ejecución de 281.8 millones de pesos en infraestructura hidráulica. Sin embargo, las bancadas legislativas omitieron cuestionar el desempeño de la dependencia frente a las irregularidades operativas de Aguakan.

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Sin embargo los diputados locales no cuestionaron a la dependencia ante las quejas ciudadanas de Aguakan.

De acuerdo con el Censo Económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quintana Roo registra la tercera tarifa de agua potable más alta del país. A pesar del costo, colonias enteras de Cancún carecen de presión suficiente, padecen interrupciones recurrentes y deben desembolsar hasta 800 pesos por el suministro mediante pipas privadas.

Las estadísticas muestran que el costo promedio por metro cúbico pasó de 13.30 pesos a 16.96 pesos, lo que representa un incremento superior al 24.5%. Con los ajustes a las tarifas domésticas, el gasto mínimo mensual para las familias alcanza los 298 pesos sumando los conceptos de alcantarillado y saneamiento.